La portavoz de la Generalitat sigue en la línea del «filibusterismo legal» al afirmar que en España «no hay independencia judicial»
El presidente autonómico de Cataluña, Quim Torra, y Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat. Foto: EP

La portavoz de la Generalitat sigue en la línea del «filibusterismo legal» al afirmar que en España «no hay independencia judicial»

Elsa Artadi respondió así a la noticia de la inadmisión de la querella de Torra contra Rajoy por no permitir que los encarcelados y los fugados fueran consejeros
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19/6/2018 00:15
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Actualizado: 07/6/2022 15:47
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Elsa Artadi, la portavoz del gobierno autonómico de Cataluña sigue abonada a la estrategia del «filibusterismo legal», y de confrontación, seguida por el universo separatista, al afirmar ayer, en rueda de prensa, que la inadmisión de la querella, en el Tribunal Supremo, de Quim Torra contra el expresidente Mariano Rajoy era la constatación de que en España «no hay independencia judicial» y el poder político del Estado no tiene quien lo vigile.

La querella del presidente de la Generalitat fue dirigida también contra la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por vetar el nombramiento de dos consejeros en prisión preventiva y dos fugados en el extranjero, «cometiendo» así ambos un supuesto delito de prevaricación.

La noticia de la inadmisión se conoció ayer.

Pero antes de que la Sala de lo Penal emitiera ese dictamen, Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo -y número 2 de la Fiscalía General del Estado-, había solicitado la inadmisión y el archivo de dicha querella.

“La denegación de la publicación del Decreto 2/2018, de nombramiento como consejeros de personas que se hallan en situación de prisión provisional o huidos, no puede ser considerado como un acto ‘injusto’ y ‘arbitrario’ en los términos exigidos por el artículo 404 del Código Penal, según interpretación del Tribunal Supremo”, argumentó el teniente fiscal en su escrito.

Elsa Artado aprovechó la rueda de prensa organizada tras la visita de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, realizó al presidente del gobierno autonómico, para expresar su punto de vista: «La decisión sorpresa no nos produce. Tristeza, toda. No hay control sobre el Gobierno. Esperamos que el actual Gobierno de Pedro Sánchez no decida actuar con la misma impunidad».

Desde el punto de vista de Artadi, economista de formación, Rajoy no podía oponerse a la primera composición del Govern, ya que, según ella, «nombrar a consellers no estaba afectado por el 155».

«Lamentamos muchísimo que haya la complicidad de los estamentos del Estado hacia que el Gobierno español pueda hacer y deshacer sin ningún tipo de control. No había ningún motivo para vetarlo», ha añadido la también consejera de Presidencia.

Objetivo del filibusterismo legal

La estrategia de «filibusterismo legal» -también conocido como «lawfare»- tiene como fin convertir acciones legales sin recorrido, presentadas ante diferentes tribunales e instancias nacionales e internacionales, en fuente de generación de noticias que canalizadas a través de medios de comunicación, asociaciones, partidos afines y redes sociales, buscan mantener la tensión del conflicto entre sus seguidores, convirtiendo a las dianas de esas acciones en chivos expiatorios o cabezas de turco; el centro de todos los males del independentismo.

En este caso ha sido el Tribunal Supremo.

La pasada semana, la mesa del parlamento autonómico presentó una denuncia también ante el Tribunal Supremo contra el magistrado instructor del caso «procés», Pablo Llarena, y los magistrados del tribunal de apelación, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, porque habían negado la libertad a los políticos presos.

De acuerdo con Roger Torrent, presidente de la cámara autonómica, los motivos que la justificaban eran cuatro: haber detenido “ilegalmente” a diputados del Parlament, obstrucción del normal funcionamiento de la institución, prevaricación judicial y vulneración de derechos fundamentales.

La denuncia la presentaron a sabiendas de que no tendría ningún recorrido y que, con toda seguridad, sería inadmitida, después de que el Ministerio Fiscal emita su dictamen en esa dirección.

Para que la denuncia hubiera tenido algún viso de poder prosperar era preceptivo que se presentara bajo la forma de querella ya que los cuatro magistrados son aforados. Y para esto es obligatorio que los miembros de la mesa que la han suscrito contraten a un abogado y a un procurador.

De haberlo hecho, se habrían encontrado, posiblemente, con una querella de Ciudadanos por malversación de fondos públicos.

También a principios de junio los exconsejeros fugados a Bélgica –Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig– y Escocia –Clara Ponsati-, junto a Carles Puigdemont, interpusieron una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra Llarena, por su supuesta “falta de imparcialidad” y por presuntamente “vulnerar la presunción de inocencia” de los acusados.

Antes de eso, los abogados de Jordi Sànchez presentaron una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que después, en otra acción de «filibusterismo legal», se trató de hacer pasar por una resolución en toda la regla contra el Gobierno español, a sabiendas de que no era cierto.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un auto del que fue ponente el pasado mes de mayo, recordó a Sànchez que la tal resolución no era tal y que el mencionado Comité no había adoptado ninguna decisión sobre la admisión de la queja ni sobre su fondo.

Asimismo, el pasado mes de marzo un colectivo separatista, llamado QuerellatsXRepública trató de promover una avalancha de denuncias, otra vez ante el Tribunal Supremo, contra Llarena y los tres magistrados de la Sala de Apelación citados, que criticaron la resolución del tribunal alemán, que cuestionaba la existencia de violencia en el “procés”.

La cosa no cuajó, aunque se intentó.

Adaptarse a una nueva situación

El expresidente de la Generalitat, e impulsor del proceso separatista, Artur Mas, precisamente recomendaba el pasado domingo, a través de El País, «adaptar su estrategia a la nueva situación de Cataluña y de España» tras la entrada en el Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez.

La idea de que España es Turquía, o una dictadura, ya no vende a nivel internacional, máxime con acciones como el acogimiento de los 625 migrantes del Aquarius, la entrada en la cárcel del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, o el cambio de talante evidente del Ejecutivo, cuyo presidente anunció ayer su voluntad de trasladar a los políticos presos a cárceles catalanas una vez que haya concluido la instrucción.

Rajoy ya no está, ha desaparecido y las noticias de la trama Gürtel pierden su eficacia, con su salida.

Josep Martí Blanch, exresponsable de comunicación de los gobiernos de Artur Mas, tradujo de forma muy gráfica la nueva situación con una metáfora: «Es como si todos los jugadores del equipo estuvieran en el vestuario a punto de saltar al cambio a librar la batalla y que, cuando salen, en lugar de un campo de fútbol se encuentran con una cancha de baloncesto, con el terreno de juego cambiado y las normas modificadas».

Pero de eso, algunos y algunas, todavía no se han enterado.

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