Los políticos separatistas en prisión preventiva por orden del magistrado instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, pedirán la semana que viene su puesta en libertad provisional al Tribunal Supremo.
Consideran que la decisión tomada por la Audiencia Territorial del Estado alemán de Schleswig-Hosltein de entregar a España al expresidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, por el delito de malversación, descartando el de rebelión, refuerza sus argumentos.
Así lo han informado hoy en una rueda de prensa conjunta los abogados defensores de Joaquim Forn (Xavier Melero), Jordi Cuixart (Marina Roig), Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull (Jordi Pina), Oriol Junqueras y Raül Romeva (Andreu Van den Eynde), Dolors Bassa (Mariano Bergés) y Carme Forcadell (Olga Arderiu).
La estrategia legal, en este planteamiento, es conferir a la decisión de la Audiencia Territorial alemana la importancia de un cuasi «tribunal supremo europeo» en detrimento de las tomadas por el Tribunal Supremo.
Este anuncio es la enésima iniciativa desplegada por las defensas de los políticos separatistas en su estrategia de filibusterismo legal, un término que describe una serie de acciones que tienen su punto de acción en los tribunales y su reflejo en los medios de comunicación y redes sociales afines que lo que buscan es imponer un supuesto relato de veracidad de la realidad que no se corresponde con la realidad misma.
Estas iniciativas filibusteras no sólo las realizan las defensas de los separatistas, la campaña de filibusterismo legal también ha sido desplegada por el ‘Govern’.
Ayer, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Pere Aragonés (ERC), defendió la intervención del Ejecutivo para sacar el proceso independentista de los tribunales y derivarlo a una mesa de negociación política.
Lo dijo en una rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Contó que en reiteradas ocasiones planteó al Ejecutivo que use los instrumentos de los que dispone para “aligerar esta situación”, en alusión a la investigación judicial que mantiene en prisión preventiva o huidos en el extranjero a los responsables políticos del ‘procés’.
El planteamiento de Aragonés es, a estas alturas del caso judicial, imposible debido a que el Ejecutivo no tiene ninguna capacidad para paralizar o suspender la instrucción del ‘Caso procés’ en el Tribunal Supremo, que acaba de entrar en la fase intermedia.
Una vez que se haya producido una sentencia condenatoria, el Gobierno sí tendría la potestad de hacer uso de la capacidad de indultar a los condenados. Sólo cuando el caso haya sido cerrado y las partes no hayan apelado, por supuesta vulneración de derechos fundamentales, ante el Tribunal Constitucional.
A esto se suma, además, que el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “desactive” a VOX como acusación popular en el Tribunal Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre.
Estas fueron las declaraciones que hizo el pasado miércoles, desde los micrófonos de Rac1:
El abogado de Puigdemont pide a las cloacas del estado que acaben con #VOX, esto significa que la acusación popular que ejerce este partido contra los golpistas está haciendo un excelente trabajo.
Aviso: Los españoles de bien no vamos a permitir que destruyan a @vox_es.✌??? pic.twitter.com/mYRyvWVKAq
— Alternativa VOX ?? (@Alternativa_VOX) 12 de julio de 2018
La vía propuesta por la defensa pasa por abrir “investigaciones” contra VOX porque, a su juicio, el Ejecutivo tiene “mecanismos” para ello.
“Es el Gobierno el que domina los mecanismos del Estado y puede hacer muchas cosas”, llegó a afirmar este letrado que ha sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona.
Lo que Cuevillas no explicó fue qué conducta ilícita ha podido cometer el partido que preside Santiago Abascal.
Se da la circunstancia de que el abogado de Puigdemont estaría sugiriendo al presidente del Gobierno que actúe de forma ilícita contra VOX, similar a la que los independentistas denunciaron bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que denominaron ‘Operación Cataluña’.
RECURSO DE APELACIÓN A LLARENA
Por otra parte, el letrado Jordi Pina también ha anunciado hoy que ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Pablo Llarena contra la suspensión de los cargos electos, contemplados en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que en breve harán lo mismo los otros abogados de electos, incluido el de Puigdemont.
Por su parte, Andreu Van Den Eynde, defensa de Oriol Junqueras, ha opinado que «no hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión».
‘ENJUICIAMIENTO SIN LIMITACIONES’
VOX, que ejerce como acusación popular en el ‘Caso procés’, ha presentado esta tarde un escrito, vía Lexnet, ante el Tribunal Supremo.
En él pide acordar la retirada de todas aquellas solicitudes de detención y entrega internacionales que afecten a Antoni Comín, Lluis Puig, María Meritxell, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Marta Roviera y Ana Gabriel en el momento inmediatamente posterior a que se vayan conociendo aquellas resoluciones dictadas por tribunales extranjeros, cuando acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados respecto al delito de rebelión o, en su caso, al delito más grave que haya sido objeto de la solicitud de entrega.
VOX persigue con esta iniciativa que «todos los procesados sean juzgados por todos los delitos, sin limitaciones, que se establecen en el auto de procesamiento dictado por el instructor Llarena».
