Toni Comín y Carles Puigdemont, los dos prófugos pueden presentarse a las elecciones europeas como candidatos, según el Tribunal supremo. EP.
Y ahora van Puigdemont y los fugados y ponen una demanda civil contra Llarena por falta de imparcialidad y la Justicia belga la admite
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05/6/2018 16:56
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Actualizado: 05/6/2018 16:56
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Así es. Según Christophe Marchant, uno de los abogados belgas de los exconsejeros fugados a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- y Escocia -Clara Ponsati-, todos ellos junto a Carles Puigdemont han interpuesto una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra el magistrado instructor del Tribunal Supremo de su causa, Pablo Llarena, por su supuesta «falta de imparcialidad» y por presuntamente «vulnerar la presunción de inocencia» de los acusados.
Es una vuelta de tuerca a lo que la literatura científica describe como “lawfare” que, traducido al castellano significa “guerra jurídica” y es una contracción gramatical de las palabras “law” (ley) y “war” (guerra), en oposición a “warfare”, que describe la guerra clásica.
El término «Lawfare» fue utilizado por vez primera por el mayor general Charles J. Dunlap Jr.en un discurso que dio en 2001 en el Harvard’s Carr Center en el que definía la “guerra jurídica” como “el uso -o mal uso- de la ley como un sustituto de los medios militares para tomar un objetivo operativo”.
Los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui dicen, de la “guerra jurídica”, en su libro “Unrestricted Warfare” (Guerra sin restricciones), que podría ser utilizada en conjunto con “la guerra mediática”, es decir, propaganda, para llevar una enorme presión pública en contra de una operación con un objetivo fijado.
Hoy en día, el término “lawfare” ha evolucionado desde el campo militar y se ha introducido en el mundo político, judicial y mediático, a gran escala.
El conflicto provocado por los independentistas catalanes es un magnífico ejemplo de “lawfare” desde su minuto cero hasta la fecha, al convertir los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación y las redes sociales en un tablero de ajedrez en el que tienen lugar las diferentes escaramuzas.
Las acciones judiciales se replican en los medios de comunicación y redes sociales afines generando un relato de batalla continua, en el que, a semejanza de una máquina de tren de vapor, necesita que continuamente estén alimentándola de carbón y de madera para seguir funcionando.
Y ahora, otra vez, los tribunales belgas. Continúa el «lawfare».
Mediante la publicidad que está generando esta demanda -de la que ellos son la fuente y en la que no han identificado ni al órgano judicial ni al magistrado- han dado otra vuelta de tuerca más al conflicto, aún sabiendo que no tiene mucho recorrido jurídico, pero sí mediático, como lo prueba la declaración de Puigdemont en videoconferencia, durante una rueda de prensa en Bruselas junto a los consejeros y a los abogados que los representan:»El juez Llarena actúa sin imparcialidad y guiado por motivaciones políticas».
De acuerdo con Marchant, «un juez» de ese país ha citado al juez Llarena a comparecer frente a un tribunal francófono de Bruselas el próximo 4 de septiembre por dicha demanda, si bien no es obligatorio que declare personalmente.
Esta acción judicial en Bélgica, explicó Comín, supuestamente tiene consecuencias para España, sin especificar cuáles.
Comín, que no pudo ser investido consejero por encontrarse fugado, anunció que también han planteado la recusación de Llarena.
Desde su punto de vista jurídico -sin ser jurista- eso podría suponer «el abandono» de Llarena como juez instructor de la causa del ‘procés’, ya que el hecho de tener «una causa pendiente» contra ellos es uno de los motivos que obligan a un juez a apartarse del caso.
Una afirmación que llega a destiempo ya que la instrucción está prácticamente cerrada. No hace falta que abandone nada porque nada habrá de abandonar.
La demanda, explicó el abogado Marchant, ha sido presenta por la vía civil por lo que no se reclamarán penas de cárcel para el juez, sino que pague una «multa simbólica» de un euro «para reparar el daño causado».
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