Desde el minuto uno en que la mesa del parlamento autonómico catalán presentó la denuncia contra el magistrado instructor del caso «Procés», Pablo Llarena, y contra los magistrados Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer y Alberto Jorge Barreiro, todos ellos del Tribunal Supremo, que conformaron el tribunal de apelación que negó la libertad a los políticos presos, este iba a ser el desenlace.
La Sala de Admisión, compuesta por Manuel Marchena -presidente de la Sala de lo Penal del Supremo-, Juan Ramón Berdugo de la Torre y Antonio del Moral, le ha dicho al presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, lo que ya debía saber: La denuncia por prevaricación judicial, presentada el 15 de junio pasado, no cumple con el requisito que exige el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Y este es que debía haberlo hecho en forma de querella, con abogado y procurador, ya que los cuatro magistrados son aforados.
«Al haber presentado denuncia y no querella, es claro que no se satisface el meditado requisito de procedibilidad, lo que es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones», dice la providencia que firman los tres magistrados, ordenando su inadmisión.
Le recuerdan a Torrent y al resto de los miembros de la mesa, que tiene derecho a presentar la querella.
La denuncia contra los cuatro magistrados ha sido una de las últimas operaciones de «filibusterismo legal» -llamado también «lawfare»- que buscaba más los titulares en medios afines y en redes sociales que un resultado efectivo.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el parlamento autonómico catalán ya advirtió que si la denuncia adquiría la forma de querella estudiarían la interposición, a su vez, de una querella contra Torrent y los miembros de la mesa firmantes al supuestamente incurrir en un delito de malversación de fondos públicos, porque entrañaría la contratación de un abogado y de un procurador.
De acuerdo con Roger Torrent, presidente de la cámara autonómica, los motivos justificaban la denuncia eran cuatro: haber detenido “ilegalmente” a diputados del Parlament, obstrucción del normal funcionamiento de la institución, prevaricación judicial y vulneración de derechos fundamentales.
“Se están vulnerando los derechos fundamentales de los diputados, particularmente de aquellos que no han podido asistir al debate de investidura y, por tanto, se les ha impedido ejercer el sufragio pasivo y ser escogidos por los diputados”, explicó ayer en una entrevista en la televisión autonómica TV3.
La denuncia suponía materializar un acuerdo de la Mesa del Parlament del pasado mes de abril, que tomó después de que el juez Llarena denegara por segunda vez a Jordi Sànchez acudir a su debate de investidura.
«A mí me parece que haríamos mal si no defendiéramos los derechos de los diputados», explicó y añadió que en este caso la Mesa y su presidente defienden a los diputados afectados por el Supremo, pero que su deber es defender a los 135 representantes públicos catalanes.
Ha incidido en que, de no hacerlo, estaría incurriendo en una dejadez de funciones al «no proteger los derechos fundamentales de los diputados, porque son los derechos que representan al conjunto de la ciudadanía».
