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La mesa del Parlamento catalán finalmente presenta la denuncia contra el magistrado Llarena

Roger Torrent, el impulsor de la querella contra Llarena. EP.
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La mesa del Parlamento autonómico de Cataluña presentó esta mañana la anunciada denuncia contra el magistrado instructor del caso “procés” en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, junto a los magistrados Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Francisco Monterde Ferrer y Alberto Jorge Barreiro, miembros estos del tribunal de apelación que negáron la libertad a los políticos presos.

La denuncia no tiene ningún recorrido y con toda seguridad será inadmitida, después de que el Ministerio Fiscal emita su dictamen en esa dirección.

Para que la denuncia hubiera tenido algún viso de poder prosperar era preceptivo que se presentara bajo la forma de querella ya que los cuatro magistrados son aforados.

Y para esto es obligatorio que los miembros de la mesa que la han suscrito contraten a un abogado y a un procurador.

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De acuerdo con Roger Torrent, presidente de la cámara autonómica, los motivos que la justifican son cuatro: haber detenido “ilegalmente” a diputados del Parlament, obstrucción del normal funcionamiento de la institución, prevaricación judicial y vulneración de derechos fundamentales.

“Se están vulnerando los derechos fundamentales de los diputados, particularmente de aquellos que no han podido asistir al debate de investidura y, por tanto, se les ha impedido ejercer el sufragio pasivo y ser escogidos por los diputados”, explicó ayer en una entrevista en la televisión autonómica TV3.

La denuncia supone materializar un acuerdo de la Mesa del Parlament del pasado mes de abril, que tomó después de que el juez Llarena denegara por segunda vez a Jordi Sànchez acudir a su debate de investidura.

“A mí me parece que haríamos mal si no defendiéramos los derechos de los diputados”, explicó y añadió que en este caso la Mesa y su presidente defienden a los diputados afectados por el Supremo, pero que su deber es defender a los 135 representantes públicos catalanes.

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Ha incidido en que, de no hacerlo, estaría incurriendo en una dejadez de funciones al “no proteger los derechos fundamentales de los diputados, porque son los derechos que representan al conjunto de la ciudadanía”.

RECURSO DE CS

Durante la reunión de la Mesa que adoptó la decisión de denunciar a Llarena y a los tres magistrados, el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, recordó que se habían vulnerado derechos de los diputados en los plenos del 6 y 7 de septiembre para aprobar las leyes del “referéndum” y de “transición democrática” -“una sentencia dice que se vulneraron: no es una opinión”- pero que el Parlament no presentó denuncia alguna.

La referencia a que se refería Espejo-Saavedra era del Tribunal Constitucioinal.

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En aquella reunión, los grupos de la oposición pidieron a los letrados del Parlament un informe sobre si la Cámara podía presentar la denuncia, y que el entonces letrado mayor, Antoni Bayona, explicó que él mismo ya había propuesto redactarla, pero que el presidente Roger Torrent lo rechazó.

Desde Cs anunciaron que, si la denuncia se presentaba, ellos presentarían un recurso contencioso administrativo y estudiarían además si se estaría incurriendo en un delito de malversación, que no solo contempla el gasto de “dinero líquido de las instituciones, sino también de recursos humanos” para intereses que no son generales.

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Torrent ha explicado que no han recibido “ningún ‘imput” al respecto e insisten en que la Mesa haría mal si no actuara en defensa de los derechos de los diputados.

PRESOS

El presidente también contestó a preguntas sobre el acercamiento de los dirigentes independentistas encarcelados y ha exigido al gobierno que los traslade a centros penitenciarios catalanes.

“Veremos si este cambio de actitud que pregona y que deja entrever el PSOE y el señor Sánchez al frente del Gobierno se materializa con cosas como estas. Veremos. En todo caso insisto en que no se está planteando nada extraordinario, sino que se cumpla la ley y que los presos puedan estar cerca de sus casas y de sus familias”, concluyó. EP.

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