El Juzgado de Instrucción número 41 en Madrid, del que es titular el magistrado Juan Carlos Peinado, ha abierto diligencias previas (una investigación preliminar) sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explorar sus interacciones con diversas corporaciones privadas que posteriormente han obtenido financiación y contratos del Gobierno.
El auto se encuentra bajo secreto de sumario
La apertura de estas diligencias previas tiene su origen en una denuncia interpuesta del Sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernad, fue recientemente absuelto por el Tribunal Supremo tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa.
La denuncia, que acaba de transformarse hoy mismo en querella, según ha anunciado Manos Limpias a Confilegal, argumenta la posible existencia de supuestos delitos del artículo 429 del Código Penal.
Artículo que sanciona «la actuación de quien influye sobre un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que, para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico».
El propósito de la investigación es determinar si pueden sustanciarse indicios de los supuestos delitos tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según publica El Confidencial.
Adicionalmente, la denuncia sugiere la posibilidad de un delito de corrupción privada del artículo 286 bis del Código Penal, que se refiere a ofrecer ventajas no justificadas a directivos o colaboradores de entidades privadas para obtener favores indebidos.
El origen de estas acusaciones se remonta a unas reuniones en 2020 entre Gómez y Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Air Europa.
Tras estas reuniones, la aerolínea fue beneficiada con 475 millones de euros del fondo estatal para empresas impactadas por la COVID-19, una suma destacada en comparación con otras compañías.
Además, se investigan dos cartas de apoyo que Gómez habría facilitado a una Unión Temporal de Empresas en una licitación pública del Ministerio de Economía.
El Partido Popular ha manifestado su interés en llevar el caso ante una comisión de investigación parlamentaria, aunque todavía no se ha formalizado dicha citación.
