En el argot jurídico se definen como «querellas catalanas» a aquellas acciones legales que se presentan contra alguien para crear caos judicial o intimidar a la otra parte, teniendo poca o ninguna base legal, con el fin de forzarla a llegar a un acuerdo.
El concepto también podría describirse como fulibusterismo legal, un término que en política se utiliza para describir las técnicas que paralizan el debate parlamentario pero que los separatistas catalanes están llevando a la frontera del esperpento.
Una buena muestra de ello fue la noticia que el lunes publicamos en Confilegal, informando que los exconsejeros fugados a Bélgica –Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig– y Escocia –Clara Ponsati-, todos ellos junto a Carles Puigdemont habían interpuesto una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra el magistrado instructor del Tribunal Supremo de su causa, Pablo Llarena, por su supuesta “falta de imparcialidad” y por presuntamente “vulnerar la presunción de inocencia” de los acusados.
Ahora el lado separatista está en proceso de elevar esa estrategia de filibusterismo legal a un grado mayor.
¿Cómo? Promoviendo una avalancha de denuncias ante el Tribunal Supremo contra Llarena y los tres magistrados de la Sala de Apelación del Alto Tribunal, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, que criticaron la resolución del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el «procés» y adelantó su probable negativa a entregar Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión.
Un colectivo llamado QuerellatsXRepública está en ello desde el pasado mes de marzo, aunque no terminan de despegar del todo.
Buscan voluntarios para que se presten a firmar denuncias que puedan ser presentadas después ante el Tribunal Supremo.
De acuerdo con una comunicación que están haciendo llegar a círculos separatistas, la cosa «se trata de denunciar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y a tres magistrados más por prevaricación, por dictar resoluciones injustas sabiendo que lo son. Denunciamos la vulneración de nuestro ‘derecho de sufragio activo’, que es el derecho de votar y que se respete el resultado de las votaciones”.
Aunque saben que la iniciativa está destinada al fracaso porque, con toda seguridad, las denuncias no serán admitidas. Pero eso no importa. El objetivo es movilizar a cientos o a miles de ciudadanos que se presten a presentarlas con sus nombres y apellidos.
Así lo admiten abiertamente: «La Sala Segunda del Tribunal Supremo la inadmitirá. Si es así, presentaremos un primer recurso al pleno del Tribunal Supremo y luego al Tribunal Constitucional. Si son rechazados los dos recursos, tendremos la puerta abierta a Europa, donde creemos que nuestras peticiones pueden ser escuchadas y atendidas”.
Y para tranquilizar a los posibles denunciantes voluntarios escriben: “El hecho de presentar una querella como la nuestra, correctamente fundamentada y estudiada, no puede suponer ninguna consecuencia para nadie. No estamos haciendo nada ilegal, mal hecho o que vaya contra el Estado. Solo defendemos nuestros derechos”, escriben los miembros de este colectivo para tranquilizar a los posibles voluntarios.
A pesar de que han pasado dos meses y medio y la iniciativa no se ha materializado, es una buena muestra de «filibusterismo legal», o «lawfare».
Convierten las acciones legales sin recorrido presentadas ante los tribunales en fuente de generación de noticias que canalizadas a través de medios de comunicación y redes sociales afines lo que buscan es mantener la tensión del conflicto entre sus seguidores, convirtiendo a la diana de esas acciones en chivos expiatorios y centro de todos los males.
Utilizando el simil de una máquina de tren de vapor, estas acciones legales son la madera o el carbón que sirven para mantener el avance del movimiento del tren.
No es necesario que lo relatado sea verdad. Lo que importa es que los receptores de esa información se la crean.
