El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará “en las próximas semanas” el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Protección al Derecho del Honor, con idea de garantizar una reparación a las víctimas de «difamaciones injustas».
“Buenas noticias para los demócratas, malas noticias para los acosadores y difamadores, lo siento Partido Popular y Vox”, ha señalado Bolaños durante la sesión de control al Ejecutivo, al responder a una pregunta del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre el estado del Plan de Acción por la Democracia, lanzado por el Gobierno en septiembre del año pasado.
La citada reforma del derecho al honor forma parte de las 31 medidas contempladas en ese plan, de las cuales, según ha detallado el ministro, 15 ya han sido aprobadas o se encuentran en fase de tramitación, un 48%.
“Se está avanzando a un ritmo más que razonable”, ha subrayado, destacando la voluntad del Ejecutivo de seguir trabajando en esa dirección para lograr “una democracia más limpia, más transparente y con mayor rendición de cuentas”.
«Saber quién financia estos pseudomedios y saber cuál es su estructura societaria», ha señalado el ministro.
Enfrentamiento con Bildu por el uso del término “lawfare”
Durante el intercambio parlamentario, Bolaños ha aprovechado para reprender al diputado Iñarritu por utilizar el término lawfare (guerra judicial), instándole a que retirara sus afirmaciones por cuestionar la imparcialidad de los jueces. Y le ha pedido que retire esas declaraciones, ha dicho tajante el ministro.
Iñarritu, por su parte, ha señalado que el fenómeno del lawfare —al que aludió directamente— “lo conocemos bien en Euskadi y Cataluña”, y ha advertido que ahora “la principal víctima de esa campaña es el propio Gobierno”.
“Antes algunos miraban para otro lado o, incluso, lo justificaban. Pero ahora hay una intención clara de derrocar al Ejecutivo”, ha afirmado el diputado vasco.
De hecho, considera que detrás de estas campañas «hay algunos magistrados, altos funcionarios del Estado, varios medios de comunicación y coordinados con ellos o animándoles algunos partidos políticos«.
En su opinión, se está atravesando el “momento más álgido de las campañas de persecución y de ataque” y ha advertido que “tenemos a los mayores pirómanos que están detrás de toda esa campaña anunciándose como los bomberos de la situación”. Y por eso le ha preguntado por el calendario preciso del Gobierno.
Reforma legislativa en el contexto de polarización política
El anuncio del ministro llega en un contexto de máxima polarización política y mediática, y refuerza la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez de blindar la reputación de cargos públicos y ciudadanos frente a campañas de difamación.
Con esta futura reforma, el Gobierno pretende ajustar el marco legal del derecho al honor al entorno digital y mediático actual, donde las redes sociales y ciertos medios de comunicación se han convertido en altavoces de ataques personales, difamaciones y estrategias de descrédito, muchas veces sin consecuencias jurídicas efectivas.
De momento, no han trascendido detalles técnicos del anteproyecto, pero el mensaje político es claro: endurecer la respuesta legal frente a la difamación y, al mismo tiempo, lanzar una advertencia a la oposición. El uso de la expresión “lo siento Partido Popular y Vox” pone de manifiesto que la reforma no será ajena al clima de confrontación partidista.
