Opinión | Lawfare y ataque al estado de derecho en España

La tentación de algunos responsables políticos de controlar el sistema judicial es un fenómeno que genera preocupación en Europa.

La aprobación de una ley de amnistía en Rumanía en 2019 destinada a beneficiar a cargos afectados por corrupción generó una actuación por parte de la Comisión Europea a través de quien fuera su presidente Jean Claude Juncker.

Esta propuesta se acompañó por modificaciones en la legislación del Poder Judicial realizadas entre 2018 y 2019, con un grave impacto en la independencia, la calidad y la eficiencia del sistema judicial, a través del establecimiento de medidas que afectaban a responsabilidad, acceso, cese, estatuto y nombramiento de fiscales con responsabilidades en la persecución de delitos de corrupción, además de otras normas que afectaban a jueces, incluida su responsabilidad disciplinaria en estos casos. En el marco de la Unión Europea, el Mecanismo de Cooperación y Verificación de adhesión establecido por la Unión Europea en relación con Rumanía mantiene un seguimiento del que pueden señalarse sus informes de 2021 y 2022. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa abrió un expediente ad hoc en 2018 que permanece abierto.

En Polonia, las sucesivas reformas desarrolladas entre 2015 y 2017 sobre el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, la integración del Ministerio Público en el Ministerio de Justicia, el acceso a la función judicial, el nombramiento del Consejo de la Judicatura y la organización judicial en perjuicio de la independencia y los estándares del estado de derecho motivaron la apertura de un expediente ad hoc del GRECO, cuyo último informe está datado en 2021.

También el GRECO también abrió un expediente en 2019 por la interferencia parlamentaria en Eslovenia sobre la actuación de fiscales y jueces dirigidas a indagar su actuación en la investigación de delitos de corrupción cometido por un político destacado.

Una reforma de 2018 en Hungría en perjuicio de la independencia judicial determinó decisiones de activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea por quiebra de los principios del estado de derechoy, en mayo de 2022, el congelamiento de millones de euros de fondos de cohesión.

Sea por modificaciones legales, casos de Hungría, Polonia y Rumanía, sea por interferencias en la actuación de la lucha contra la corrupción (Eslovenia), las instituciones del Consejo de Europa o de la Unión Europea han encontrado vías para procurar la defensa del estado de derecho.

La situación actual en España

La situación actual parte de un acuerdo firmado en Bruselas el 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y Junts per Catalunya en el que el segundo cede al primero la investidura, es decir, el acuerdo de gobierno a cambio del perdón de determinados delitos, que incluyen la corrupción, el terrorismo y el blanqueo de capitales, a través de la fórmula de la amnistía. Se trata de delitos cometidos durante el denominado “procés” independentista catalán, cometidos por políticos con poder de gobierno autonómico, consistentes en la utilización del Parlamento catalán para dictar normas de desconexión, mediante la celebración de un referéndum ilegítimo por no adaptarse a los estándares democráticos, empleando para ello dinero público y violencia en las calles. El objetivo de esta contribución no es el análisis de la proposición de ley de amnistía, como tampoco es la valoración de los acuerdos políticos que puedan plantearse. Sin embargo, el acuerdo presupone establecer un discurso público basado en una relectura de los juicios celebrados y pendientes de celebración como consecuencia de los disturbios sucedidos en Cataluña en 2017.

De acuerdo con el documento que recoge el acuerdo político, el origen de aquellos acontecimientos se encuentra, primero, en la sentencia del Tribunal Constitucional 114/2017, de 6 de septiembre, que declaró inconstitucional la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, por la que se convocaba un referéndum.

Pero lo que importa a esta contribución es que traslada la responsabilidad de los delitos investigados y juzgados o pendientes de enjuiciamiento a la actuación de la policía, los jueces y los fiscales que defendieron el ordenamiento jurídico español. Como hito fundamental, señalar que la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, después de un juicio público transmitido por todos los medios de comunicación, condenó a los altos cargos políticos del Gobierno autónomo de Cataluña, con excepción de los que habían salido del territorio español, a distintas penas por delitos que incluyen una forma de corrupción como es la malversación, la sedición y la desobediencia.

A partir del acuerdo, surgen dos actividades políticas paralelas, la primera la creación de una comisión parlamentaria en diciembre de 2023 y la segunda la extensión de un discurso público que afirma la parcialidad de quienes deben aplicar la ley a través de una fórmula inglesa hasta entonces desconocida en España, el lawfare. Por lo tanto, se traslada a la opinión pública la idea de que la justicia actúa parcialmente y con fines antidemocráticos.

La creación de la comisión parlamentaria

El 21 de diciembre de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de una “Comisión de investigación sobre la denominada operación Catalunya y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”, que incluye como objetivo “proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos y malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado, en contra del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos”.

En el debate parlamentario en el que se aprobó la creación de la comisión, la representante de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados relató a la opinión pública era el estudio de la actuación de altos responsables policiales, periodistas y jueces a los que señaló por nombre y apellidos y esa es la idea trasladada igualmente a la prensa.

Esta actividad parlamentaria dirigida al control judicial en causas penales abiertas es contradictoria con la finalidad que es propia de las comisiones de investigación.

El discurso político contra la actuación de jueces y fiscales

El discurso político que culpabiliza a la actuación de los defensores del estado de derecho de la situación política de la Cataluña de 2017 es variado en cuanto a los actores que intervienen y el grado de concreción en personas concretas aludidas.

Llama la atención que algunos integrantes del Gobierno hayan realizado declaraciones públicas aludiendo a la existencia de lawfare. El presidente del Gobierno lo hizo el 30 de noviembre de 2023, sin aludir a personas concretas. Pocos días antes, lo había hecho el ministro competente en materia de transportes. La vicepresidenta primera acusó a un juez con nombre y apellidos el 19 de enero de 2024.

El Congreso de los Diputados ha sido escenario de distintas sesiones en las que algunos diputados han descalificado a jueces concretos en asuntos vinculados con las actuaciones profesionales en el marco de procedimientos penales abiertos o sentenciados. Sucedió en los plenos de 16 de enero (diputada de Podemos), 24 de enero (Diputado de Sumar), y 29 de enero de 2024 (diputado del BNG). La sesión de 30 de enero de 2024 está llena de descalificaciones de jueces con nombres y apellidos por parte de integrantes de distintos partidos políticos: Sumar, Junts y Podemos criticaron a magistrados diferentes y ERC, Bildu y el BNG lo hicieron de forma genérica.

En el Senado sucede lo mismo. El 24 de febrero de 2024, un senador de Junts per Catalunya descalificó a dos fiscales.

El Parlament de Cataluña también registró un incidente el 16 de noviembre de 2023 en el que el aludido era un fiscal, al que un representante político descalificó públicamente.

Las declaraciones públicas de los partidos políticos han seguido este discurso. Lo han hecho el PSOE el 29 de enero de 2024, Sumar el mismo día, y Podemos el 1 de febrero de 2024. La lista sigue.

La reacción del Consejo General del Poder Judicial al lawfare se ha manifestado a través de un comunicado de prensa de 9 de noviembre de 2023, reiterado el 5 de diciembre para hacerlo extensivo a la creación de comisiones parlamentarias que eventualmente pudieran citar a jueces, y de una declaración institucional de 5 de febrero de 2024. El Fiscal General del Estado ha salido a defender tarde y tímidamente a los fiscales que intervienen o han intervenido en los distintos procedimientos penales, aunque se le ha criticado no hacerlo también con los jueces. Finalmente, el ministro competente en materia de Justicia ha realizado algunas tímidas declaraciones negando la existencia del lawfare en la escasa contraposición con el resto de integrantes del Gobierno.

Puede añadirse que el artículo 399 de la Ley Orgánica 16/1985, del Poder Judicial, establece que “las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia”.

Detrás de este debate hay otro que no es nuevo en España. Recurrentemente, cuando se abre una investigación penal contra algún responsable político, se alude a una supuesta “judicialización de la política”, esto es, el traslado a sede judicial de materias que se encuentran en el ámbito político.

También se acude a la “politización de la justicia”, esto es, a un aparente interés político de quienes intervienen en la justicia. En realidad, jueces, fiscales y policías deben actuar ante cualquier supuesto delictivo con independencia de quien sea responsable y, por supuesto, eso incluye los delitos que hayan sido cometidos por quienes asumen responsabilidades en el orden político. Estas menciones no dejan de ser formas de presión y la crítica se produce cuando se actúa y cuando no se actúa, pertenezcan los investigados a un lado del arco parlamentario y al otro. Nada nuevo.

Las alusiones de lawfare son un nuevo fenómeno, una importante vuelta de tuerca en los mecanismos de presión al sistema judicial en su conjunto. El discurso público traslada a la sociedad la idea de comportamientos parciales y antidemocráticos por parte de quienes desarrollan sus deberes en la persecución de los delitos. La actuación es decididamente concertada y en ocasiones con ambigüedades calculadas. Las expresiones se realizan desde ámbitos de poderes constitucionalizados, con inclusión de presidente y responsables del gobierno, los grupos parlamentarios y los partidos políticos. Y se menciona indisimuladamente a concretos jueces y fiscales.

Puede señalarse con Pérez Sánchez que “la pretensión consiste en hacer ver que los jueces y tribunales han actuado movidos por motivaciones políticas y en contra de determinadas ideologías, de tal manera que los procesos judiciales y las condenas pronunciadas no se deben a la aplicación de las leyes sino a una persecución política”. Con estas expresiones se traslada a la opinión pública una actuación judicial más allá de lo indebido y se califica jurídicamente como constitutiva de delito de prevaricación. Con el objetivo de justificar un relato falaz, se traslada la responsabilidad de ilícitos contra la democracia a los jueces, se presiona las intervenciones abiertas actuales y se anticipa las que pueden llegar para asentar la aplicación de la amnistía a la que estas intervenciones vienen a complementar.

En definitiva, se deslegitima la propia actuación del estado. Por el contrario, como señala Silva Sánchez, “quien afirma que se está recurriendo al lawfare contra él o contra los suyos en realidad está expresando otra cosa: la permanente aversión totalitaria al estado de derecho”.

Las reiteradas alusiones a lawfare constituyen una sofisticada y novedosa forma de ataque a la independencia de jueces y fiscales y una forma de presión al sistema judicial en su conjunto.

Conclusiones

La apertura de comisiones de investigación parlamentarias dirigidas a la evaluación de la actuación de jueces, fiscales y policía es una injerencia en su correcto funcionamiento. La afirmación de intereses políticos por quienes tienen la responsabilidad de investigar, perseguir y juzgar los delitos, que por otra parte no pueden eludir, es inaceptable.

La sociedad española entiende que se si se han cometido delitos deben investigarse y juzgarse y que sus responsables son quienes hayan incurrido en las conductas previstas en el Código Penal y no en quienes deben aplicar las normas. Las reglas de funcionamiento del estado de derecho exigen el respeto en la actuación entre los poderes constituidos.

Los estándares del estado de derecho son perfectamente conocidos, como lo son también en el resto de la Unión Europea. Contamos con precedentes próximos de injerencias en la actuación judicial, sea por aprobación de amnistías acompañadas por reformas del Ministerio Público y el Poder Judicial, como sucede en Rumanía, sea por injerencias políticas a través de declaraciones en sede parlamentaria para valorar y condicionar la persecución de los delitos incluida la corrupción, caso de Eslovenia. En estos casos, distintas instituciones europeas han encontrado mecanismos para defender su estado de derecho por entender que se ha actuado por debajo de los estándares mínimos comunes.

Vivimos un período de deslegitimación de instituciones jurídicas desde el poder político. Poner en la diana a jueces y fiscales, con y sin mención de sus nombres, con fundamento en una actuación profesional, interfiere en el correcto funcionamiento del estado de derecho.

Bibliografía

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