La Administración de Justicia es un servicio público que debe dar satisfacción, en un tiempo razonable, a los intereses que ante ella se dirimen y debe proporcionar seguridad jurídica con sus resoluciones, generando la confianza de la ciudadanía.
Para dar un servicio de calidad, es preciso que esté servida por jueces y fiscales preparados; dotada adecuadamente de personal y de medios materiales; regulada a través de procedimientos bien estructurados para facilitar su eficacia y agilidad, sin merma alguna de derechos de quienes a ella se someten.
Pero además, la Justicia no debe estar subordinada a ningún otro poder, debe ser independiente y una de las bases para ello es la independencia económica de jueces y fiscales, esto es, que fiscales y jueces estén bien retribuidos, lo dice la Ley 15/2003 reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal –refrendado por la Comisión Europea–, que prevé además un sistema de revisión de las mismas a través de la convocatoria quinquenal de llamada “mesa de retribuciones”.
INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO
El sistemático incumplimiento de esta previsión durante 20 años ha provocado una pérdida de poder adquisitivo desde 2003, que se viene arrastrando, sin que se haya procedido a la revisión retributiva sino que, además, el Real Decreto ley 8/2010 supuso una drástica reducción de las retribuciones no paliada a día de hoy.
Esa reducción salarial supuso a los integrantes de las carreras judicial y fiscal una pérdida de más del 9% del sueldo y del 5 o 6% del complemento de destino.
Así mientras desde enero de 2004 a marzo de 2023 el IPC se ha incrementado alrededor del 50%, cifrando la pérdida de poder adquisitivo en un 22% aproximado.
Ante esta situación la Asociación de Fiscales, junto al resto de asociaciones, instamos al Ministro del PP, Rafael Catalá, a convocar la mesa de retribuciones tras múltiples reuniones, así como a incrementar los medios materiales y los recursos humanos necesarios para mejorar la Administración de Justicia y suprimir reformas legislativas nefandas sobre los plazos de instrucción; convocando movilizaciones y una huelga ante la negativa a nuestras peticiones.
Posteriormente, tras la moción de censura del PSOE, iniciamos negociaciones con el nuevo equipo ministerial gobernado por Dolores Delgado, que siguió la línea de su inmediato antecesor.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA RECONOCIÓ IMPLÍCITAMENTE NUESTRO DERECHO A LA HUELGA
Tras diversas reuniones, con nulo resultado, se convocó una jornada de huelga, derecho que el Ministerio de Justicia reconoció implícitamente, superando concepciones contrarias a ello, con la consiguiente reducción salarial.
La llegada del equipo de la Ministra Pilar LLop, tras la pandemia, abrió nuevas expectativas por lo que las asociaciones de Fiscales y de Jueces nos dedicamos a celebrar innumerables sesiones de trabajo con el nuevo equipo ministerial para volver nuevamente a analizar la situación y las mejoras salariales imprescindibles, para cumplir con los fines de la Ley de 2003, en especial centrándonos en determinadas reivindicaciones como mejorar, por ejemplo, la retribución del servicio de guardia, tan mal pagado, pues algunos fiscales/jueces reciben como retribución por hora de disponibilidad en una guardia semanal una cantidad que no alcanza los 50 céntimos; adecuar el complemento de destino a la realidad actual, o el complemento de antigüedad, entre otros más.
Después de diversas sesiones de trabajo en el último año el Ministerio de Justicia realizó una convocatoria, inmediatamente desconvocada, de la “mesa de retribuciones” lo que ha obligado a la mayoría de asociaciones, entre las que se encuentra la AF, a interponer demanda ante los tribunales para que el MJU cumpla con la obligación legal de convocatoria.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Llevamos años de espera y de trabajo responsable y leal, buscando acuerdos que nunca llegan por parte de los gobiernos que se han sucedido desde 2008; lo que evidencia la falta de voluntad política, de unos y de otros, para mejorar la Administración de Justicia, lo que necesariamente debe pasar por un Pacto Nacional y una inversión adecuadamente estudiada y justificada que solucione los problemas endémicos de nuestra Justicia.
Finalmente, el pasado día 3 de mayo acudimos a la convocatoria efectuada por el Ministerio de Justicia a la “mesa de retribuciones” con la esperanza de obtener una adecuada respuesta a nuestras razonables reclamaciones.
En esa primera jornada el Ministerio de Hacienda nos ha presentado una propuesta.
LA PROPUESTA ESTÁ ALEJADA DE UNA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Pero por más que reconozcamos al actual Ministerio de Justicia el mérito de la convocatoria, que debe suponer el inicio de una negociación responsable, debemos afirmar que la propuesta que nos ha sido formulada queda tan alejada de la posibilidad de una recuperación, siquiera parcial pero aceptable, del poder adquisitivo perdido, que surge la duda sobre el interés real de lograr un pacto que ponga freno a la realidad actual de las carreras judicial y fiscal.
Después de 20 años de desatención los jueces y fiscales nos merecemos más.
Mañana nos reuniremos de nuevo en la mesa y será el momento en el que los Ministerios concernidos puedan demostrar la voluntad de mejorar las retribuciones de las dos carreras y con ello demostrar que, para el Gobierno, la Administración de Justicia y aquellos que, formando parte del Poder Judicial, ofrecen un servicio público al ciudadano con escasos medios, con dedicación y esfuerzo, merecen ser debidamente atendidos en sus reivindicaciones.
Apelamos a la responsabilidad de nuestros interlocutores en la mesa para llegar a acuerdos que eviten tener que acudir a la huelga.
