«Lawfare»: la utilización de la justicia en el combate político separatista
Puigdemont durante la rueda de prensa del pasado 31 de octubre, en la que intentó, una vez más, internacionalizar el conflicto creado por él y su gobierno autonómico. EP.

«Lawfare»: la utilización de la justicia en el combate político separatista

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28/1/2018 06:15
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Actualizado: 28/1/2018 15:49
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Nicolás de Maquiavelo escribió en su conocido libro «El Príncipe»: «Hay dos formas de combatir, con la fuerza o con las leyes». «Lawfare» es la definición que hoy en día recibe la segunda forma. La utilización política de la justicia en el combate político separatista en Cataluña es el ejemplo más claro.

Un combate que tiene lugar en dos niveles diferentes pero íntimamente conectados: el jurídico-legal y el mediático y que tienen como objetivo la conquista de la opinión pública mediante la imposición del relato partidista como la verdad misma.

La llamada «postverdad». O lo que lisa y llanamente siempre se ha definido como mentira como parte de campañas de desinformación.

El termino «lawfare» traducido al castellano significa «guerra jurídica» y es una contracción gramatical de las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), en oposición a «warfare», que describe la guerra clásica.

Y fue utilizado por vez primera por el mayor general Charles J. Dunlap Jr. en un discurso que dio en 2001 en el Harvard’s Carr Center en el que definía la «guerra jurídica» como «el uso -o mal uso- de la ley como un sustituto de los medios militares para tomar un objetivo operativo».

Los australianos John Carlson y Neville Yeomans también hicieron uso del término «guerra jurídica» en su manuscrito «A dónde va la ley: la humanidad o la barbarie, en El camino hacia fuera – Alternativas radicales en Australia» en el que argumentan que la busqueda de la verdad ha sido sustituida por la «guerra jurídica en los tribunales».

Los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui dicen, de la «guerra jurídica», en su libro «Unrestricted Warfare» (Guerra sin restricciones), que podría ser utilizada en conjunto con «la guerra mediática», es decir, propaganda, para llevar una enorme presión pública en contra de una operación con un objetivo fijado.

Hoy en día, el término «lawfare» ha evolucionado desde el campo militar y se ha introducido en el mundo político y judicial, a gran escala.

El conflicto provocado por los independentistas catalanes es un magnífico ejemplo de «lawfare» desde su minuto cero hasta la fecha, convirtiendo los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación y las redes sociales en un tablero de ajedrez en el que tienen lugar las diferentes escaramuzas.

La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de ayer es un claro ejemplo de «lawfare».

El caso de la fallida investidura de Puigdemont

El día 22 de enero el presidente de la Mesa del parlamento autonómico catalán, Roger Torrent, había anunciado que Carles Puigdemont -fugado desde octubre pasado en Bruselas junto a 4 exconsejeros separatistas, en busca y captura por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia- sería investido, otra vez, presidente de la Generalitat en el pleno del próximo martes.

Es cierto, que aunque fugado, no está condenado y, por lo tanto prevalece la presunción de inocencia. A eso se une, además, la vigencia estricta del principio de legalidad, imperante en nuestro sistema democrático y contemplado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, que establece, conforme al viejo principio del derecho romano, que no puede haber crimen sin una ley previa.

Dicho de otra forma, no había nada que legalmente impida que vuelva a ser presidente de la Generalitat, aún estando fugado y en el extranjero.

Este hecho ha venido alimentando al frente mediático separatista que ha bombardeado repetidamente mensajes de que Puigdemont tenía todo el derecho del mundo a ser reelegido y que nada, legalmente, lo impedía.

Precisamente, esa posible repercusión mediática internacional -tanto Puigdemont investido telemáticamente desde Bruselas como Puigdemont en el pleno del parlamento autonómico- hizo reflexionar al Gobierno. En 24 horas -del miércoles al jueves- dio un giro de 180 grados y presentó un recurso, ante el Tribunal Constitucional, impugnando dicha candidatura.

El diablo siempre esta en los detalles 

La guerra mediática, tanto por el lado separatista como por el lado democrático, se recrudeció en torno a lo que se podía y no se podía hacer, desde el punto de vista legal.

El asunto estuvo a punto de romper al pleno del Tribunal Constitucional en dos, con el ponente del asunto, Juan Antonio Xiol, en contra de admitir el recurso del gobierno por atentar contra el principio de legalidad, en línea con el informe previo del Consejo de Estado.

Pero hete aquí, que el máximo tribunal de garantías encuentra una solución que, sin tomar decisión alguna sobre la admisión o inadmisión, tiene un efecto fulgurante: 1. No ha lugar a la investidura telemática de Puigdemont, en Bruselas; 2. Si se presentara en el pleno en persona le ponemos como condición que antes lo haga ante el juez instructor de su causa para que le autorice -lo que equivale a conminarle a que se entregue previamente-; 3. No ha lugar a los votos delegados de los 5 fugados; y 4. Si la Mesa del parlamento autonómico toma alguna decisión en contra de estas órdenes, que se agarre los machos que va a tener consecuencias penales.

Como colofón, dan diez días a los recurrentes -al propio Puigdemont y a Junts per Catalunya- para que presenten sus alegaciones.

Pocos minutos después de conocer la noticia, desde Bruselas el expresidente catalán puso un twit con la siguiente leyenda: «Incluso el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa. Más de uno debería pensar en rectificar y hacer política de una vez. Y si no es capaz, de plegar y dejar paso».

Las redes igualan a todos 

Las redes sociales, en Internet, son el factor potenciador que ha cambiado el escenario clásico del pasado. De la misma forma que ahora cualquier persona importante puede ser alcanzada a través de su móvil personal o de empresa -basta tener el número-, lo mismo ocurre con la comunicación.

Los medios han dejado de tener la exclusividad para llevar la comunicación de los protagonistas de las noticias a los ciudadanos. Internet ha debilitado esa conexión y ha abierto nuevas vías, a través de sms, whatsapps, Twitter, Facebook, Google +, Linkedin, Instagram, blogs y una miriada de medios digitales, convertidos, de la misma forma, en vías de movilización pública.

Cualquier cosa que ocurre en el mundo justicia se transforma en objeto de análisis, de debate o de crítica en las redes, que generan mensajes que se expanden a velocidad sideral.

Es la paradoja democrática. El artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de información y de expresión, se convierte en el paraguas que ampara la producción comunicativa crítica que, en muchas ocasiones, sustituye a la verdad. La llamada postverdad.

Postverdad que se alimenta con las llamadas «fake news», noticias basadas en la mentira con apariencia de verdad, distribuidas a través de cuentas «zombies».

Afirmaciones como que en España impera el fascismo o que el sistema no es democrático a fuerza de repetirlas terminan convirtiéndose en verdad en las mentes de mucha gente, haciendo honor al creador del concepto, el ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, que se suicidó junto a «su amado» caudillo.

La desinformación clásica se ha transformado en esto, en el marco del «lawfare».

Como decía el jefe del desaparecido KGB, Yuri Andropov: «La desinformación es como la cocaína. Esnífala una o dos veces, puede que no cambie tu vida. Pero si la usas todos los días te convertirá en un adicto, en un hombre diferente».

El problema es que no hay forma de parar esto. Es la cuadratura del círculo. Tenemos que aprender a convivir con ello y a ser más críticos para que no nos den gato por liebre.

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