El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto contra la declaración institucional aprobada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el 9 de noviembre de 2023, en la que el órgano colegial expresó su preocupación por los términos del acuerdo político suscrito entre PSOE y Junts y alertó de riesgos para principios fundamentales del orden constitucional.
En aquella declaración, la Junta de Gobierno del ICAM rechazó de forma expresa el uso del término lawfare para referirse a la actuación de los tribunales y advirtió del peligro que supondría la creación de comisiones parlamentarias destinadas a fiscalizar decisiones judiciales.
La sentencia, fechada el 4 de noviembre, concluye que el acuerdo colegial se ajustó a Derecho y no vulneró el principio de neutralidad institucional ni incurrió en desviación de funciones. El juzgado considera que el ICAM actuó dentro del marco de competencias previsto en el Estatuto General de la Abogacía y en sus propios estatutos, que contemplan su capacidad para pronunciarse en defensa del Estado de Derecho y de los valores constitucionales.
Además, la resolución rechaza la legitimación de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas —entidad recurrente— por no haber acreditado un perjuicio real, directo o específico derivado de la declaración institucional.
Satisfacción del Colegio
Tras conocerse el fallo, la Junta de Gobierno del ICAM ha manifestado su satisfacción por una resolución que, según destaca, “reconoce expresamente la legalidad, legitimidad y adecuación a Derecho del acuerdo aprobado por el ICAM, descartando cualquier vulneración del principio de neutralidad institucional y subrayando que las manifestaciones contenidas en el acuerdo no constituyen una toma de partido político”.
El Colegio recuerda que la declaración de noviembre de 2023 se enmarcó en “una serie de iniciativas públicas del ICAM que han recibido un amplio respaldo de la abogacía madrileña”, incluyendo una “masiva campaña de adhesión de colegiados” y el apoyo de los principales despachos del país.
La Junta valora la sentencia como “un aval jurídico incuestionable” al posicionamiento institucional del Colegio, que mantuvo su postura pese a “una virulenta campaña de ataques”. Según subraya, el fallo “fortalece el papel del ICAM como garante del interés público en el ámbito jurídico y como voz autorizada y neutral en la defensa de los valores constitucionales”.
Asimismo, realiza un reconocimiento expreso a la abogacía madrileña: “Esta sentencia es también suya: es el triunfo del compromiso colectivo de una profesión que no mira hacia otro lado cuando se ponen en riesgo los fundamentos de nuestro sistema de libertades”.
Apoyos en el sector jurídico y profesional
La declaración del ICAM de 2023 generó un notable respaldo institucional y profesional. Más de 40 despachos de abogados, entre ellos firmas de referencia en el país, hicieron pública su adhesión al texto. También se sumaron 42 colegios profesionales de toda España, entre los que figuran los de procuradores, ingenieros, economistas, médicos y arquitectos.
El Colegio impulsó además una campaña pública que amplificó su mensaje en medios y redes sociales, situando en primera línea la defensa de la independencia judicial como un compromiso esencial de la abogacía madrileña.
