‘La falta de medios y de personal merma la autoridad de los agentes’ en el Sur
El todoterreno 'lanzadera' utilizado por unos narcos que embistieron el pasado 3 de julio a una patrulla de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción (Cádiz) para evitar que los agentes pudieran interceptar un alijo. (EP)

‘La falta de medios y de personal merma la autoridad de los agentes’ en el Sur

SEGÚN DENUNCIAN VARIOS SINDICATOS DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL
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31/7/2018 09:15
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Actualizado: 22/8/2018 14:58
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Desde el Gobierno subrayaron ayer que el Ejecutivo no ha podido reaccionar más y de una manera más adecuada a cómo lo está haciendo al problema migratorio de España por su condición de frontera Sur de Europa, y rechazaron que se esté produciendo un efecto llamada provocado por la acogida del buque Aquarius.

Además, indicaron que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ha estado todo el fin de semana dando aliento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz”; que ya ha visitado Senegal, Mauritania y Marruecos para reforzar la cooperación; y se han habilitado nuevos espacios para atender a las personas que cruzan el Estrecho.

El Gobierno contrasta su actuación con la de quienes «parece que van a resolver» este asunto haciendo «declaraciones» con la intención de alarmar o «paseos” electoralistas a Ceuta.

Se pronuncia por la visita hecha ayer por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; a la prevista para mañana de Pablo Casado, presidente del PP; y a la que hizo el pasado viernes el secretario de organización de VOX, Javier Ortega Smith, tras el asalto masivo de la valla de Ceuta el pasado jueves por parte de 602 inmigrantes ilegales, subsaharianos; la mayor entrada desde Marruecos desde mayo de 2014, cuando 500 ilegales lograron acceder a Melilla.

Emplearon cal viva, palos, cizallas, objetos cortantes, esprays como lanzallamas e incluso cócteles molotov, y dejaron a 22 guardias civiles heridos, con quemaduras  químicas, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios.

Por su parte, los líderes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC), y el Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE) han expresado a Confilegal su malestar con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “sólo se hayan preocupado por los inmigrantes, y no por los agentes agredidos”.

Y denuncian que el anuncio del ministro de la retirada de las concertinas en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla a los pocos días de asumir su cargo en Interior “ha provocado un efecto llamada”.

Cabe recordar que las concertinas fueron instaladas bajo el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que gastó en 2005 más de 28 millones en reforzar las vallas de las dos ciudades autónomas.

Los sindicatos consultados hacen hincapié en que existe un “grave problema” de inmigración y narcotráfico, y advierten de que es “tremenda” la falta de medios y de personal que tienen, que “merma la autoridad” de la Policía y la Guardia Civil.

Según informó ayer la Delegación del Gobierno en Ceuta en un comunicado, el Ministerio del Interior ha reforzado la plantilla de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta con la llegada de una veintena de nuevos agentes destinados al control fronterizo.

Cinco vehículos de apoyo y un helicóptero con visión nocturna y base permanente en Ceuta completan este primer refuerzo inicial, que será ampliado de manera progresiva.

Por otra parte, los principales sindicatos de la Policía Nacional han advertido al Ministerio del Interior de la existencia de «riesgo de desbordamiento» en los centros de internamiento de inmigrantes si persiste la tendencia creciente de llegada de pateras a las costas españolas.

En un comunicado conjunto suscrito por SUP, CEP, UFP y SPP, se han referido a unas recientes declaraciones del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que negaba «colapso» migratorio.

Según dijo el ministro desde Algeciras (Cádiz), se está produciendo una «situación absolutamente excepcional y extraordinaria» con la llegada de cientos de migrantes pero la situación está «absolutamente controlada y controlable». Para los sindicatos policiales, esta afirmación, «cuanto menos, resulta cuestionable».

JOSÉ COBO (AEGC): ‘SIN CONCERTINAS NADIE LES PODRÁ HACER FRENTE’

A José Cobo, secretario nacional de prensa de la AEGC, le parece “vergonzoso que ni Sánchez ni Grande-Marlaska se hayan interesado por sus subordinados heridos”.

“El presidente tardó tres días en preocuparse de la inmigración ilegal; el ministro, dos, pero ninguno se ha interesado o pronunciado sobre los agentes que se están partiendo la cara para hacer cumplir la legislación vigente”, lamenta Cobo, como también que sus compañeros “no se sientan apoyados por parte del Ejecutivo”.

Hace hincapié en que en el colectivo hay una “tremenda preocupación” por la problemática que hay en Ceuta y Melilla con la avalancha de los inmigrantes, a lo que se suma, además, que tienen “una espada de Damocles encima” porque “hay ONGs grabando su actuación continuamente” a raíz de la tragedia de El Tarajal el 6 de febrero de 2014, cuando 15 inmigrantes perdieron la vida intentando alcanzar a nado la playa de Ceuta. Desde entones, “se sienten vigilados y sin tranquilidad a la hora de trabajar”.

Dice que aunque tienen la orden de repeler los intentos de entrada por la valla, “es imposible defender la frontera con los guardias que hay cuando tienes un salto masivo como el del jueves, de 600 inmigrantes contra 30 o 40 agentes; y con ese grado de agresividad con el que la asaltan, porque quieren entrar a toda costa”.

Cuenta que antes los ilegales saltaban la valla, pero que ahora entran empleando con radiales y cizallas, porque “le es menos lesivo y más rápido romperla y aprovechar que son el número adecuado para entrar en avalancha y arrollar a los guardias civiles que haya”.

La AEGC reclama más medios humanos y materiales para conseguir «impermeabilizar» la frontera de Melilla, y evitar así entradas de ilegales. Además, replica a quienes dicen “pobre gente que no tiene recursos económicos y quieren vivir mejor” que “no sabemos quiénes son” los que se cuelan en nuestro país, y que “lo mismo pueden ser inmigrantes con problemas socioeconómicos, políticos, que yihadistas”.

También advierte de que el anuncio de Grande-Marlaska de sus planes de “cambiar las concertinas por medios menos cruentos”, del que aún no hay fecha para su eliminación, “ha habido más asaltos, aunque se empeñen en decir que no hay efecto llamada”.

Y reprocha al ministro la “irresponsabilidad” de anunciar que se van a retirar las concertinas “sin tener en cuenta medidas de seguridad adicionales tanto para las fronteras como para los agentes que custodian” esta zona caliente de nuestro país.

En la AEGC están “cansados de la improvisación con la que se actúa”. “Somos una de las principales puertas de Europa y todos los responsables que han pasado por Interior no han querido ver ni solucionar los problemas que están ocasionando a las dos ciudades”, critican.

Asimismo, hacen hincapié en que ahora los ataques están estudiados, la plantilla se ha visto reducida, y que “el Gobierno y el ministro deben ser conscientes de que sin concertinas nadie les podrá hacer frente”.

Respecto a las agresiones que sufren, Cobo señala que a los agresores “les está saliendo gratis” ya que “en ese tumulto ves quién te agrede, pero a ver cómo lo reconoces después, salvo que puedas engrilletarle en el acto o reducirlo de alguna manera, pero en ese momento no estás para hacer esas labores”.

Cuenta que lo mismo ocurre con los vuelcos de los vehículos policiales que sufren en las persecuciones a los narcotraficantes en el Campo de Gibraltar, donde también se tienen que enfrentar a los delincuentes “sin medios materiales ni humanos”, como ya denunció recientemente en Confilegal.

José Cobo García, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles.

Indica de que la condena por los vuelcos “depende de si el juez lo considera un atentado a gente de la autoridad”, porque “las defensas argumentan que el coche era robado, que iban despistados, y puede salirles sólo por un delito de daños y de lesiones”.

Informa de que el atentado a agente de la autoridad se penaliza de entre 6 meses a 3 años de prisión, y que una lesión menor sale apenas por 50 euros.

ALBERTO BAENA (AMGC): SI NO TE AUTORIZAN A USAR LOS MEDIOS DE DOTACIÓN OCURREN ESTE TIPO DE COSAS, COMO QUE TE AGREDAN’

El presidente de la AMGC, Alberto Baena, también clama contra la “importante escasez de medios que padecen desde que comenzó la crisis hace 10 años, tanto de personal como medios materiales, sean vehículos o equipos de protección individual de los agentes, como chalecos, falta de medios de dotación, como puedan ser defensas extensibles».

El presidente de la Asociación Militar de Guardias Civiles (AMGC), Alberto Baena.

Afirma que “hay una clara dejación política a la hora de afrontar los retos sociales que entrañan la peculiaridad en el Campo de Gibraltar”, con unas tasas de paro muy elevadas y punto estratégico de entrada de drogas, donde los agentes “están viviendo una situación dramática, con asaltos y agresiones de lanzaderas cada dos por tres a los vehículos de la Policía Nacional, la local y de la Guardia Civil”.

El nivel de paro entre la juventud de la zona es de un 80%.

“Un chaval, de entre 14 y 16 años, con una moto y un móvil puede sacarse entre 400 y 600 euros al mes por vigilar a las patrullas de la Policía y la Guardia Civil, avisando por donde se mueven”, explica Francisco Mena presidente de la Asociación Alternativas del Campo de Gibraltar.

Francisco Mena, presidente de la Asociación Alternativas del Campo de Gibraltar. Carlos Berbell/Confilegal.

“Cada uno de los que descargan la droga de una lancha pueden recibir 3.000 euros por un trabajo de 10 minutos. Y por transportarla por tierra, preferentemente en un Toyota Land Cruiser, los narcotraficantes pueden pagar 12.000 euros. Los dos vehículos que van por delante y por detrás, llamados lanzaderas, que enfilan a los coches patrulla de la Policía Nacional o la Guardia Civil cuando tratan de interceptarlos, reciben entre 6.000 y 8.000 euros cada uno”, añade Mena.

El presidente de la Asociación Militar de Guardias Civiles también informa de que los abogados de los narcotraficantes “tienen una estrategia jurídica para salvar las condenas que pudieran derivarse de esas acciones que son un ataque directo a agente de la autoridad, ya que se provoca un accidente a sabiendas”, pero, según dice, “hay una clara indefensión jurídica por ese vacío legal”.

Asevera que las defensas buscan atenuantes para rebajar la pena y que al final se quedan en una simple sanción. “Se valen de que el vehículo era robado y de que sus clientes iban despistados para evitar una agresión intencionada camuflándola como un descuido, con que iban conduciendo bajo los efectos del alcohol, etc”, explica.

Respecto a los inmigrantes que saltan la valla dice que “como son indocumentados, en la mayoría de casos ni se emprenden acciones legales contra ellos”.

Alberto Baena considera que el problema que hay en el Sur “se está parcheando”, porque “se están enviando unidades del resto de España para cubrir la carencia de medios que hay e intentar bajar un poco la estadística que está ahora en auge, pero dentro de unos meses volverá a subir”.

Denuncia “dejación ante esta dramática situación”, y reivindica que se ataje de una vez por todas. “Se requiere de una contundencia política mayor, mayores medios, más personal, y eso no se ataja de la noche a la mañana. Se necesita un compromiso y gasto público”, subraya.

Por otra parte, destaca que “lo que pasa en Ceuta es que se ha limitado mucho la utilización de material antidisturbios a raíz de la muerte de inmigrantes”, en referencia al caso de El Tarajal. “Salieron ONGs criticando las actuaciones de los agentes, pero cuando somos nosotros las víctimas nadie sale en nuestro amparo. Ni las instituciones ni las ONGs ni nadie”, lamenta Baena, y añade que “los agentes “reciben mordiscos, pedradas y palos constantemente”.

Recuerda también que hay unas decisiones gubernamentales que dicen que los medios se han de adecuar o que no se use la violencia. “Normalmente el delegado del Gobierno o el subdelegado del Gobierno determinan qué medios usar y cuáles no. En Cataluña se dijo que no se usara la violencia, que no se usaran los medios coercitivos el 1-O y en días posteriores, y hubo desde agresiones violentas a agentes, a violencia pasiva de todo tipo”, explica.

“Si tus superiores no te autorizan a usar los medios de dotación que tienes está claro que luego ocurren este tipo de cosas”, expresa.

ALFREDO PERDIGUERO (SIPE): ‘QUITAN PARTIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA UCO PARA COMPRAR MATERIAL PARA LOS INMIGRANTES’

Por su parte, el subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), relata que “en el Campo de Gibraltar hay un problema social, que al no solucionarse se acaba convirtiendo en un problema policial”.

Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE).

“Ahí todo el mundo cobra: el que descarga, el aguador, el que lleva la lancha, el que la guarda, el que la transporta… Con un desembarco viven durante 2, 3 o 4 semanas. Por eso está todo el mundo implicado en ello y cuando en una playa la Guardia Civil va a evitar el desembarco de la droga, al final acaban agrediendo a los agentes”, relata Perdiguero.

Cuenta que “al final es un entramado social en el que están coaligados unos con otros”, y recuerda que el pasado febrero 20 encapuchados se presentaron en el Hospital de La Línea a bordo de todoterrenos y furgones para liberar al narco Samuel Crespo, atrapado por la Policía Nacional tras una persecución en moto en la que se rompió una pierna y la mandíbula. Ya ha sido detenido.

Informa de que en las investigaciones tienen que tener “mucho cuidado ante tantos colaboradores”. Destaca que “han agredido a policías, sobre todo de uniforme, porque ven que estás actuando contra ellos y quitándoles el pan del que viven, aunque sea una ilegalidad, y van contra los los policías y los guardias civiles”, por ejemplo, apedreándoles el coche o embistiéndolo.

Este subinspector indica que “es muy complicado implicarlos dentro de la trama de narcotraficantes” y que en algunos casos lo que hacen es “meterles crimen organizado, porque evidentemente así actúan: hay escalones de mando, de trabajo y de aviso”.

Dice que cuando es un hecho puntual que te agreden o que te apedrean o te embisten “solamente puedes meterle agresiones o atentado a agente de la autoridad”, y señala que “como el atentado a agente de la autoridad en la Península está tan poco penado y ponen entre 30 y 50 euros de multa al que lo comete o 50 o 60 si eres reincidente, imagínate qué pasa”.

Contra los que saltan la valla reitera que el problema es que “no tienen ni medios humanos ni materiales”. Señala que el asalto del jueves fue “la primera vez en democracia que han entrado tan organizados y tan violentos”. “Actuaban en grupos de 60, eran como comandos puntuales”, según cuenta.

El líder del SIPE afirma que “en este caso no vale ser populista” y decir que “hay que evitar las concertinas, ser más buenos, que defendemos a los inmigrantes antes que a la guardia civil…”.

Hace hincapié en que el Gobierno no puede abrir la puerta a los inmigrantes, como hizo con el Aquarius. “¿Sabe quiénes son y qué antecedentes tienen?”, pregunta.

Además, critica que “que el presidente del Gobierno y el ministro se pongan de lado de los inmigrantes y no digan nada contra 22 guardias civiles heridos que son los que han defendido legalmente la frontera española”. “Es tremendo”, apostilla indignado.

Perdiguero recalca que hace falta “más material humano y más funcionarios puntuales”, aunque apunta que “el problema es que la crisis conllevó a promociones de 150 al año en toda España y que se han jubilado 1500 o 2000 por año, por lo que hay un gran déficit de plantilla”.

Por último, afirma que “no puede ser que los ilegales que agreden a los agentes queden impunes». “Si les cazan las cámaras, lo primero es detenerles y expulsarles, independientemente de que luego seas solidario, pero lo que hacen es quitar las partidas presupuestarias de seguridad ciudadana y de la UCO para comprar material para los inmigrantes”, denuncia.

El Gobierno ha anunciado una partida de 3,5 millones de euros en varios contratos de emergencia para atender a los inmigrantes que lleguen a las costas en la medida en que los fondos presupuestados proceden de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Cabe destacar que un bufete de abogados con sede en Málaga, Nuria de Madariaga, ha presentado una demanda penal contra los 602 inmigrantes que protagonizaron el último asalto masivo a la frontera de Ceuta, por la violencia empleada que dejó a 22 guardias civiles heridos.

Pide prisión incondicional sin fianza para todos los subsaharianos asaltantes por delitos de atentado y lesiones con agravantes, desorden público y pertenencia a banda organizada.

VOX PROPONE LEVANTAR UN MURO DE HORMIGÓN

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, propone sustituir la valla de Ceuta por un muro de hormigón, como el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a levantar en la frontera con México.

«Es una invasión en toda regla. Urge construir un muro infranqueable», declaró  en su visita este viernes a la ciudad autónoma para conocer «la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma», en la que comprobó «el estado de la valla, seccionada con radiales».

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