Anne Dessy, la juez de la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, ha fijado para el próximo martes 25 de septiembre la primera vista formal sobre la demanda del expresidente del gobierno autonómico catalán fugado, Carles Puigdemont, y cuatro exconsejeros, contra el magistrado Pablo Llarena.
La magistrada ha determinado que la vista será en la misma sala y en la misma hora.
El doctor el doctor Hakim Boularbah, socio del despacho Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick quien representa a España y al magistrado del Tribunal Supremo, ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces porque se «trata de un caso excepcional», tal como adelantó Confilegal.
La juez Dessy ha determinado que la vista será en la misma sala y en la misma hora, mientras que la defensa de Llarena ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces porque se «trata de un caso excepcional».
«El Reino de España y el juez Llarena cuestionan la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas, por ello he solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre, para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y su órgano, en el juez Llarena», ha declarado a la prensa el doctor Boularbah, al término de la vista en la que se debía decidir el calendario.
En la sala del Tribunal de primera instancia francófono de Bruselas, el letrado que defiende a Llarena ha rechazado la jurisdicción de las cortes belgas sobre los tribunales españoles, si bien este asunto no ha sido examinado por la juez que presidía la audiencia.
Con el visto bueno de la acusación, la juez ha fijado la próxima vista el próximo 25 de septiembre, «a la misma hora y en la misma sala», momento en que se espera que las partes presenten sus argumentos escritos antes de argumentar el caso oralmente.
Tampoco se espera que entonces haya decisiones de fondo o sobre la admisibilidad del caso, según los abogados de los políticos independentistas.
Boularbah ha pedido, además, que el caso sea llevado por un tribunal de tres jueces debido a que se trata de un asunto excepcional, una petición que será trasladada al presidente del juzgado.
NUEVA TRADUCCIÓN
Durante la vista celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Bruselas, ninguna de las partes ha mencionado la polémica por el error en la traducción al francés de las declaraciones de Llarena que la acusación ha utilizado para armar la demanda civil y que atribuían al magistrado español una afirmación que él expresó en condicional.
Fuentes judiciales han apuntado que el asunto de la traducción será abordado por las partes cuando presenten los argumentos escritos.
Los abogados de Puigdemont y de los cuatro exconsellers huidos a Bélgica, Gonzalo Boye y Christophe Marchand, sí han confirmado en declaraciones a la prensa que han informado en esta vista del error en la traducción y presentado una nueva traducción jurada.
«Para nosotros este tema no tiene importancia porque no cambia nada del fondo del asunto, que sigue siendo la falta que nosotros consideramos muy grave», ha afirmado Marchand, para restar valor al error.
Marchand ha señalado que la cita de este martes era una audiencia «puramente de procedimiento, sin ninguna implicación» y que será a partir del 25 septiembre cuando se fije el calendario para intercambiar argumentos «sobre la competencia, sobre los hechos, sobre lo que reprochamos al juez Llarena, (que es) una falta fuera de su actividad judicial».
Boye, por su parte, ha advertido de que la causa va a llevar «mucho tiempo», porque es un procedimiento «complejo» que, a su juicio, puede llevar meses. También ha defendido que Bélgica «sí es competente» en este caso y que así lo avala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que han estudiado.
A la sala donde se ha discutido el caso, además de los abogados de las partes, han acudido dos de los cinco demandantes: Toni Comín y Lluís Puig. EP.
