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El Gobierno arranca los trabajos de una futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia Contra la Infancia

La ministra de Sanidad cree que esta nueva legislación llegará al Congreso de los Diputados para su tramitación en el primer trimestre de 2019
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El Consejo de Ministros último aprobaba este viernes el inicio de los trabajos previos para tramitar la futura Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. En este anteproyecto de ley  se incluye el abuso sexual y el acoso de los menores a través de las redes sociales.

El trámite de esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web del Ministerio cuyo plazo finalizará el próximo 17 de septiembre.

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Tras diferentes reuniones mantenidas con varios ministerios, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, sociedad civil, entidades sociales, sociedades científicas y profesionales y partidos políticos, el proceso de diálogo participado continuará con la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Infancia.

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Se prevé que el Consejo de Ministros pueda aprobar este Anteproyecto de Ley antes de que acabe el año.

«Da comienzo un amplio debate y un proceso de participación para elaborar el anteproyecto de ley», anunció la ministra de Sanidad, Carmen Montón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta ley era una de las principales reivindicaciones de las ONG como ‘Save the Children’ o la ‘Plataforma de Infancia’, que demandan cuantificar esta lacra.

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Las ONG venían reivindicando desde hace tiempo una Ley de Violencia contra la Infancia y en 2017 ya remitieron una propuesta al anterior Gobierno del PP para la elaboración de un borrador. Así lo contó CONFILEGAL hace algunas semanas.

Entre las medidas sugeridas por estas organizaciones,  hay algunas contenidas en lo que ha anuncido la ministra Montón como es el caso del registro unificado de menores víctimas o el deber de denuncia.

Estas organizaciones también planteaban la creación de una red de juzgados especializados en menores al estilo de los que ya funcionan para violencia de género y que entenderían de todos aquellos asuntos en los que niños y adolescentes fueran víctimas directas.

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Desde este colectivo se insiste en que esta ley es más necesaria que nunca ya que miles de niños viven a diario situaciones de maltrato en el ámbito familiar, abusos sexuales, agresiones, acoso escolar o ciberacoso. 

Los datos son estremecedores, pero aun así no reflejan la cruda realidad: la mayoría de los casos de violencia contra la infancia no salen a la luz ni llegan nunca a la policía.

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Se trata de una realidad poco visible pero que necesita soluciones urgentes ya que los niños sufren en mayor medida los delitos más violentos: 1 de cada 2 víctimas de abuso sexual es menor de edad, un 9% de los niños sufre acoso escolar. En lo que va de año ya han muerto más de 10 niños por causas violentas en España y 15 han quedado huérfanos por el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas.

Proteger a los menores

La ministra de Sanidad anunciaba que la normativa pretende desarrollar medidas específicas para la protección de grupos de menores en especial situación de vulnerabilidad, como «niñas, las víctimas de trata, los menores con algún tipo de discapacidad, los menores extranjeros no acompañados o los menores que están en el ámbito de la diversidad sexual: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales».

Con posterioridad, en su cuenta de twitter destacaba que “nuestro compromiso es garantizar el derecho fundamental de los menores a crecer de manera plena y sin violencia”.

El objetivo que plantea Montón es “poder actuar de la manera más eficaz y contundente” contra esta violencia y asegurar que todos los niños disfruten de una infancia plena y feliz”.

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En este contexto, el interés superior del niño y la niña, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios en los que se asienta esta futura normativa.

Una Ley que será de carácter integral al abarcar todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños y niñas menores de edad: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos.

La futura norma también contemplará la existencia de un registro unificado sobre menores víctimas «que permitirá disponer en una sola unidad toda la información sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia».

La ministra cree que hay que «cuantificar» el número de menores que sufren malos tratos y conocer «quiénes son los que ejercen esta violencia contra ellos», comentó.

Inhabilitación para los agresores

En esa línea, la normativa prevé para los adultos que ejerzan la violencia infantil la «inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores», incluyendo la privación de «patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción».

Montón también comentó que en los trabajos previos, además de Sanidad, tomarán parte varios ministerios como Educación, Interior, Justicia y Trabajo, además de la Fiscalía de Menores, sociedades científicas y administraciones locales, entre otros.

La norma también incidirá en la importancia de la prevención de la restauración del derecho a las víctimas y el respecto a las necesidades de cada uno de ellos en el momento de la intervención. Una Ley que también recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.

Uno de los pilares de los trabajos será la Convención sobre los Derechos del Niño; además, se tendrán en cuentan las aportaciones que hagan los propios menores y se contemplará la creación de un registro de menores víctimas.

La ministra adelantó que el texto llegará al Congreso de los Diputados para su tramitación en el primer trimestre de 2019. Además, anunció que el próximo miércoles 12 de septiembre tendrá lugar una reunión del Pleno del Observatorio de la Infancia, uno de los primeros foros donde se materializará el proceso de diálogo plural que acaba de abrirse para poder consensuar entre todos los agentes implicados la futura ley.