La Comisión Disciplinaria decidirá el 27 de septiembre si sanciona a Victoria Rosell con un mes de suspensión de empleo y sueldo
Los siete vocales que conforman la Comisión Disciplinaria decidirán el próximo 27 de septiembre si sancionan a la magistrada y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, con un mes de suspensión de empleo y sueldo, tal como proponen el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, «número 2» de la Fiscalía General del Estado.
Conde y Navajas consideran que Rosell habría incurrido en una falta muy grave de «revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella» al publicar en su cuenta de Twitter un documento que formaba parte de un procedimiento judicial al que, por razón de su cargo, tuvo acceso, con del fin de opinar en redes sociales.
Los jueces tienen prohibido “revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta”, de acuerdo con el régimen disciplinario vigente en la carrera judicial.
El tuit, publicado el pasado 13 de abril, reproducía fotográficamente primera página del atestado de la Guardia Civil en la que aparecían los números profesionales del instructor y del secretario del caso así como la matrícula del coche denunciado.
Copia del “tuit” publicado por Rosell en su cuenta de Twitter. El Español.
Varios tuiteros, que figuran entre los 33.615 seguidores de Rosell -que había publicado hasta ese momento 7.414 tuits- llamaron la atención sobre estos datos.
“Se ve el número de matrícula (GC-512…) y el instructor (G425…)”, publicaba uno de ellos informando a la jueza de esta circunstancia.
Uno de ellos presentó una queja ante el Servicio de Atención al Ciudadano del CGPJ en la que preguntaba si un juez podía difundir datos de un atestado policial; en este caso de una carátula.
Aquello puso en marcha el procedimiento de investigación, por parte del pAD, que ahora ha desembocado en la propuesta de sanción mencionada.
Rosell publicó la mencionada carátula en el marco del escándalo que se generó por la supuesta falsificación de firmas de los profesores del master de Cristina Cifuentes, quien después presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
La magistrada publicó que se le venía a la cabeza el principio de igualdad ante la ley cuando “recibes un atestado por ‘delito de falsedad en documento oficial’ por una pegatina de la ITV’”.
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE RESERVA
De acuerdo con El Español, tanto Conde como Navajas coinciden en que Rosell incurrió en un evidente incumplimiento del deber de reserva que incumbe a los miembros del Poder Judicial, sin que ni siquiera Rosell tuviera el cuidado de comprobar si los datos de identidad del ciudadano se podían ver.
Los dos consideran que aunque la magistrada no lo pretendiera, ha causado un daño objetivo al permitir, con un comportamiento que consideran negligente, que un gran número de usuarios de Twitter (la cuenta de Rosell tiene 36.000 seguidores) que nunca debieron conocer los datos personales de un ciudadano denunciado por un delito de falsedad documental tuvieran acceso a ellos.
Le corresponde ahora a los miembros de la Comisión Disciplinaria -formada por Wenceslao Francisco Olea Godoy, como presidente, los magistrados Carmen Llombart Pérez, María Victoria Cinto Lapuente, Roser Bach Fabregó y los juristas de reconocido prestigio, Vicente Guilarte Gutiérrez, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y María Ángeles Carmona Vergara– decidir si es apropiada la propuesta de un mes de suspensión de empleo y sueldo a la magistrada destinada en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Aunque no es una sanción particularmente grave, porque el «correctivo» máximo en esa dirección puede llegar a los 3 años, llega a un momento particularmente sensible para Rosell porque es uno de los candidatos presentados por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) para ocupar uno de los 12 puestos de vocales jueces en la próxima renovación del CGPJ, que tendría que tener lugar en diciembre.
Rosell quedaría «tocada» para esa elección. Porque jamás, en la historia del órgano de gobierno de los jueces, se ha dado el caso de que uno de sus nuevos vocales sea un magistrado al que se le haya impuesto una sanción o con un expediente abierto; el mensaje que se enviaría a la carrera judicial es que «todo vale».
NO ES LA PRIMERA ACCIÓN DISCIPLINARIA PRACTICADA A ROSELL
Hasta la fecha, ninguna de las actuaciones disciplinarias practicadas a Rosell ha terminado en sanción.
La última, la denuncia presentada por su compañero, Salvador Alba, por publicar un “tuit”, la víspera del comienzo del juicio del caso Faycán, en el que escribió: “Aquí quería llegar el juez Alba, imputado por 6 delitos. Retrasa su propio juicio con mil maniobras (recusaciones múltiples, querellas) para presidir éste -Faycán-, con demasiada relación con el PP de su gran amigo Soria (2005). Tendría que repetirse. Y lo saben”, fue archivada.
Conde argumentó que “era inapropiado” que un juez pusiera públicamente en tela de juicio la imparcialidad de otro juez pero que eso no excedía “el límite de la libertad de expresión en los términos que han sido conformados por la jurisprudencia”.
Dicho archivo fue recurrido por Alba ante la Comisión Permanente que ahora tiene que decidir si ratificar el archivo decidido por Conde o enviárselo de vuelta al pAD, para que aplique una sanción disciplinaria a Rosell.
