La Permanente ya tiene la «patata caliente»: Alba pide la revocación del archivo de la denuncia del pAD contra Rosell
Sobre estas líneas, la magistrada Victoria Rosell con el "tuit" que publicó la víspera de la celebración del juicio por el caso Faycán, que presidió Salvador Alba. Confilegal.

La Permanente ya tiene la «patata caliente»: Alba pide la revocación del archivo de la denuncia del pAD contra Rosell

El promotor de la Acción Disciplinaria archivó las críticas de la juez a la imparcialidad de Salvador Alba "por inapropiadas"
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25/4/2018 06:15
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Actualizado: 25/4/2018 01:29
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya tiene sobre su mesa la «patata caliente» a la que tiene que hacer frente, una vez que el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, archivara la denuncia presentada por el magistrado Salvador Alba contra su compañera, la también magistrada Victoria Rosell -y exdiputada de Podemos- por haber puesto en tela de juicio públicamente su imparcialidad la víspera de un importante juicio.

Conde consideró «inapropiada» dicha declaración, vertida a través de la cuenta de Twitter de Rosell y falló argumentando que «no excede del límite de la libertad de expresión en los términos que han sido conformados por la jurisprudencia”. 

Una decisión que ha sido muy criticada en el propio seno de la carrera judicial, como ha podido constatar de primera mano Confilegal.

El propio Alba materializa en su recurso de alzada ante la Permanente con un argumento de gran simpleza: «¿Qué pensaría este Consejo en el caso de que un juez destinado en Cataluña pusiera en duda la independencia del Tribunal Supremo por la causa abierta contra el proceso independentista? ¿Sería eso ‘inapropiado’ simplemente? Pues el acuerdo que hoy se recurre es lo que afirma y lo que avala».

«No se trata de un uso legítimo de la libertad de expresión, sino de una persecución mediática de quien suscribe por parte de una magistrada en activo y en su condición de tal», señala. 

La Comisión Permanente, presidida por Carlos Lesmes, y formada por los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Fernando Grande Marlaska, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, José María Macías y Concepción Sáez, tiene ahora dos opciones: ratificar el archivo decidido por Conde o enviárselo de vuelta al pAD para que aplique una sanción disciplinaria a Rosell.

En el caso de que eligiera la primera opción, daría por buena la posibilidad de que los jueces, a partir de ahora, puedan poner en tela de juicio pública y llánamente la independencia y la imparcialidad de sus propios compañeros, sin esperar consecuencia disciplinaria alguna, por formar parte de su derecho a la libertad de expresión.

Algo que Lesmes jamás ha visto con buenos ojos.

En el caso de la segunda opción, el Consejo estaría mandando un mensaje a la carrera en la dirección opuesta: «declaraciones como estas tienen consecuencias graves».

La Permanente de los jueces tiene que vérselas, por lo tanto, con un dilema de profundo calado y difícil resolución.

«No es ‘amparo’ del CGPJ lo que se pretende con la denuncia formulada en su día que da lugar a las presentes diligencias informativas. Lo que se pretende es la aplicación, sin ambages, del régimen disciplinario a que estamos sujetos todos los jueces y magistrados», dice en su recurso de alzada.

Y más en concreto la incoación directa de un expediente disciplinario contra Rosell por las infracciones contempladas en los artículos 417.3, 4 y 14, 418.1, 2 y 3, y 419.1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

EL «TUIT» LA VÍSPERA DE LA CELEBRACIÓN DE UN JUICIO

Victoria Rosell, magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, publicó un «tuit» el pasado 14 de enero en su cuenta de la red social Twitter.

Fue la víspera del caso Faycán, un proceso con gran relevancia pública en las islas y que enjuiciar un tribunal colegiado de tres magistrados presidido por Alba en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en cuya Sección Sexta está destinado

En el mismo escribió, la magistrada escribió: “Aquí quería llegar el juez Alba, imputado por 6 delitos. Retrasa su propio juicio con mil maniobras (recusaciones múltiples, querellas) para presidir éste -Faycán-, con demasiada relación con el PP de su gran amigo Soria (2005). Tendría que repetirse. Y lo saben”.

«Esta afirmación tuvo su cumplido eco en el ‘twit’ de su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa Baez, quien afirmaba el pasado día 14 de enero de 2018: Un juez corrupto presidirá desde mañana un juicio por corrupción del Partido Popular de Canarias’, y reproducía un enlace del periódico canariasahora.com del que es director, cuyo titular era ‘Una bomba de relojería preside el tribunal del caso Faycán'», explica Alba en el recurso de alzada presentado. 

«Son constantes las presiones, menciones, críticas y faltas de respeto de la magistrada denunciada desde su red social hacia mi persona, y en diferentes medios de comunicación, como se acredita con la documentación adjunta», explica;  22 archivos en total, de los cuales 13 son de pantallazos de similar tenor a los reproducidos antes. 

NO HAY ENFRENTAMIENTOS PÚBLICOS

El magistrado Alba critica, asimismo, el adjetivo «inapropiado» escogido por Conde precisamente, por eso, por inapropiado en sí mismo, y llama la atención sobre las palabras del pAD sobre “la inconveniencia que supone este tipo de enfrentamientos públicos entre sus miembros para el propio prestigio y estimación social de la carrera judicial».

A lo que contesta: «Ignora este recurrente a qué enfrentamiento público se refiere el Excmo. Sr. Promotor, pues no se puede encontrar en ninguna red social o medio de comunicación hablado o escrito, afirmación, opinión, expresión, o comentario contra la señora Rosell Aguilar emitido por quien suscribe, pues jamás se ha realizado por mi parte».

Y añade: «No existe un enfrentamiento entre la señora Rosell y quien suscribe, sino una persecución de la misma hacia mi persona y contra mi familia -a la que su pareja, el periodista Carlos Sosa, en el medio de comunicación que dirige, no para de mencionar e identificar, habiendo llegado a identificar en un articulo de su periódico a mi hija de nueve años con nombre y apellidos, y el Colegio en el que la misma estudia, poniendo en peligro la integridad física y moral de la pequeña , lo que me ha obligado a denunciar este hecho ante la Fiscalía de Las Palmas-«.

Desde su punto de vista, la pareja de Rosell incumple la Ley de Protección Jurídica del Menor, «y la magistrada, en su red social en la que se identifica como magistrada, se hace eco de esa publicación ilegal. Así de sencillo».

CASO FAYCÁN

Sobre el caso Faycán, la víspera de cuyo comienzo fueron vertidas las declaraciones de Rosell, Alba explica a la Comisión Permanente que fue un juicio de larga duración -3 meses-, con 28 acusados, más de 30 cajas de documentación, 200 escuchas telefónicas, miles de folios y complejo por la materia que se enjuiciaba: cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, etc.

«Sembrar la duda en la ciudadanía sobre la imparcialidad del Tribunal, anunciando una sentencia absolutoria desde antes del inicio de las sesiones del juicio oral , es constitutivo de infracción disciplinaria y un auténtico atentado a la independencia judicial y, en consecuencia, al Estado de Derecho», indica el magistrado en su recurso de alzada.

«La señora Rosell y su pareja se han dedicado a denigrar al Tribunal que juzga el caso Faycán centrando todos sus comentarios y esfuerzos mediáticos en criticar resoluciones del mismo -de los tres magistrados- si bien atribuyéndolas en exclusiva a este Magistrado, como si de un órgano unipersonal se tratase».

«Y esto lo ha hecho la señora Rosell Aguilar  en su condición de Magistrada, pues en esta condición ha acudido a diferentes medios de comunicación y en esta condición se identifica y muestra en su red social twiter y ante sus más de 20.000 seguidores», prosigue.

«Al hacerlo en una red social en la que se identifica como Magistrada ‘de oficio’, su opinión se convierte en la opinión de un juez», indica. 

EL PAD NO HIZO JUICIO DE TIPICIDAD

A juicio del magistrado recurrente, Conde no hace un juicio adecuado de tipicidad de los hechos que se denunciaron y se ciñe exclusivamente a la tipificación  realizada en la denuncia, obviando la gravedad de los hechos que eran denunciados.

«Entiende el promotor que no se han llevado a cabo presiones  en el ejercicio de la potestad judicial de este magistrado. ¿No es una presión afirmar que un juicio de cuatro meses de duración, con 28 acusados y un elevadísimo número de testigos tendrá que repetirse si no me abstengo de conocer de ese procedimiento? ¿No es una presión afirmar que existe falta de imparcialidad en un magistrado, ponente de la sentencia de un juicio por presunta corrupción en las filas del Partido Popular, por su vinculación con el Partido Popular -vinculación inexistente y que jamás ha tenido lugar, ni con este partido ni con ninguno-?», se pregunta.

Y precisa, en este sentido, refiriéndose al propio CGPJ: «¿Deberíamos pensar que  gran parte de los vocales de este órgano, son próximos al Partido Popular por haber sido votados en el Congreso de los Diputados? ¿O próximos al Partido Socialista Obrero Español por la misma razón? No se pueden confundir churras con merinas  Si alguna de las partes hubiera querido recusar a algún miembro del Tribunal de caso Faycán alegando falta de imparcialidad por su proximidad al Partido Popular o a alguno de sus miembros, lo habría hecho».

«Nadie lo hizo», remacha. 

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