En respuesta a la denuncia del eurodiputado liberal Enrique Calvet por supuesta manipulación en la traducción de las palabras del magistrado Pablo Llarena en la demanda presentada contra él por la defensa del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, el Colegio de Abogados de Bruselas, ha concluido que «no se puede reprochar ninguna falta deontológica» a sus dos colegiados Michèle Hirsch y Christopge Marchand.
Considera la traducción como un «error» y, en consecuencia, no investigará a estos dos abogados belgas que participan en el equipo de defensa de Puigdemont.
Enrique Calvet también presentó queja en el Colegio de Abogados de Madrid contra el abogado español del grupo, Gonzalo Boye, y que está pendiente de resolución.
Error no imputable a los abogados
El presidente del Colegio de Bruselas, Michel Forges, informa al eurodiputado de que ha contactado con Hirsch y Marchand para escuchar su versión y de que tras un «atento examen» de los datos de que dispone considera que no hay dudas deontológicas.
«No tengo intención de dar más seguimiento a su queja», ha notificado Forges, quien ha concluido que la situación denunciada se deriva «manifiestamente de un error de traducción», que no es «personalmente imputable» a los letrados y que ha sido corregido ante el Tribunal de primera instancia encargado del caso en Bruselas.
El presidente del Colegio de Abogados, además, aclara en su respuesta que no le corresponde pronunciarse sobre «la oportunidad ni sobre el fondo» de la denuncia civil presentada contra Llarena, algo que recae en la competencia exclusiva del juzgado de primera instancia francófono de Bruselas.
Recurso de Calvet
El eurodiputado Calvet ha presentado este mismo miércoles un recurso al considerar que no queda suficientemente motivada la decisión de no investigar el caso en profundidad.
Además recuerda que el error de traducción fue descubierto no por ‘motu proprio’, sino porque lo detectaron terceros y creo un «fuerte movimiento de indignación» en la opinión pública española.
En su recurso, Calvet insiste en que el Colegio de Abogados de Bruselas examine si las reglas deontológicas de la justicia europea fueron respetadas en este caso y reclama una investigación «en profundidad».
