La Comunidad de Madrid no va a poner en marcha el edificio del Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, conocido como el 'donuts' de Valdebebas por su arquitectura circular, tras constatar con un segundo informe, este externo, que su puesta en funcionamiento costaría 4,8 millones de euros.
La Audiencia Nacional investiga el proyecto de la malograda Ciudad de la Justicia de Madrid
El juez De la Mata admite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción
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20/9/2018 09:58
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Actualizado: 25/3/2019 09:55
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA, que podrían ser constitutivas de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
El pasado 3 de agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto desfalco del Campus de la Justicia de Madrid, un proyecto urbanístico desarrollado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, en el que constan contratos por valor de 355,5 millones de euros. Anticorrupción inició una investigación a raíz de una denuncia de la Comunidad.
La sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA era una empresa de titularidad cien por cien pública, que nació con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 su creación.
Según el acuerdo que publicó entonces el Boletín Oficial de la región, el objetivo era «el desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión» de ese proyecto, incluyendo la «enajenación de los inmuebles» que constituían las dependencias judiciales y que iban a devenir en «innecesarios» una vez puesto en marcha el Campus.
La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014, con Cristina Cifuentes presidiendo la Comunidad de Madrid.
De todo el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que iba a levantarse en Valdebebas, cerca del aeropuerto, sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal -conocido como el ‘donuts’ por su arquitectura circular-, aunque inacabadas y en situación de abandono.
De la Mata ha comenzado a practicar las primeras diligencias de esta causa, que permanece bajo secreto, para la averiguación de los hechos. Según ha informado la Audiencia Nacional, por ahora no hay imputados.
CONTRATOS POR VALOR DE MÁS DE 355,5 MILLONES
El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355 euros.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, 324,7 millones correspondían a contratos para las diferentes construcciones del Campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en Madrid.
Se pagaron 91,7 millones por los contratos de las construcciones del Campus, aunque sólo se levantó el edificio del Instituto de Medicina Legal, y 3,8 millones por la contratación de suministros y servicios.
En publicidad se gastaron 6,4 millones, de los que se abonaron cerca de 5,5 millones. El 85 % de ese gasto no tenía soporte contractual, como tampoco los pagos por 2 millones en suministros y servicios detectados por la Cámara.
Según el citado informe, el gasto derivado de las indemnizaciones a los distintos adjudicatarios por la resolución de los contratos superó los 9,5 millones.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se basa en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado marzo, que concluye que la sociedad creada para el proyecto, Campus de la Justicia de Madrid (CJM), no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase la legalidad.
Ponía de manifiesto la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.
En el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación o la causa de los pagos efectuados.
Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1, adjudicado en 2007 y por el que se pagaron 2,1 millones; la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid, de la que constan abonados 220.375 euros; la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia (234.000 euros); el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66 (172.399 euros); la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia; el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel; la edición y distribución del libro Foster+Partners; el servicio de asesoramiento jurídico (252.829 euros) o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (63.000 euros).
LA COMUNIDAD NO SE PLANTEA AHORA LA CIUDAD DE LA JUSTICIA EN MADRID NUEVO NORTE
La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, señaló el pasado agosto que la Comunidad de Madrid no se plantea, por el momento, levantar ninguna Ciudad de la Justicia en los terrenos de Madrid Nuevo Norte.
«Esperemos a que se pronuncie el Tribunal Supremo», indicó Ibarrola en una entrevista en Europapress, en referencia a la situación en la que se encuentra en estos momentos el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que el Gobierno de la entonces expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes quiso paralizar, pero que fue recurrido por las adjudicatarias en los tribunales.
Yolanda Ibarrola (Madrid, 1964) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y ha ejercido como abogada especialista en Derecho Civil y Penal desde su licenciatura hasta el 2001./ EP
Según dijo, en el caso de que el Alto Tribunal les diera la razón, volverían a presentar un proyecto de unificación de todas las sedes para destacar que «habrá un consenso con todos los agentes jurídicos».
«No se va a tomar una decisión sin contar con jueces, fiscales, letrados de la administración, sindicatos. Abriremos una mesa, un dialogo con todos los agentes y será un proyecto consensuado… No será un proyecto unilateral de la Comunidad de Madrid», aseguró.
El pasado junio, la consejera de Justicia pidió un informe para valorar el coste de la puesta en funcionamiento del único edificio que se terminó en la malograda Ciudad de la Justicia, conocido popularmente como el ‘donuts’, y evitar su deterioro. A finales de julio, Ibarrola informo de que la Comunidad no va a poner en marcha el edificio del Instituto de Medicina Legal tras constatar con un segundo informe, este externo, que su puesta en funcionamiento costaría 4,8 millones de euros.
Mientras tanto, lo que «va a ser una realidad» el próximo octubre es el núcelo penal en el barrio de San Blas, donde se está adecuando un nuevo edificio en el número 31 de la calle Albarracín y que se unirá a las instalaciones que ya hay en las calles Julián Camarillo y Hermanos García Noblejas.
Ibarrola destacó que la agrupación de las sedes judiciales es una «demanda del sector» y que debe atenderse tanto por la «agilización de procedimientos» como por los costes que ahorra a la administración, a la que hace «más eficaz», ha dicho. En Plaza de Castilla quedarán los juzgados de instrucción y se suman 12.000 metros cuadrados más.
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