Marcos Molinero, abogado de Guillermo Ortega Alonso, exalcalde de Majadahonda, población al oeste de Madrid, condenado a 38 años y 3 meses de prisión y a penas pecuniarias cercanas a los 10 millones de euros, ha solicitado su puesta en libertad alegando que no ha tenido «ni un proceso ni un juicio justo».
En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presentado el pasado lunes -al que ha tenido acceso Confilegal- afirma que «a fecha de hoy han aparecido mas y nuevos indicios solventes (ya denunciados en fase de instrucción y juicio oral) respecto de la nulidad de todo lo actuado por cuanto el Magistrado Instructor Baltasar Garzón», en referencia a la grabación realizada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en 2009, en el curso de una comida.
Este «presuntamente urdió (previamente a recibir la querella proveniente de la fiscalía anticorrupción el día 6 de agosto de 2008), con la Fiscalía y altos mandos policiales, la forma y manera de construir una causa penal contra el Partido Popular utilizando para ello las relaciones de este partido político las empresas de Don Francisco Correa Sánchez«.
«Para ello se sirvió inicialmente de las ‘grabaciones manipuladas’ que el condenado Jose Luis Peñas había aportado en noviembre de 2007 a la UDEF y las posteriores que se recabaron ya con la intervención de los miembros policiales y el conocimiento de la fiscalía anticorrupción», añade.
Lo anterior se une, desde su punto de vista, a que la sentencia fue redactada por un magistrado en «cuasi permanente estado durmiente, durmiendo o atento a su teléfono móvil”, lo que quiebra la garantía de inmediación y cercena el derecho a la defensa a través de una tutela judicial efectiva que evite cualquier situación de indefensión.
CRÍTICA AL AUTO DE PRISIÓN PROVISIONAL
El letrado critica abiertamente el auto del 28 de mayo de 2018 que justifica la prisión provisional para su defendido porque, al haber penas que superan los 30 años de prisión, «considera el tribunal que se incrementa el riesgo de fuga del mismo».
Desde su punto de vista esa es una «apreciación subjetiva, genérica y acrítica del Tribunal respecto de las supuestas intenciones del señor Ortega de sustraerse de la acción de la justicia. Quien supone o imagina que las debe tener porque ha sido condenado a 38 años y 3 meses de prisión».
«No expone el Tribunal -prosigue el abogado- por qué, después de años de instrucción en los que el condenado, en libertad absoluta sin medida cautela alguna, no ha mostrado el más mínimo atisbo de sustraerse a la acción de la justicia, por qué su cabal comportamiento durante el transcurso del juicio oral ahora se iba a tornar en irse a no se sabe donde ni se sabe con qué ni con quien, a un lugar inaccesible a la Justicia Española con las colaboraciones internacionales, dejando a toda su familia en territorio español»
Y pone en tela de juicio la propia redacción del mismo.
Porque “para dar sentido a lo anterior el auto plagia mediante el ‘corta pega’ sin entrecomillar las ‘hipótesis conjeturadas’ facilitadas por el Ministerio Fiscal, sin necesidad, eso sí, de introducir los argumentos de la defensa que son displicentemente desdeñados por omisión».
LOS JUECES NO SON VENGADORES
Termina el letrado recordando a la Audiencia Nacional, parafraseando al abogado Rodrigo Tena, que «Los jueces no son vengadores de la sensibilidad de las personas, sino más bien de los pactos que ligan a esas personas entre sí. Y esos pactos han sido creados por ellas mismas cediendo la porción más pequeña de libertad original que sea posible. Pues bien, entre ellos destaca el pacto de no ingresar en prisión hasta una condena firme y definitiva tras un proceso con todas las garantías, si no es estrictamente necesario y por razones muy justificadas».
«En el presente caso no tenemos ni sentencia firme ni, con apariencia sólida, un proceso justo con todas las garantías”, añade.
E invita al tribunal a reflexionar sobre “qué tipo de prisión provisional queremos para este país, pues como dijo el filósofo Chaïm Perelman, ‘convencer en el Derecho va más allá de la simple cortesía’. A través del esfuerzo persuasivo se fomenta la introducción en la práctica del Derecho del sentido común, columna vertebral de la paz social”.
Su cliente, Guillermo Ortega Alonso se encuentra en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza desde hace 4 meses, cuando ingresó en la cárcel de Soto del Real.
El día 28 de mayo le acompañaron a ese centro penitenciario el exconsejero de presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto López Viejo, y el ex tesorero de PP, Luis Bárcenas, condenados a 31 años y nueve meses, y 33 años y 4 meses de prisión, respectivamente.
En prisión provisional se encuentran también desde el 14 de febrero de 2017 Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez por las condenas recibidas en la conocida como “Pieza Fitur” que fue enjuiciada por el TSJ de Valencia y avalada su sentencia por el Tribunal Supremo.
