La Policía Nacional ha encontrado en la sede de la Administración Abierta de Cataluña (AOC) y en el despacho de Daniel Gimeno, el entonces jefe del Gabinete Técnico de la secretaría general de Vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña -que ostentaba Oriol Junqueras– las pruebas técnicas de que el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) transfirió el Registro de la Población Catalana a dicha Vicepresidencia de la Generalitat, el cual sería utilizado después en el referéndum ilegal del 1-O.
El traspaso se habría hecho sin ninguna base legal para ello, según consta en el informe que ha remitido el CNP al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y al que ha tenido acceso Europa Press.
Hasta el momento, el Juzgado contaba con otros informes policiales en los que se analizaban los correos electrónicos entre Frederic Udina, director del IDESCAT, y el secretario de vicepresidencia, Josep María Jové, en los que el primero le comunicaba que le había realizado el envío y el segundo confirmaba el acuse de recibo.
El Registro de Población Catalana es un censo que debe custodiar el IDESCAT y que sólo puede ceder a los organismos con los que tiene un convenio público y para un fin determinado, como es el caso del sistema de salud.
Este registro se actualiza de manera trimestral con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística cada tres meses.
Sin embargo, los investigadores aún no tenían las pruebas técnicas definitivas de los envíos, por lo que solicitaron al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la entrada y registro en los despachos de Frederic Udina y de Daniel Gimeno, jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Vicepresidencia, y que fue el designado como responsable del tratamiento del fichero de datos de carácter personal del registro de participaciones en consultas populares no referendarias.
RESPONSABILIDAD POR REVELACIÓN DE SECRETOS
La Policía también solicitó entrar en la sede de Mediapró Cloud y en el Centro de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI).
Lo que el juez autorizó el 11 de junio pasado. En la operación, y tras detener a Udina y Gimeno -cuya actuación, según los investigadores puede suponer una responsabilidad por revelación de secretos-, los agentes entraron en Mediapró Cloud, pero no pudieron acceder a la información que buscaban porque su función es prestar servicio de «housing» a la Administración Abierta de Cataluña (AOC).
Por lo que continuaron la diligencia en la AOC.
Fue allí donde hallaron las evidencias de los envíos y pudieron «determinar técnicamente que existen dos registros de la plataforma de e-Valisa de fecha 19 de mayo de 2017» teniendo como único emisor [email protected] (correo vinculado a Frederic Udina) y como destinatarios Josep María Jové Lladó y destinataria con permisos de visualización, Silvia Sans Farré, secretaria de dirección del Idescat. El asunto de dicho envío mediante e-Valisa se corresponde con el Registro de Población de Cataluña.
Según la Policía «este registro hallado permite confirmar de forma técnica lo que se obtuvo en los correos electrónicos volcados en la diligencia de entrada y registro practicada en la sede del Idescat el 5 de diciembre de 2017». En ese correo, Udina participaba a Jové que el Idescat había entregado a Daniel Gimeno la última versión del Registro de Población de Cataluña.
También permite corroborar de forma técnica el acuso de recibo que el sistema e-Valisa entregó de forma automática al correo de Udina por el que le confirmaba la recepción del Registro de Población de Cataluña.
La Policía localizó, además, en el despacho de Daniel Gimeno, en la Vicepresidencia de la Generalitat, un documento que consiste en un acuse de recibo procedente de la Secretaria General del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Masó, que manifiesta que el día 13 de julio de 2017, recibió de manos del responsable de tratamiento de datos, señor Daniel Gimeno, las instrucciones y la contraseña de acceso a la carpeta FTP de envío seguro de la información.
En ese acuse de recibo se especifica que todo se hizo de acuerdo con lo establecido en el convenio de 28 de febrero de 2017 entre los departamentos de vicepresidencia, el de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia y el de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda cuya vigencia, según la Policía «se estima dudosa» ya que no han logrado localizar el citado convenio.
CESIÓN DE LOS DATOS DE LOS CATALANES SIN AVAL LEGAL
De hecho, exponen que ni en la web del IDESCAT, ni en el resto de los departamentos intervinientes en la firma figura ni se hace referencia al mismo y tampoco se ha hallado su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, ni aún buscando por fuentes abiertas.
«Sin este requisito -la publicación- que exige el régimen jurídico de la Generalitat, no sería válido por no cumplir los requisitos formales y materiales necesarios para su producción, en tanto que carecería de eficacia al no ser inscrito en el DOGC (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña)», precisa la Policía en su informe.
Por lo tanto, consideran que «la cesión y entrega» del censo de catalanes a vicepresidencia «carece de aval legal».
Los agentes encontraron además un correo con el asunto «RV:ofici» ubicado en la bandeja de entrara, de fecha 13 de julio de 2017 a las 8:38 horas cuyo remitente es Nuria Casas Olivella y como destinatario Daniel Gimeno mediante el cual, Nuria envía a Daniel dos documentos nombrados como «Ofici tramesa de dades conveni GOV-1207».
Dicho documento se encuentra firmado digitalmente por Josep María Jové Lladó, va dirigido a Meritxell Masó, secretaria general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.
En el texto dice que de acuerdo con lo establecido en el convenio el firmante solicita de Meritxell Masó que la indique la persona responsable de consultas populares no referendarias para transmitirle los datos objeto del citado convenio, así como als instrucciones para que le entreguen la contraseña de acceso una vez cargada la información.
Según los investigadores, el tamaño máximo de los archivos adjuntos mediante el uso de la plataforma e-Valisa (10 Mbytes) contrasta con el tamaño del fichero que contiene los datos del Registro de Población que genera se genera (inferior a 4Gbytes) para dar cumplimiento a los convenios públicos con Salud o AOC. Por ello, creen que se pudo usar, además de e-Valisa, un servidor de intercambio seguro del Idescat o algún otro medio externo.
La conclusión de la Policía es que tanto el director del IDESCAT, Frederic Udina, como Daniel Gimeno tenían pleno conocimiento de que se estaban cediendo los datos a la vicepresidencia de la Generalitat y sin contar para ello con una base legal, sino de «forma subrepticia y fuera de los cauces habituales».
Además, precisan que aunque se diera por bueno que ese convenio fue suscrito, no se tiene constancia de que el Idescat haya enviado a vicepresidencia nuevas actualizaciones del fichero del Registro de Población Catalana conforme a los periodos establecidos en el mismo. EP.
