El Gobierno no transferirá la información de LexNET a servidores del Poder Judicial porque no hay riesgo de injerencias
Joan Comorera es senador de En Comu Podem por Barcelona. Abogado especializado en propiedad intelectual e industrial y penalista.

El Gobierno no transferirá la información de LexNET a servidores del Poder Judicial porque no hay riesgo de injerencias

En julio del 2017 el PSOE defendió en el Senado una moción presentada por Unidos Podemos para trasladarlo a los servidores del CGPJ
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09/10/2018 06:15
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Actualizado: 08/10/2018 22:00
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La pregunta del portavoz de Justicia en el Senado de Unidos Podemos, Joan Comorera realizada el pasado mes de julio y contestada la semana pasada no podía ser más clara. Este senador preguntaba si el Gobierno iba a transferir LexNET a servidores del Poder Judicial y que si este sistema estuviera en manos del poder ejecutivo podría vulnerar la separación de poderes.

La respuesta deja claro que el Gobierno no ve injerencias en este tema.

Sin embargo, hace algo más de un año, el 4 de julio del 2017, la Cámara Alta rechazaba una moción de  de Comorera de contenido similar a la citada pregunta que instaba a modificar la regulación sobre las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia para que LexNET  transfiriese el alojamiento de la información a servidores que dependiesen del Poder Judicial.

Aquella moción fue apoyada por el PSOE y fue muy comentada la intervención de Julián A.  Rodríguez Esquerdo, senador socialista del País Vasco, quien con sus manifestaciones ratificó la moción. En aquel momento la mayoría del PP en el Senado tumbó dicha iniciativa parlamentaria.

En esta ocasión, la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria de Comorera, que ha querido compartir con CONFILEGAL, se indica que “no se produce injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial y, en el caso que sucediera, la legislación de protección de datos ya establece el correspondiente régimen sancionador”.

En la contestación del Ejecutivo de Pedro Sánchez se indica que “la separación de poderes es un pilar esencial de nuestra sociedad y que debe apostarse por cualesquieras actuaciones que potencien el Poder Judicial”.

También destaca que “no obstante el ejercicio de la potestad jurisdiccional por los miembros del Poder Judicial bajo los principios de imparcialidad e independencia, no se ven afectados por el hecho de que de los medios materiales y personales (incluyendo aquellos electrónicos) sean proporcionados por las administraciones prestacionales, esto es, por el Ministerio de Justicia y las doce CC.AA. Este sistema de reparto competencial ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en Sentencias 56/1990 y en la 62/1990”.

En referencia al sistema LexNET, «gestionado por el Ministerio de Justicia, debe tenerse en cuenta que la información procesal, los expedientes judiciales íntegros, no están en LexNET sino en los sistemas de gestión procesal, y que algunas CC.AA tienen sus propios sistemas de gestión y, por tanto sus propios servidores. Esto es así en Canarias Andalucía, Madrid, País Vasco, Cataluña, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana», dice la respuesta.

También señala que “el Reglamento del CGPJ  1/2015 de 15 de septiembre de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, en concreto el Tïtulo V ( artículos 86 a 97) que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), en materia judicial, regula lo relacionado con los ficheros jurisdiccionales, entendiendo por fichero todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso, según el artículo 36 de la propia LOPD».

La creación o modificación de esos ficheros judiciales  se verifica mediante acuerdo del CGPJ que se adopta a propuesta de la correspondiente Sala de Gobierno, conforme a lo dispuesto en el articulo 95 del Reglamento y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las CC.AA y se notificará a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Y que, además, señala en su artículo 91, como responsable del tratamiento, al órgano judicial que  conozca el procedimiento “si bien especificando que el funcionamiento del fichero queda bajo la dependencia directa del Secretario Judicial, quien actualmente es el que custodia la documentación en los órganos judiciales y de que dichos datos no pueden facilitarse a persona ajena a los procedimientos judiciales».

El acceso a dichos ficheros se permite de forma muy restringida, y concretamente el artículo 92 de la LOPD hace referencia a que «las Administraciones Públicas solo podrán hacer uso de los productos extraídos del fichero, no de éste, en virtud de decisión previa y escrita que sus órganos adopten en  cumplimiento de la competencia que les sea atribuidas por el ordenamiento jurídico. La decisión habrá  de ser motivada y expresará, en todo caso, el fin o los fines para los que se necesita hacer uso de los productos que pretendan extraerse del fichero».

La respuesta concluye afirmando que “haciendo una comparativa con países de nuestro entorno es posible comprobar que en la gran mayoría de países europeos los medios materiales y técnicos (incluyendo servidores) utilizados en los órganos judiciales también competen al poder ejecutivo”.

LexNet funciona mal y el Ejecutivo puede controlarlo

Para Joan Comorera, LexNET, como sistema de gestión procesal online creado para mejorar la eficiencia de la justicia no funciona aún como debiera y tampoco es una gran ayuda para abogados y procuradores.

Este sistema “debería ser una herramienta que funcionase y que ayudase a cumplir los plazos al cien por cien. Habría que verlo con calma y ver si el sistema es el adecuado para llevarnos al expediente digital”.

Nuestro interlocutor advierte que LexNET no es más que un correo electrónico, un canal informativo dentro de la Administración de Justicia. “El objetivo final es el expediente judicial digitalizado al que se pueda acceder en todas las actuaciones, cuestión que ahora no se consigue”. También es consciente que hay problemas en la implantación de la fiscalía digital. “Este tipo de aplicaciones es importante implantarlas desde abajo y no sabemos si se está haciendo o no”.

Para este jurista, “oyendo a los expertos, abogados tecnológicos como Javier de la Cueva o David Maeztu o José Muelas defienden que tanto la gestión de LexNET como los recursos materiales existentes de la aplicación deberían estar en manos del Poder Judicial y, en concreto, del CGPJ, para que existiera una separación de poderes real”.  Y recuerda que “tal y como está la tecnología, al final quien controla los materiales puede informarse de todo. Es muy fácil con determinados programas saber lo que se presenta a través de dicha aplicación”.

Recientemente se supo que un total de 140 usuarios de LexNET accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, durante el fallo de seguridad que sufrió este sistema informático de gestión procesal el pasado verano.

Así lo señala la investigación hecha pública por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que añade que no llegaron a descargar contenidos.

En ese momento, la comparecencia en el Congreso del que fuera ministro de Justicia, Rafael Catalá sirvió para aclarar el fallo de seguridad. A su juicio, todo fue un error de programación del software que permitía que un profesional de la Justicia podía acceder, bajo determinadas circunstancias muy concretas, al buzón de otro profesional.

“Sabemos que el Ministerio denunció  una intromisión no autorizada y su  presunto autor, que según explicó Catalá «parece ajeno al ámbito de la Justicia», fue identificado. Posteriormente, desde el Ministerio se procedió a interponer la correspondiente denuncia ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía «pero no sabemos nada de en qué estado se encuentra dicha denuncia”, apunta Comorera.

Necesidad de un plan digital en Justicia

Para el senador de Unidos Podemos es muy importante que “la ministra Dolores Delgado comparezca en esta Comisión de Justicia del Senado y nos explique cuáles son sus planes, tanto a nivel de justicia como desde el punto de vista tecnológico”.

A su juicio “es fundamental contar con un expediente digital solvente que aún no está ni en Madrid, Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana. Sin ese expediente la transformación digital de la justicia no es posible”.

«Debería ser el CGPJ quien lo gestionase y comprase los medios técnicos para desarrollar dicho expediente digital. Hasta el momento, en LexNET se han invertido por encima de los 70 millones de euros y los resultados no han sido buenos”.

En opinión de Joan Comorera es muy importante invertir mejor el dinero en Justicia y que la ministra Delgado tenga un plan digital para modernizar la justicia donde las inversiones que se hagan sean transparentes.

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