La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) compuesta por José Antonio Alberdi Larizgoitia, María Josefa Artaza Bilbao, Trinidad Cuesta Campuzano, Juan Alberto Fernández Ferández, Luis Ángel Garrido Bengoechea, José Antonio González Saiz, José Damián Iranzo Cerezo, Luis Javier Murgoitio Estefanía, Paula Platas García, Ana Isabel Rodrigo Landazabal y Ángel Ruiz Ruiz, ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra la creación de la Comisión de Valoración de la Ley de Abusos Policiales.
La AUGC, como ya hiciera el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el pasado mes de julio, recurrió la resolución del 12 de junio de 2018 del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, por la que se hacía pública la identidad de las personas que componen la Comisión de valoración creada por Ley 12/2016 de 28 de julio de ‘reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’.
Norma sin garantías jurídicas
La admisión a trámite de su recurso supone para la AUGC «el paso previo» para la impugnación de la Norma, que, «en realidad, es un instrumento sin garantías jurídicas, pues se pretende decidir mediante una Ley, y no a través de los órganos jurídicos, para dar cobertura a una supuesta ‘teoría del conflicto’, planteando así un escenario tanto de víctimas del Estado como de ETA», señalan en un comunicado.
«Con el fin de frenar este intento de rescribir el relato sobre las víctimas del terrorismo en el País Vasco, así como reivindicar la memoria y dignidad de éstas, asociaciones de guardias civiles, sindicatos de policías nacionales, entre ellos el SUP, y asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ACFSE) vienen trabajando juntas desde el pasado verano», explica.
La asociación recuerda que la Abogacía del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad el 10 de mayo de 2017 contra esta Norma vasca que, sin embargo, el pasado mes de julio, el delegado de Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, «hizo pública, tras reunirse con el lehendakari, la predisposición del Ejecutivo central a que se retirase el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional».
El 3 de agosto el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde a la retirada del recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, después de que las Administraciones vasca y central llegaran a un acuerdo para realizar modificaciones en los preceptos sobre los que se tenían dudas de constitucionalidad y, sobre todo, en lo que se refería a la comisión de evaluación, ya que se consideró que pretendía sustituir la actuación de los tribunales.
Arbitrariedad de la Comisión
«Alarmados por la arbitrariedad de la Comisión con la que el Gobierno vasco pretende acreditar vulneraciones de derechos humanos mediante procedimientos deficientes y subjetivos», la AUGC afirma que las asociaciones de guardias civiles, junto con los sindicatos policiales y el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (Covite) anunciaron «medidas encaminadas a defender la dignidad de quienes padecieron durante décadas la violencia de ETA, así como a evitar una narrativa de la actividad terrorista intoxicada y parcial».
La admisión a trámite del recurso de AUGC, que se suma a la tramitación también de la demanda del SUP a finales del pasado mes de julio, supone, en opinión de la asociación de la Guardia Civil, «la materialización de estas medidas en los tribunales».
Por ello, muestra su confianza en «el trabajo de sus servicios jurídicos y en la justicia para reparar un intento de menoscabo, en este caso moral, de los guardias civiles y sus familias, además del resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y de las víctimas del terrorismo de ETA».
«Se trata de una nueva muestra del posicionamiento de AUGC siempre del lado de las víctimas del terrorismo, como demuestran sus personaciones como acusación particular en todos los casos en los que esté afectado un guardia civil o familiares suyos» para concluir recordando que el último de los casos en los que ha actuado de esta forma ha sido el de Alsasua, de agresión en 2016 en un bar de Navarra a dos guardias civiles y sus parejas.
