Doce presos lograron fugarse de los centros penitenciarios entre 2010 y 2023 y otros 62 lo hicieron en hospitales, juzgados o aprovechando el trayecto de los traslados.
El grueso de las evasiones, no obstante, se produjeron cuando los internos se encontraban en la sección abierta, es decir, en los establecimientos polivalentes destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto.
En concreto, de las 326 evasiones registradas desde 2010, el 77% se produjo en la sección abierta, siendo las evasiones desde hospitales las siguientes con más casos: 34 en total, lo que representa el 10,4% –el año con más episodios fue 2011, con seis casos–.
Los años con más evasiones desde los mismos centros penitenciarios fueron 2011 y 2020, con tres casos en cada ejercicio. En total representan poco menos del 4%, la misma cifra que las evasiones desde los juzgados.
Por su parte, los casos (16) registrados aprovechando traslados representaron casi el 5% del total.
Por años, 2010 es el que más evasiones computa al anotar 50 casos, siendo 14 la cifra mínima en 2020, un año marcado por las restricciones por la Covid-19.
En 2014, 2015, 2017 y 2019 fueron 17 las evasiones, y el último año con estadística, 2023, cerró con 20 casos –16 producidos en la sección abierta, dos en traslados y los dos restantes uno en la prisión y el último en un hospital–.
MÁS DE 400 INTENTOS DE EVASIÓN
Los datos figuran en una contestación al amparo de la Ley de Transparencia, consultada por Europa Press, a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
La estadística oficial también desglosa los 444 intentos de evasión desde 2010: 175 se registraron en el centro penitenciario (39%); 130 estando los presos en hospitales (29%); 62 en los juzgados (13,8%); 52 durante un traslado (11,6%) y otros 25 casos en la sección abierta (5,6%).
Tras conocer estas cifras, AUGC ha reclamado más medios al Ministerio del Interior frente a las evasiones y las agresiones a los guardias civiles que prestan los servicios de conducciones.
«Demandamos actualizar los protocolos de seguridad y más medios», ha señalado el portavoz de esta asociación de guardias civiles, Pedro Carmona, aludiendo a la modernización de vehículos o a llevar a cabo el traslado de la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.
ZONAS SEGURAS EN HOSPITALES Y JUZGADOS
En este sentido, AUGC reclama que se habilite en los hospitales y juzgados garajes, «o al menos zonas seguras», con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos de los vehículos policiales, entre otras medidas como renovar de la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil o actualizar el protocolo establecido en 2009 para la realización de las conducciones.
En su respuesta por escrito, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias apelaba a la «responsabilidad institucional en materia de seguridad tanto del personal penitenciario como de la población reclusa» para no facilitar más datos desglosados por centro penitenciario.
También excusó no especificar el cuerpo policial encargado de la custodia de los internos evadidos al no figurar el dato en el sistema informático penitenciario.
