El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sabe que su responsabilidad como máxima autoridad del poder judicial tiene fecha de caducidad: el 3 de diciembre, es decir, 7 semanas y 5 días.
Es lo que toca después de cinco años de mandato.
A quien le pregunta, el presidente dice asumir que las cosas, en este tiempo constitucional, son así.
Nada que ver con lo que ocurría en el pasado, como en casos como el de José Castán Tobeñas, quien fue presidente del Supremo durante 22 años y cuatro meses consecutivos, entre el 12 de septiembre de 1945 y el 11 de enero de 1968.
Sin embargo, en sus círculos más íntimos ya ha dejado saber que tal como están las cosas, con un Parlamento tan dividido, con una incertidumbre tan clara, lo más lógico y sensato sería continuar con este Consejo, hasta que se aclare el panorama.
Lo que significaría continuar hasta después de las próximas elecciones, que podrían tener lugar en octubre del próximo año, repitiendo así lo que ocurrió con el Consejo que presidió Francisco Hernando entre 2001 y 2008, siete años, algo que fue muy criticado por unos y por otros.
Según ha podido saber Confilegal por fuentes del PP, en Ferraz se han recibido los «guiños» consiguientes desde Marqués de la Ensenada, sede del Consejo.
Lesmes, recuerdan, es cierto que fue elegido a instancias del PP.
Sin embargo, los populares no lo ven como suyo en absoluto. Consideran que durante estos cinco años ha favorecido principalmente a sus amigos y ha ido de por libre.
Lesmes, asimismo, se ha quedado sin su valedora: la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, su valedora, derrotada por Pablo Casado, quien ha abandonado la política.
Los socialistas tampoco olvidan su acercamiento a Susana Díaz, en un tiempo en el que parecía que iba a ser la estrella rutilante en el firmamento político; Díaz fue derrotada después por el presidente Pedro Sánchez.
Unos y otros no sienten, por lo tanto, ningún apego por Lesmes, cuya reforma del Consejo General del Poder Judicial de 2013, que dotó al órgano de gobierno de los jueces de un carácter presidencialista «alienígena» a la institución, está a punto de sufrir en el Parlamento la voladura final para regresar al concepto de institución colegiada que ha venido funcionando desde su nacimiento, en 1980.
Además, las negociaciones entre PP y PSOE para elegir a los nuevos vocales siguen su camino y parecen estar muy avanzadas, con nombres, por ambas partes sobre la mesa con vistas a la renovación en tiempo y forma.
