La prueba pericial de los ERE concluye hoy tras mes y medio
Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, en una jornada del juicio de la pieza política de los ERE.

La prueba pericial de los ERE concluye hoy tras mes y medio

El próximo lunes, las partes presentarán las calificaciones y sus informes
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22/10/2018 10:22
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Actualizado: 29/10/2018 14:22
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El juicio de la pieza política del caso ERE que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 exaltos cargos de la Junta acusados de los presuntos delitos de prevaricación y malversación -entre ellos los expresidentes de Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, continúa hoy con la conclusión de la prueba pericial y el inicio de la fase documental.

Tras mes y medio y 26 sesiones, hoy terminará la prueba pericial cuando concluya el interrogatorio de la defensa del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, el letrado José Rebollo, a los peritos que inició el viernes, ya que las partes han renunciado a la declaración de dos peritos de la Dirección General de Seguros que inicialmente habían solicitado la Fiscalía y varias defensas.

En la prueba pericial conjunta, que comenzó el pasado 11 de septiembre, han participado 9 peritos, tres pertenecientes a la Intervención General de la Administración de Estado, que elaboraron un informe contable que cuestiona el uso de las transferencias de financiación y cuyas conclusiones son la base de las acusaciones del caso, y 6 propuestos por varios acusados.

Han debatido y vuelto a debatir «hasta la saciedad», en palabras del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, sobre los distintos aspectos del llamado «procedimiento específico», con el que el Gobierno andaluz repartió entre 2001 y 2010, estando en crisis, 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas.

Juan Antonio Calle, magistrado presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga la pieza política del caso ERE./ EP

Calle alertó el pasado 10 de octubre de que la prueba pericial conjunta se estaba extendiendo mucho más de lo que era de prever y «de lo deseable» porque se estaban «reiterando cuestiones no una, no dos, no tres sino no sé ya cuantas veces».

Advirtió a las defensas que en sus manos estaba evitar preguntas que dieran lugar a respuestas ya reiteradas «hasta la saciedad» y en las de los peritos, «no reiterar sobre lo que ya se ha debatido en aras de la brevedad y la agilidad».

Entonces decidió que del 16 al 26 de octubre habría sesiones diarias (martes y miércoles de mañana y de tarde) para cumplir el calendario previsto, que contempla que el juicio que comenzó en diciembre de 2017 acabe al final de noviembre.

Se han tratado cuestiones como las transferencias de financiación usadas por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía para el pago de las ayudas; el marco normativo de las mismas y naturaleza jurídica; la fiscalización previa de los expedientes de las subvenciones; los diversos informes de la Intervención General de la Junta; las competencias en la elaboración de los presupuestos del consejero de Hacienda o del director general de Presupuestos; o el conocimiento del Parlamento del programa 31L con el que Empleo concedía las subvenciones.

Cuando concluya la prueba pericial, comenzará la fase de la prueba documental, en la que las partes señalarán los documentos que quieren que se consideren reproducidos en el juicio, especificando su ubicación en el sumario.

El próximo lunes llegará el turno de la presentación por las partes -Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las defensas-, de las calificaciones y sus informes, lo que supondrá que los 22 acusados vuelvan a asistir a la Audiencia Provincial para seguir el desarrollo del juicio ‘in situ’.

La Sala le permitió ausentarse del mismo durante la fase testifical, pericial y documental.

MANUEL CHAVES, MAGDALENA ÁLVAREZ Y GASPAR ZARRÍAS YA NO SE ENFRENTAN A PENAS DE CÁRCEL

Cabe recordar que a los procesados ya no se les acusa de asociación ilícita, un delito por el que el PP, que ejerce la acusación popular en el juicio, pedía dos años de cárcel para cada uno.

Las defensas solicitaron quitar esta acusación incluida por el PP de forma “sorpresiva” al final de la instrucción, el fiscal y la acusación de Manos Limpias les apoyaron, y el tribunal lo hizo.

Esto supone que Chaves, los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río ya no se enfrentan a penas de prisión, pues ninguno está acusado de malversación, sino sólo de prevaricación, castigada con inhabilitación.

El resto, entre ellos Griñán y cuatro exconsejeros, sí afrontan de 6 a 8 años de cárcel por presunta malversación, y 30 años de inhabilitación.

El exdirector de Trabajo Javier Guerrero, se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por presunta prevaricación y malversación. Es uno de los principales implicados en el caso ERE, y de los pocos que ha pisado la trena.

LA JUEZ NÚÑEZ BOLAÑOS HA ABIERTO EN OCTUBRE 11 NUEVAS PIEZAS SEPARADAS DE LOS ERE

Por su parte, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los ERE irregulares acordó el pasado 3 de octubre abrir 11 nuevas piezas separadas de los ERE por ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L.

La magistrada María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, sucesora de Mercedes Alaya al frente de ese órgano judicial.

Entre las nuevas piezas separadas abiertas está la correspondiente a las ayudas concedidas por la Junta a Altadis, incluyendo en la misma lo ya instruido en las diligencias 174/11 -causa matriz-, según la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita incluirse informe de la Intervención General de la Administración del Estado, las declaraciones de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; o la del exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla.

Otras diligencias incoadas son las relativas a las ayudas a Germans, Asociación de Trabajadores de Prensa de Cádiz, Coosur, Incosol e Industrial Naval de Cádiz.

Por otro lado, la juez instructora acordó incoar diligencias previas, a la espera de recibir los correspondientes atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reclamados para que los elaboren «a la mayor brevedad posible» en una resolución de 24 de septiembre, sobre las ayudas concedidas a Fábrica de Muebles S.L.; Grupo Smurfit; Nature Pack, Minas de Río Tinto S.A.; Nerva Croissant; y Papacor.

La juez atendió de esta manera el escrito, con fecha de 1 de octubre, del Ministerio Fiscal, en el que, además de solicitar la incoación de nuevas diligencias, expone que, al objeto de «evitar nuevos retrasos en la tramitación de las presentes diligencias», cuyas incoación se solicitan y «del resto que se han desgajado de la causa matriz -diligencias previas 174/2001-«, que dejen sin contenido la previsión del legislador recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa que se proceda a la tramitación y práctica de diligencias que se dispongan por el instructor «a la mayor brevedad posible».

En este sentido y atendiendo a la actual carga de trabajo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía, en el escrito insta, «bien de la Administración prestacional, bien del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios».

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