El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral en dos piezas separadas del caso de los ERE de Andalucía centradas en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta concedió a Río Grande Sevilla SL y a Mercasevilla SA.
Así lo ha acordado el magistrado José Ignacio Vilaplana Luquero en dos autos, con fecha 8 de octubre, en los que envía al banquillo a once personas por las presuntas irregularidades en las ayudas de la Junta a Mercasevilla para los ERE de los años 2003 y 2007 tras recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP-A y Mercasevilla.
Entre los encausados, se encuentran el ex director general y el ex subdirector general de Mercasevilla en la fecha de los hechos investigados; varias personas vinculadas a la mediadora Vitalia y a las entidades Hermes Consulting S.L. y Maginae Solutions S.L.; un ‘intruso’ -persona que fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro pese a que nunca habría sido trabajador de Mercasevilla-, y un asesor fiscal.
Todos ellos serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra ocho de ellos por un presunto delito de falsedad documental.
Además, abre juicio oral contra las entidades Magina Solutions S.L. y Hermes Consulting S.L. en calidad de responsables civiles subsidiarios, así como contra la entidad Mercasevilla como responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo.
El juez precisa en este punto que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo debe tener acogida teniendo en cuenta que, «a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales».
El instructor, asimismo, requiere a los once acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que en algunos casos alcanzan los 4,8 millones de euros– para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada. El juez, en este sentido, impone a Mercasevilla una fianza de 4,3 millones de euros.
El magistrado abre juicio oral contra nueve personas acusadas por las ayudas a Río Grande Sevilla SL, una vez recibidos los escritos de acusación del Ministerio Público, la Junta de Andalucía y el PP-A, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito continuado de falsedad documental, y contra uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de influencias.
Entre los nueve encausados en esta pieza separada del caso ERE, se encuentran la administradora única de la mercantil; varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería S.L. y de un bufete de abogados, y un ‘intruso’.
En este sentido, también abre juicio oral contra Río Grande Sevilla, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería en calidad de responsables civiles subsidiarios.
También requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que oscilan entre 1,9 millones de euros y 165.000 euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada. Asimismo, el juez declara la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el enjuiciamiento de ambas piezas.
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