Plano general del curso, que fue inaugurado por el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, la vocal Carmen Llombart y el jefe superior de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez.
Jueces y fiscales ‘de trinchera’ piden que se deroguen los plazos de instrucción reducidos
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24/10/2018 06:15
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Actualizado: 24/10/2018 10:57
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30 jueces y fiscales del ámbito penal -15 y 15 por cada Carrera- de las 5 provincias de Castilla-La Mancha participaron durante tres días, del 17 al 19 de octubre, en Albacete, en sesiones de trabajo para analizar las cuestiones prácticas en la fase de instrucción sobre las que estos profesionales de primera línea de la Administración de Justicia deben estar al día.
De ahí que sean conocidos y ellos mismos se denominen como jueces y fiscales ‘de trinchera’.
Es el tercer año consecutivo que se hace esta formación práctica enmarcada en el Plan de Formación continua del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y son muchas las ventajas de que se realice de manera conjunta «porque que jueces y fiscales hablen de sus experiencias favorece a todos», según explica una de las directoras del Curso, la fiscal Escarlata Gutiérrez Mayo.
Gutiérrez Mayo valora de manera muy positiva la oportunidad que han tenido a lo largo de estas 3 jornadas de trabajo para intercambiar puntos de vista porque «hemos puesto en común los problemas más habituales que nos surgen en la práctica y también hemos buscado soluciones».
De todos esos problemas a los que se enfrentan como consecuencia de ‘vivir en la trinchera’, esta fiscal de la Sección Territorial de Manzanares destaca las dificultades prácticas de la aplicación de los reducidos plazos de instrucción impuestos por el artículo 324 LECrim.
A partir de este trabajo conjunto, los asistentes alcanzaron unas conclusiones que no son vinculantes pero «sí son criterios que pueden funcionar para resolver algunas de las cuestiones tratadas y cada uno hará en su órgano lo que pueda», explica Gutiérrez Mayo.
Entre los temas tratados, la violencia doméstica y de género, con cuestiones relativas al nuevo delito de stalking, que afecta a la libertad y a la intimidad, y con incidencia en el uso de las redes sociales; la problemática vinculada con la dispensa de las víctimas de violencia de género a no declarar; aspectos relacionados con las llamadas Diligencias Urgentes en la jurisdicción penal; las medidas cautelares y restricción de derechos en la fase de instrucción; o aspectos de tipo civil dentro de la tramitación de procedimientos de Familia cuando existen supuestos de violencia de género.
La fiscal, Escarlata Gutiérrez, junto a la jefa de prensa del TSJ-CLM, Gema Mañas.
Violencia doméstica
Entre las conclusiones se recoge la necesidad de adoptar una decisión legislativa sobre derogación o mantenimiento de la dispensa legal a declarar, especialmente en el ámbito de la violencia doméstica y de género.
Y es que, según se matiza en el documento, la actual regulación del testimonio de referencia conforme al artículo 710 LECrim y su interpretación jurisprudencial «diluye su fuerza probatoria, especialmente en los delitos de violencia doméstica y de género por aplicación del artículo 416 LEcrim».
En cuanto a la prueba, solicitan la aplicación de la prisión provisional como instrumento para evitar la reiteración delictiva con la consiguiente protección de la víctima, en especial en los supuestos de violencia doméstica y de género.
Cuestiones procesales
Reclaman la derogación del artículo 324 LECrim porque «se quiebra el derecho de defensa».
La dificultad que estos profesionales se encuentran en su día a día para la aplicación de «los reducidos plazos de instrucción» impuestos por este precepto produce en la práctica «supuestos de impunidad derivados de la imposibilidad de investigar infracciones penales por agotamiento del plazo de seis meses».
También consideran necesario adoptar y aplicar «de manera eficiente» las normas procesales ya existentes «para garantizar los derechos de los menores en los procesos penales asegurando tanto la eficacia de la respuesta penal como el derecho de defensa del investigado».
Plano general de los asistentes al curso.
Diligencias urgentes
Ponen de manifiesto, asimismo, que hay que potenciar el recurso a las diligencias urgentes como mecanismo para una respuesta rápida y eficaz ante el delito ( prevención especial) como instrumento de protección a la víctima ( protección social) que refuerce la confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal.
Los jueces y fiscales ‘de trinchera’ propugnan la «ampliación práctica de los supuestos de aplicación en casos tales como impagos de pensiones, delitos contra la salud pública y delitos contra el patrimonio».
Y en referencia a las cuestiones civiles, consideran la custodia compartida como el régimen general más idóneo para la custodia sobre los hijos comunes.
Comunicación institucional
Califican de «esencial» la comunicación institucional en la Administración de Justicia, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Fiscal, «con el fin de acercar a los ciudadanos la figura del Juez y del Fiscal y de este modo aumentar la confianza de los mismos en el sistema judicial».
En su opinión, las redes sociales pueden ser un instrumento eficaz para realizar esta labor, «debido a su gran potencial de difusión y su bajo coste», aunque advierten de que «siempre siguiendo una adecuada estrategia de comunicación».
El curso fue dirigido por el fiscal Decano de la Sección Territorial de Ocaña (Toledo), Juan Luis Ortega Calderon; la magistrada Ethel Honrubia Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda; y la abogada fiscal de la Sección Territorial de Manzanares Escarlata Gutiérrez Mayo.
Asimismo, contó con la coordinación del magistrado César Monsalve Argandoña, presidente de la Audiencia Provincial de Albacete y coordinador territorial de formación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La inauguración corrió a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, la vocal del CGPJ Carmen Llombart Pérez, y el fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez.
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