El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (a la derecha) y su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán. Foto: EP.
La Fiscalía mantiene 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves
Para Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez reclama 10 años de inhabilitación
|
29/10/2018 14:12
|
Actualizado: 15/11/2018 08:55
|
La Fiscalía mantiene su petición de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, por presunta prevaricación y malversación, y de 10 años de inhabilitación para su predecesor en el cargo, Manuel Chaves por presunta prevaricación.
El juicio de la pieza política del caso ERE, que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha entrado hoy en la recta final con la presentación de las partes -Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las defensas-, de sus conclusiones definitivas, lo que ha supuesto que los 22 acusados hayan vuelto a la Audiencia Provincial para seguir el desarrollo del juicio ‘in situ’.
El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, espera que el juicio concluya a finales de noviembre, casi un año después de que arrancase, en diciembre de 2017.
Chaves, a su llegada a la Audiencia Provincial de Sevilla, acompañado de su abogado./ EP
El Ministerio Público mantiene la acusación contra 21 de los 22 exaltos cargos de la Junta. Ha excluido al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, al que el Ministerio Público acusaba de presunta prevaricación y se enfrentaba a diez años de inhabilitación.
Además, los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández han modificado su petición de pena para el exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, de ocho a seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
También pide ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación, también por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y el también ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación para la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por los supuestos delitos de prevaricación y malversación.
Y reclama 10 años de inhabilitación para el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el exviceconsejero y exconsejero de Hacienda José Salgueiro, el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
Casi dos horas y media ha durado la lectura del escrito de conclusiones de la Fiscalía.
La acusación del PP-A también ha retirado la acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, enjuiciado por prevaricación y por el que se le pedía diez años de inhabilitación.
La única diferencia entre las conclusiones del Ministerio Público y la acusación del PP-A se encuentra en la petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina.
El PP-A MANTIENE SUS PETICIONES Y MANOS LIMPIAS EXCLUYE A CHAVES
El abogado del PP-A, Luis García Navarro, ha informando que se adhería a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, salvo casos concretos.
La única diferencia entre las conclusiones del Ministerio Público y la acusación del PP-A se encuentra en la petición de condena para el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina.
Mientras la Fiscalía ha rebajado para ambos de ocho a seis años de prisión y 30 años de inhabilitación como presuntos autores de un delito de malversación y prevaricación, el PP-A ha mantenido la petición en los ocho años de cárcel y los 30 de inhabilitación.
De otro lado, la acusación de Manos Limpias, que ejerce el abogado Rafael Prieto, se adhiere a la modificación de las conclusiones provisionales realizada por el Ministerio Público en la medida en que no conlleva un mayor gravamen para los acusados.
Además de excluir a Antonio Estepa, Manos Limpias, tras la prueba practicada en el plenario, retira la acusación frente al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez en su integridad.
Ha expuesto que «sus errores deben valorarse a la luz del derecho administrativo sobre responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas; que las testificales de sus homólogos han evidenciado que en idéntico escenario habrían actuado exactamente igual que él; y, sobre todo, porque la naturaleza penal de sus errores «queda aún más en entredicho cuando los interventores delegados en Empleo, con actuación análoga a la suya, así constatado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), no han sido siquiera investigados».
De otro lado, ha explicado que, a resultas de los autos desestimatorios de sus apelaciones contra los archivos de la causa de otros ex altos cargos de la Junta, dictados todos ellos por la Sección Séptima de esta Audiencia de Sevilla, a Manos Limpias «le queda meridianamente claro que no basta la mera afirmación de una intuición o sospecha», exigiéndose «indicios sólidos» y aunque «pueda tener la íntima convicción de que tanto Manuel Chaves como Francisco del Río, por su prestancia y por sus cargos, pudieron ser en no pocas veces consultados e informados de los hechos objeto de autos, lo cierto es que no pasa de ser una sospecha en la que, a la vista del anterior varapalo jurídico, no quisiéramos reincidir».
Por su parte, las defensas de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han solicitado la libre absolución de sus representados.
Noticias Relacionadas:
