La cosa está muy complicada para la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, después de que el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, le abriera expediente disciplinario por una falta muy grave, dos faltas graves y una falta leve.
La sanción por la falta grave conllevaría la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera.
Palabras mayores.
Prueba de que está muy complicada es que De Lara Cifuentes ha contratado a uno de los abogados más experimentados en esta materia: Agustín Azparren, exvocal del CGPJ, magistrado en excedencia y abogado en ejercicio -en el despacho internacional Ontier- quien ya ha defendido con total éxito a 6 magistrados, entre ellos Manuel Ruiz de Lara y María Victoria Rosell Aguilar.
Azparren, además, fue miembro de la Comisión Disciplinaria del CGPJ entre 2001 y 2007; el único vocal que no rotó en ese periodo de tiempo.
De Lara Cifuentes, que sabe que se juega su futuro, ha acudido al único que tiene una experiencia contrastada y un conocimiento profundo de la materia.
Será Azparren quien la represente en el interrogatorio que el pAD ha fijado con ella para el próximo 21 de noviembre, en la sede central del CGPJ, en Madrid, y en la que también estará el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.
La magistrada tendrá que responder a los cargos elaborados a partir del informe elaborado por el equipo de tres miembros del Servicio de Inspección que se desplazaron a Lugo el pasado mes de mayo y que tuvo su origen en los escritos de queja interpuestos por los abogados de los investigados en sus instrucciones.
Estos contenían todo lujo de detalles sobre la forma de trabajar de la magistrada, que se traducía en macroinstrucciones interminables, lo que afectaba de forma directa y negativa a sus clientes, provocando, en su opinión, un mal funcionamiento de la Administración de Justicia en ese Juzgado.
