El Decreto Ley, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en Consejo de Ministros, ha aprobado para que desde su entrada en vigor el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas lo abonen los bancos, supone una intolerable invasión en el Poder Judicial.
El Real Decreto Ley, supone una revocación de la sentencia del Tribunal Supremo, que por 15 votos a favor y 13 en contra votaron que el referido impuesto en las hipotecas debiera ser abonado por los clientes.
Con independencia de que la sentencia ha tenido una respuesta masiva en su contra, guste o no guste, había que acatarla.
Existen mecanismos dentro de los procedimientos judiciales para recurrir las sentencias, como es el caso que no ocupa.
Dicho esto, utilizar un mecanismo potestad del ejecutivo, como es el Decreto Ley, para cargarse una sentencia no es solo una intromisión intolerable en el Poder Judicial, sino que supone además la quiebra del principio constitucional de la seguridad jurídica, que en este caso se concreta en el respeto en las resoluciones judiciales.
El Ejecutivo, ha utilizado inadecuamente y además, abusivamente un decreto ley, con fines partidistas, oportunistas, utilizando sus potestades administrativas para fines distintos a los presentes en el ordenamiento jurídico.
En definitiva, se ha producido una desviación de potestades administrativas con otros fines, en el caso que nos ocupa para revocar, fuera de los cauces legales, una sentencia del Tribunal Supremo, siendo el ejemplo más claro y evidente de la inexistencia de la división de poderes quebrada por el poder Ejecutivo.
