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Las asociaciones de jueces lamentan “la mala imagen” que la forma de nombrar a Marchena supone para la justicia

Manuel Marchena, quien será el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, saludando al Rey el pasado 10 de septiembre, minutos antes de celebrarse el acto de apertura de tribunales. Carlos Berbell/Confilegal.
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Las cuatro asociaciones de jueces han criticado la “mala imagen” para la justicia que ha dado el acuerdo al que llegaron el domingo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por el PSOE, y el diputado Rafael Catalá, por el PP, para nombrar al magistrado Manuel Marchena nuevo presidente del  Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Todas ellas recordaron que, de esta forma, se han incumplido las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales y no los partidos políticos los que proponen y eligen al  presidente en el segundo Pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Ya ocurrió así en su momento en la elección de Carlos Dívar, en 2008, y también en la del presidente saliente actual, Carlos Lesmes, en 2013. En ambos casos, los partidos políticos hicieron lo mismo.

De acuerdo con Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), “desde el segundo mandato, en 1985” no se ha respetado el sistema que a su juicio, debería regir “por pura coherencia constitucional” y es que “la designación tanto de los vocales como de su presidente sea impulsada por la carrera judicial”.

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Sobre la figura en sí de Marchena, que está adscrito a la APM, Rodríguez Padrón resaltó que se trata de un profesional “de prestigio indiscutible” dentro y fuera de España y cuya autoridad dentro del Supremo y dentro del conjunto de la carrera judicial y la comunidad jurídica es reconocida desde hace años.

“Como también es reconocida su apuesta en defensa de la democracia y también en sus contribuciones doctrinales y jurisprudenciales a la hora de unificar doctrina en temas tan sensibles como la lucha contra el terrorismo”, relató.

Para Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la forma de nominación es “un procedimiento ilegal porque está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial” que son los vocales quienes designan al presidente.

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“Que ya se sepa quién va a ser presidente sin que se sepa quiénes son los vocales y sin que los vocales hayan votado, nos parece una aberración. El sistema se perpetúa y volvemos a tener otros cinco años con sombras sobre la independencia de la justicia en España”, apostilló.

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), criticó con mucha dureza el modo cómo se produjo el acuerdo porque “es un mal comienzo para este nuevo Consejo”.

Desde su punto de vista, “transmite una mala imagen de la justicia” que sean los partidos quienes, nuevamente, elijan al nuevo presidente, en este caso, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

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JJpD reconoce que el magistrado elegido es “un gran profesional” y se trata de un hecho “indiscutible”, aunque ellos apostaban por otro tipo de perfil.

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“Nosotros hubiésemos elegido a una mujer y de perfil progresista”, explicó.

La presidenta de la Gestora de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, criticó muy duramente el acuerdo alcanzado por PP y PSOE. “La elección de Marchena representa todo lo que combatimos desde Foro, que es la despolitización de la justicia. No ayuda en absoluto que el presidente del Consejo y del Supremo sea producto de un cambalache entre los dos partidos mayoritarios porque pone en tela de juicio la independencia de todos los que administramos justicia en España. Esto se tiene que acabar”, aseveró.

FISCALES

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, tachó de “impresentable” el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE y afirmó que “pone en evidencia la politización de la justicia” en España.

En su opinión, este tipo de pactos que evitan el sistema establecido por ley según el cual, los vocales han de elegir por votación a su presidente, “alejan” además a Espana de Europa, que viene exigiendo independencia judicial.

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“No está a la altura”, indicó.