Los abogados del turno de oficio de Toledo en plena protesta, el pasado martes. Cadena SER.
Las togas ‘toman’ la calle para protestar por el retraso en los pagos del Turno de Oficio en el ‘territorio Ministerio’
Los actos están organizados desde las instituciones colegiales
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15/11/2018 01:15
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Actualizado: 15/11/2018 01:32
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Aunque nunca se fue, ahora más que nunca el hashtag #Turnodeoficiodigno ha vuelto para quedarse y recupera en las redes sociales el movimiento y la protesta de muchos abogados que prestan un servicio a la ciudadanía y que lo que piden a cambio es tener unas retribuciones en tiempo y forma por el trabajo realizado.
Hasta ahora, sin tener en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la obligación de los abogados a prestar asistencia en el Turno, la pertenencia es voluntaria.
Pero ese «carácter social» para garantizar el derecho de defensa a todos no es óbice para que el letrado no reciba lo que está establecido por Ley y que repercute, en última instancia, en la calidad del servicio que se presta al ciudadano sin poner en duda la profesionalidad de los abogados.
19 Colegios de Abogados de las 5 Comunidades Autónomas ‘territorio Ministerio’: Murcia, Islas Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya han celebrado las asambleas informativas que anunció el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en su pleno del pasado 7 de noviembre.
La convocatoria responde a que los más de 20.000 letrados que integran el Turno de Oficio de este territorio no han recibido aún los pagos correspondientes a las actuaciones certificadas en los meses de julio, agosto y septiembre.
Son los perjudicados por un problema administrativo entre CGAE y Ministerio de Justicia que pagó 591.297 euros de más para retribuir a los abogados del turno de oficio que habían intervenido en el juicio del caso ‘Gürtel’ y donde el CGAE no es más que un mero intermediario entre Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
En esa espera, muchos de estos Colegios han extendido su reivindicación y llaman a sus abogados a realizar concentraciones en defensa de la dignidad del Turno de Oficio y de una mejor retribución.
Al igual que Melilla, que escenificará su protesta el próximo 26 de noviembre a las puertas de las sedes judiciales, Murcia también ha convocado otra concentración el 21 de noviembre a las 13:00 horas en la puerta de la Ciudad de la Justicia.
Las togas en la calle
Este martes, según ha informado el CGAE, las celebraron los Colegios de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora y Segovia, estos últimos, con sus togas, delante el Acueducto de Segovia.
En Castilla-La Mancha, los colegiados de Toledo, Talavera de la Reina y Albacete se concentraron en la puerta de los juzgados.
También el Colegio de Badajoz, todas las sedes de Baleares –Palma, Ibiza, Menorca, Inca y Manacor-, Ceuta y los tres de la Región de Murcia –Cartagena, Lorca y Murcia- se unieron a esta jornada de protesta.
Subida de los baremos un 24%
Y ello, pese a que el Boletín Oficial del Estado del 13 de noviembre publicó la actualización de los módulos y bases de compensación de las prestaciones de asistencia jurídica gratuita que el Ministerio de Justicia ha incrementado de media un 24%, en lo que el departamento que dirige Dolores Delgado ha calificado del «mayor incremento económico acometido hasta ahora».
Según explicaba Justicia, es el primer aumento en 15 años de los distintos conceptos por los que reciben sus pagos los letrados y procuradores que prestan este servicio.
El objetivo, «atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años por la congelación de estos conceptos, así como atender, en la medida en que el Presupuesto lo permita, a la mayor complejidad y dedicación que exige el derecho de defensa ante los tribunales», señalaban.
Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Diferencias entre Comunidades
Sin embargo, aún con esta actualización, los abogados del Turno de Oficio en el territorio común reciben unas retribuciones por debajo de lo que recibe otros compañeros suyos que realizan idéntico trabajo en las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas.
Es el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que en su proyecto de presupuestos para 2019 mejora 10 baremos con respecto al ‘territorio Ministerio’.
Así, teniendo ya en cuenta el incremento de Justicia, los procedimientos con tribunal de jurado y los macroprocesos pasan a retribuirse con 405,69 euros y 360,61 euros, respectivamente frente a los 600 euros que recibirá un abogado del Turno de la Comunidad de Madrid.
También en el Servicio de guardia se produce un desfase entre los 157,64 que percibirán los primeros y los 200 euros de sus compañeros madrileños.
En la jurisdicción civil estas diferencias también son muy evidentes entre Comunidades. Así, los letrados murcianos -de ‘territorio Ministerio’- perciben 270 euros por llevar un juicio completo de Familia contencioso mientras que esta cifra se eleva a los 562 euros en el País Vasco o a 408 euros en Cataluña.
En lo social, un procedimiento íntegro de despido supone para uno de los letrados de Albacete -‘territorio Ministerio’- embolsarse 158,66 euros. Una diferencia de 100 euros menos con lo que perciben sus compañeros en Galicia.
Tampoco se libran los recursos contencioso-administrativos. Frente a los 238,00 euros del territorio común, Comunidades como Canarias, Galicia y Valencia cobran 324, 338 y 374 euros, respectivamente.
Baremos «cicateros»
La Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), que sí apoya los actos de protesta y movilización emprendidos desde las instituciones colegiales, califica los nuevos baremos del Ministerio de «cicateros».
Según explica su presidente Isidro Moreno, «no recuperan siquiera el poder adquisitivo perdido por la no actualización desde 2003».
Además se quejan de que no tienen cláusula de actualización automática y que el anexo de la Orden publicada en el BOE contiene errores clamorosos, «como que siguen hablando de «juicios de faltas», que ya no existen», matiza Moreno.
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