La realidad cada vez se asemeja más a una serie de televisión, como lo prueba el último giro de 180 grados que ha sufrido la renovación «inminente» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Su candidato, el candidato pactado por los dos principales partidos, el PSOE y el PP, Manuel Marchena, se revuelve contra el destino que había aceptado voluntariamente y renuncia a él, también por propia voluntad, dejando a unos y a otros estupefactos.
Por propia dignidad y respeto hacia su persona y hacia el poder judicial, y el Tribunal Supremo, tan puesto en tela de juicio en las últimas semanas.
La filtración de su nombre, desde el Palacio de La Moncloa, desde el minuto uno, secundada desde Génova, ha contribuido a generalizar la idea de que el presidente del CGPJ es poco menos que un títere, una marioneta de los partidos políticos cuya función es mantener a raya a los jueces con un poco de palo y otro poco de zanahoria.
Máxime cuando la Constitución dice que el presidente del órgano de gobierno de los jueces debe ser elegido por los 20 vocales, no por los líderes de los principales partidos políticos.
La noticia de la existencia del «WhatsApp» del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que justificaba la negociación para elegir a Marchena con esta argumentación, «Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás», ha sido la puntilla.
Marchena, muy sensible a la opinión pública, sabía que esa noticia había puesto, finalmente, alas de plomo a su candidatura. Sintió que jamás podría hacer despegar su Consejo de esa forma, cuestionado por propios y extraños.
Un «WhatsApp» que ha cambiado la historia del CGPJ.
«Su Consejo» habría nacido con el pecado original de su pertenencia partidista, deslegitimado públicamente -gasolina para la caverna independentista- con «potestas» pero sin «auctoritas», criticado por tiros y troyanos, con una redes sociales hipercríticas, y combatido por gran parte de la carrera judicial, que reclama elegir a sus 12 vocales jueces directamente, mediante voto secreto, como se hizo en 1980.
El PP suspende el acuerdo para renovar el CGPJ. Ya lo han anunciado. Y piden, además, la dimisión de la ministra de Justicia, convertida en la cabeza de turco de este giro inesperado de los acontecimientos.
¿A dónde nos lleva esto?
Sin duda, teniendo en cuenta que las elecciones podrían ser el próximo mes de mayo u octubre o noviembre del próximo año, a una prolongación del actual CGPJ hasta, al menos, enero o junio de 2020. Repitiendo lo que ocurrió con el Consejo de Francisco Hernando, que prolongó su mandato dos años, de 20o1 a 2008.
Al actual ocupante de la Presidencia del CGPJ, Carlos Lesmes, le ha salvado la campana en el último segundo. El gran beneficiado.
