En esta época de conmemoración y balance de los 40 años de la Constitución, el área laboral también ha sido objeto de análisis. En un encuentro celebrado entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio subrayó que en estos años de Constitución hay muchas leyes que requieren de una modificación.
En este sentido, apuntó que próximamente se creará un grupo de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, donde según explicó, se tendrá presente a las personas con discapacidad de manera coordinada con el Ministerio que dirige.
El Estatuto de los Trabajadores, elaborado a primeros de los años 80 por el abogado Juan Antonio Sagardoy y un grupo de expertos, es una norma que necesita una revisión. Recientemente los expertos en relaciones laborales reunidos en el III Congreso de AdiRelab, ponían de manifiesto la necesidad de adaptar esta normativa analógica al entorno digital en el que ahora se desenvuelve la sociedad española.
Magdalena Valerio indicó también que “se debe estar especialmente vigilantes” para que las empresas cumplan la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Para ello, recordó que se va a ampliar el número de inspectores, así como la elaboración de una página web más accesible a la ciudadanía, entre otras medidas. Del mismo modo, se mostró receptiva al efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene en sectores sensibles como los centros especiales de empleo.
“Tengo claro que hay cuestiones que son transversales y que cuando las saquemos adelante tienen que tener presentes a las personas con discapacidad”, declaró Valerio, quien animó al sector de la discapacidad a seguir con su “importante labor”.
En esta reunión de trabajo, el propio CERMI reclamó a la ministra que impulse un nuevo modelo legal de inclusión laboral para personas con discapacidad, a fin de actualizarlo y adaptarlo a la nueva realidad social.
Mejora del acceso al empleo de personas con discapacidad
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló que “nuestro sistema legal de empleo de personas con discapacidad tiene casi 40 años, y casi todo lo que se ha hecho después han sido arreglos y parches, con resultados y avances en tasa de actividad y formación, pero entendemos que ese modelo está agotado. Tenemos que quedarnos con lo bueno y elaborar otro en el futuro”.
“Sabemos que no da tiempo a aprobar una nueva ley antes de que termine la actual legislatura, pero sí se puede constituir un grupo de trabajo para ir avanzando en este sentido, donde estén presentes las administraciones, los agentes sociales y las entidades de la discapacidad”, añadió.
Pérez Bueno recordó que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es casi 40 puntos porcentuales inferior a la de quienes no tienen discapacidad. “De hecho, en la actualidad se sitúa en el 38%, y nosotros aspiramos a que en pocos años podamos llegar al 50%”.
Por otro lado, entre las medidas impulsadas por Trabajo en los últimos cinco meses, el CERMI valoró positivamente el ‘Plan por un Trabajo Digno’, en el que el Ministerio tuvo en cuenta buena parte de las peticiones de las personas con discapacidad.
Además, mostró el apoyo del sector de la discapacidad al aumento del SMI, subrayando la necesidad de que se apoye a los centros especiales de empleo para hacer frente a este incremento, “sobre el que todos coincidimos en que es algo positivo”.
Reforzar el apoyo existente para autónomos con discapacidad, incluidos aquellos que estando ya acogidos a este régimen adquieren una discapacidad; mejorar la legislación en materia de empleo con apoyos para favorecer la inserción laboral en la empresa ordinaria; así como seguir ampliando la compatibilización entre pensión y trabajo, fueron otras medidas pedidas a la ministra.
También se discutió regular específicamente la figura laboral del asistente personal, y seguir avanzando en materia de responsabilidad social corporativa.
