Imagen de cómo dejaron los Comités de Defensa de la República los juzgados de Rubí, uno de los numerosos que atacados./ CDR Rubí
El CGPJ reclama a Interior y a la Generalitat un plan integral de protección de los jueces y magistrados y de las sedes judiciales catalanas
A la Fiscalía le pide investigar los hechos
|
07/12/2018 19:04
|
Actualizado: 07/12/2018 22:08
|
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la reunión celebrada este viernes, ha acordado por unanimidad reclamar al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña Miquel Buch un plan integral de protección para los jueces y magistrados de Cataluña y sus sedes judiciales.
Pedir y tener seguridad, no se trata de «un privilegio personal» de jueces y magistrados, señala el CGPJ, sino de «una garantía de los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad democrática real». Esta situación «impide» que los miembros del Poder Judicial allí destinados puedan desarrollar sus funciones jurisdiccionales «con el debido clima de sosiego y tranquilidad», precisa.
A los poderes públicos les pide que «asuman de manera efectiva las tareas de prevención de los ataques de que pueden ser objeto y persigan los delitos que se cometan en relación con los mismos».
Y solicita a la Fiscalía General del Estado que “supervise las actuaciones de investigación y persecución de esos ataques que se estén llevando a cabo por las fuerzas policiales con competencia en la materia para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades”.
Asimismo pide a Jesús María Barrientos, presidente del TSJ de Cataluña que remita un informe «con una relación circunstanciada» con los ataques sufridos por jueces y magistrado que prestan servicios en Cataluña, así como de sus familias y bienes.
Este informe incluirá también los incidentes producidos en las sedes judiciales en Cataluña, «con expresión de si constan detenciones o personas acusadas». Para ello, indica el CGPJ, se recabará la información correspondiente de los presidentes de Audiencia y jueces Decanos.
El acuerdo hoy adoptado llega solo unos días después de los ataques ocurridos en las sedes judiciales de Girona, en los de las localidades barcelonesas de Vilanova y la Geltrú, Manresa, Mollet del Vallès y Rubí, en Solsona (Lleida), Tarragona y Tortosa (Tarragona) donde los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) vertieron estiércol y basura a las puertas de estos juzgados, en alusión a que “el poder judicial en el estado español es una mierda”, como señalaron en sus perfiles de twitter.
Son ataques que incluyen «mensajes de odio insultantes y amenazantes», dice el CGPJ, y ante los que se quejan de que «no se percibe que se estén adoptando las medidas exigibles» para proporcionar la garantía de seguridad e integridad de los miembros del Poder Judicial y sus sedes, «como tampoco se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de estos actos».
Suscribe la petición de la APM en Cataluña
En similares términos se pronunció este lunes la Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que pidió igualmente al Gobierno central y autonómico protección para el Poder Judicial, “epicentro” de las acciones violentas de los independentistas.
“En un Estado de Derecho, resulta intolerable e insostenible que tales ataques puedan desarrollarse con total libertad, aprovechando la falta de vigilancia de los edificios judiciales en horas nocturnas”, señalaron los jueces catalanes en su escrito.
También reclamaron la seguridad, no solo de los edificios judiciales, sino “sobre todo” de jueces, magistrados, fiscales y resto del personal al servicio de la administración de justicia, para que pueden desempeñar sus funciones “con libertad y sin presiones externas”.
“El ejercicio de la función jurisdiccional, como servicio público de todos los ciudadanos, debe desarrollarse en condiciones de sosiego y dignidad, deviniendo tales actos de hostigamiento un ataque frontal al Poder Judicial y a todas las personas que lo conforman”, añadían.
Pedían, además, a todos los representantes públicos, “la firme condena, sin ambages ni condiciones”, de dichos actos que califican “de persecución”.
Y es que alertaron de que “los sectores más radicales del independentismo han situado al Poder Judicial en el epicentro de sus acciones violentas, actuaciones que hace tiempo que dejaron de ser anecdóticas”.
Una situación que viene de atrás
Precisamente, en el texto del acuerdo, el CGPJ dice venir observando «con preocupación intensa y creciente cómo en Cataluña se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales» recuerda que son actitudes que se iniciaron hace ya algunos años, «alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales como fórmula de rechazo al cumplimiento de sus obligaciones por parte de jueces y tribunales, ofendiendo con ello gravemente las condiciones constitucionales en las que debe desenvolverse la división de poderes».
Posteriormente, esas actitudes -añade- «han degenerado en conductas criminales y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como “acciones” de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas. Mayor preocupación produce el hecho de que algunas de esas “acciones” sean jaleadas por algún alto representante de las instituciones catalanas».
El órgano de gobierno de los jueces trasladará el contenido del acuerdo al presidente del TSJ de Cataluña para que, «a través de los presidentes de Sala, Audiencia y jueces Decanos se dé el debido conocimiento a todos los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña”, concluye.
Noticias Relacionadas:
