Los criterios que se emplearán a partir de ahora para medir la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano judicial, se han suscrito este jueves después de que el pasado 29 de noviembre fueran aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El acuerdo de los nuevos módulos que entrarán en vigor a primeros de año lleva la firma del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Sustituyen a los fijados en 2003 actualmente vigentes.
Los nuevos módulos de entrada de asuntos «permitirán valorar la adecuación de la planta judicial a las necesidades reales y adoptar medidas como el aumento del número de órganos y de plazas judiciales o la aprobación de refuerzos y planes de urgencia», señala el CGPJ a través de un comunicado.
Para su actualización, tal como explica, se han tenido en cuenta los estudios del Servicio de Inspección del CGPJ y de los órganos competentes del Ministerio de Justicia, así como las medidas de refuerzo adoptadas, las situaciones de sobrecarga y las peticiones de creación de nuevas plazas realizadas por el CGPJ y por los Tribunales Superiores de Justicia.
El módulo de entrada de asuntos es «el general para todo el conjunto nacional por cada tipo de órgano y será el principal instrumento de medición empleado para determinar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales».
También podrán tenerse en cuenta otros criterios coyunturales como, por ejemplo, «cuando la realidad socioeconómica del partido judicial influye de forma permanente en el tipo de asuntos que ingresan en los juzgados», detalla el órgano de gobierno de los jueces.
El acuerdo recoge asimismo que la superación del módulo -en más de un 30 % de media durante los cinco años anteriores-, no conllevará «de forma automática» la obligación por parte del Ministerio de Justicia de crear nuevos órganos o la ampliación de las plazas judiciales, sino que dependerá de la disponibilidad presupuestaria del Gobierno central y autonómico.
Además, estos módulos de entrada, junto con las circunstancias específicas de los distintos partidos judiciales y su litigiosidad, servirán «para valorar la adecuación de la planta a las necesidades reales, las condiciones de conversión o transformación de órganos, e igualmente, para la valoración de las medidas de refuerzo y apoyo que en cada caso resulten más adecuadas».
