Hasta el 25 de enero, el Gobierno abre a consulta pública la futura ‘Ley de startups’
El Ejecutivo creará un marco normativo que dote de naturaleza jurídica específica a estas empresas. La consulta pública estará abierta a la ciudadanía y a los agentes del ecosistema emprendedor
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24/12/2018 06:15
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Actualizado: 23/12/2018 20:10
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El Gobierno inicia el procedimiento legislativo de la Ley de Fomento del Ecosistema de startups o ‘Ley de startups’ con la apertura del trámite de consulta pública. Esta ley se enmarca en la estrategia ‘España Nación Emprendedora’ tal y como señala el documento para consulta pública ubicado en www.mineco.gob.es/leystartups.
En el preámbulo se dice que España necesita «urgentemente» un modelo productivo basado en la innovación y en valores de inclusión y sostenibilidad; un modelo económico «que refuerce los puestos de trabajo de calidad y que haga de España un país más competitivo y a la vez más igualitario, que conceda más y mejores oportunidades»; y que se apoye en el emprendimiento «a nivel país».
Con este contexto, la ‘Ley de startups‘ pretende establecer un entorno normativo en el que se desenvuelvan los emprendedores españoles y startups resultantes en el que la gestación y desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador obtengan un resultado exitoso, independientemente de los factores económicos, sociales o geográficos en que tengan su origen.
También reconocerá una naturaleza jurídica específica para estas empresas, que presentan una serie de singularidades. En particular, el potencial global de sus modelos de negocio, su fuerte vocación innovadora y las especificidades de sus necesidades de financiación durante las primeras etapas de vida de los proyectos.
Implicar a todos interlocutores para llegar a una buena norma
Jesús Martín es socio del área de Innovación y Emprendimiento de ECIJA y día a día trabaja con las startups y sus necesidades. Desde su punto de vista para que la normativa que ahora se abre a consulta pública cuaje, durante el trámite legislativo habrá que tenerse en cuenta los muchos intereses contrapuestos que existen.
Y recuerda que en esa amplia mesa de trabajo “en un extremo tenemos al gobierno, administraciones y organismos públicos y, por otro lado, a las empresas –no solo las startups sino también las grandes empresas que interactúen con ellas–, incluyendo incubadoras, programas de aceleración, y en la parte inversora crowdinvestors, venture capital firms, o business angels”.
En su opinión “para que España pueda convertirse en un país startup es preciso superar el conjunto de barreras legales, administrativas y de financiación. Para ello, se antoja clave reducir los impuestos a los emprendedores y facilitarle los trámites para poner en marcha un negocio”.
Martín advierte que “en la estrategia llevada a cabo por la Secretaría de Estado para el Avance Digital se contempla identificar deficiencias del ecosistema emprendedor español. Por ello, resulta clave que la propuesta normativa de respuesta a aspectos como la identificación y desarrollo de mecanismos de segunda oportunidad y cierre para una startup que no prospere; adopción de medidas fiscales, y laborales, para autónomo, empleados, inversores, etc.; definición de startup sujeta a la nueva normativa y características específicas que la diferencia de cualquier pyme o empresa que conocemos a día de hoy; así como, establecer medidas de acceso de los emprendedores a financiación, tanto nacional como extranjera”.
Para este abogado “el entorno normativo en el que se desenvuelven los emprendedores tecnológicos y las startups resulta de esencial importancia para que la gestación y desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador obtengan un resultado exitoso”.
Y recuerda que si nos paramos a pensar en la actividad de una startup a día de hoy, «podemos comprobar la gran dispersión normativa que le es de aplicación, ya que se encuentra sujeta a leyes de diversa naturaleza como mercantil, laboral, tributaria o administrativa que no tienen en cuenta las particularidades de estos nuevos modelos de negocio e imponen requisitos excesivamente gravosos para estas iniciativas innovadoras”.
Medidas para incentivar a los emprendedores tecnológicos
“Si bien es cierto que una startup quedará sujeta a una gran cantidad de normas existentes y será prácticamente imposible aunar toda esa regulación en una ley, a lo que sí está dispuesto el legislador es a delimitar y establecer medidas y mecanismos concretos para incentivar el ecosistema emprendedor español”, asegura Martín.
En su opinión, “será bueno y enriquecedor para este ecosistema una ley que consiga aunar y regular aspectos comunes aplicables a toda startup con carácter innovador y tecnológico».
Cree que es necesario que la ley delimite conceptualmente las startups, «para centrar el objeto de aplicación de las particularidades y excepciones normativas que se creen para éstas”.
Al final de lo que se trata es de lograr “el objetivo estratégico de ubicar a nuestro país en la primera línea de emprendimiento tecnológico observando las mejores prácticas regulatorias de nuestro entorno y adaptándolas a la economía española”.
Martín asegura que el gobierno «es totalmente consciente» de la competencia internacional para favorecer la creación de startups y atraer talento e inversiones, y son varios los países de nuestro entorno que ya han puesto en marcha programas con este objetivo, como Reino Unido, Alemania o Suiza que «se configuran como verdaderos hubs para este ecosistema emprendedor”.
Desde su punto de vista, el proceso de innovación y emprendimiento en cualquier país «es un tema complejo donde los haya».
En este sentido, pone de relieve que «los gobiernos centrales, los ministerios, las secretarías -en nuestro caso, la Secretaría de Estado para el Avance Digital-, así como cualquier otro organismo púbico deberían interferir lo mínimo, debido a que el proceso de innovación y emprendimiento de cualquier país siempre suele (o debería) surgir en sentido inverso: del negocio hacia la regulación”.
A juicio de Martín, “hay que ser cautos a la hora de aventurarnos a decir que España se situará a la cabeza del emprendimiento tecnológico». Y señala que «es necesario traer a colación que, hoy en día, España no se encuentra en ninguna lista importante a nivel mundial como un país adecuado para emprendedores”.
No obstante, reconoce que el objeto del gobierno «es ambicioso y hay que tener fe en que esta nueva regulación nos lleve a un ecosistema emprendedor donde cualquier iniciativa de alto componente innovador tenga un resultado exitoso, independientemente de los factores económicos, sociales o geográficos en que tengan su origen”.
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