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FTSP-USO se querella por supuesta prevaricación contra el alcalde de Ferrol, del partido Ferrol en Común (Podemos)

El alcalde de Ferrol, de Ferrol en Común, Jorge Juan Suárez Fernández, en la foto pequeña; en la grande, los miembros de la dirección de FTSP-USO, anunciando la interposición de la querella.
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La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) del sindicato USO ha interpuesto una querella contra el alcalde de Ferrol, Jorge Juan Suárez, y el concejal de Seguridad, Álvaro Montes, ambos del partido político Ferrol en Común, perteneciente al universo de Podemos, por un supuesto delito de prevaricación al vulnerar la legalidad vigente en la contratación, por concurso, del servicio de vigilancia del Centro Comercial Porta Nova y del recinto FIMO.

El origen de la querella está en la entrada en concurso voluntario de acreedores de la empresa Segur Ibérica S.A., dedicada a la vigilancia y seguridad privada, a finales de diciembre de 2016.

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Segur Ibérica era la adjudicataria de un contrato de servicio de vigilancia y protección del Ayuntamiento de Ferrol por el que se responsabilizaba de la seguridad del Centro Comercial en Porta Nova, en la Plaza do Infeniño y de Fimo-Recinto Ferial de Ferrol-situado en Punta Arnela-.

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Dicho trabajo lo realizaban 12 guardias privados, contratados por Segur Ibérica.

Trabajo que siguieron desarrollando, sin abandonar sus puestos y sin recibir prácticamente ninguna retribución por parte de la administración concursal, adjudicada a Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L ., por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid. 

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«Sus funciones abarcaban infinidad prestaciones: vigilancia de los aparcamientos, vigilancia para evitar delitos, seguridad de los inmuebles, protección de personas , prevención de consumo de sustancias no autorizadas, revisión diaria de los sistemas y mecanismos de control instalados en los centros, etc.», relata Manuel Meiriño, abogado de FTSP-USO en la querella.  

Ante esa situación, el alcalde de Ferrol en Común, Suarez, y el concejal de seguridad, Montes, tomaron la decisión de que el trabajo de los 12 guardias de seguridad lo llevara a cabo la Policía Local de Ferrol, pero siendo conscientes de que sólo lo podrían hacer durante unas horas al día.

La representación legal del Sindicato FTSP-USO ya se había manifestado pública y reiteradamente de la gestión nefasta y del papel pasivo que jugó también las tres Administraciones (Central, Autonómica y Local ) en relación con el concurso de acreedores de la empresa Seguridad Ibérica SA: “Además de ser el principal cliente de la seguridad privada en España, cuando pasó esto muchos de nuestros operarios que trabajaban en lo que se consideran infraestructuras críticas [aeropuertos, estaciones de tren, centrales eléctricas…] con un nivel 4 de alerta antiterrorista; y a la Administración Púbica les dio igual si quedaban descubiertos los servicios”. 

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LA BASE DE LA QUERELLA POR PREVARICACIÓN

«Los servicios de contratación municipales del Concello de Ferrol de acuerdo con la legalidad establecida sacan la adjudicación del servicio mediante un pliego de cláusulas administrativas para contratar vigilancia y seguridad en el Centro Comercial de Portanova y el recinto Ferial de Fimo, el día 24 del mes de marzo del 2017 (según lo obrante en la web municipal); pero cual es sorpresa para los representantes de los trabajadores que el precio que establece es de 195.000 Euros con IVA; no se corresponde con coste-beneficio del servicio y que resulta irrisorio e inviable financieramente para cualquier empresa especializada en seguridad privada. Razón por la cual entre otras , originó que la contratación de dicho servicio quedara desierta», cuenta el letrado Meiriño en la querella .  

«En el mes de Noviembre del año 2017, la administración concursal de Segur ibérica SA rescinde los contratos con los trabajadores, concretamente con fecha 15 de Noviembre del 2017, es cuando éstos, reciben sus cartas de despido. Los doce trabajadores siguieron desarrollando su trabajo de vigilancia en los recintos de FIMO y Porta Nova sin abandonar su puesto de trabajo para no perder sus derechos laborales ya que la Administración concursal prácticamente no le abono ninguno de sus salarios por las jornadas realizadas».

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El Ayuntamiento de Ferrol tardó casi un año en publicitar, otra vez, los nuevos pliegos de contratación. Fue el 29 de enero de 2018. La cantidad fue sensiblemente superior: 398.000 euros. También se declaró desierta.

«Aunque la diferencia de precio con la anterior es considerable desconocemos cuales han sido los motivos para ese cambio y las demás circunstancias, que significó que los trabajadores despedidos no pudieran subrogarse cuando ese servicio recuperara su actividad», explica el abogado en la querella.

Al final los doce trabajadores perdieron el derecho a la subrogación de la empresa que debía asumir ese servicio.

«A día de hoy no tienen ningún derecho de acceder a antiguo puesto de trabajo, aunque esos puestos sean sacados a licitación en un contrato global armonizado para la vigilancia y seguridad de todos los edificios de titularidad municipal según las declaraciones del Gobierno municipal», señala Meiriño. 

ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO PENAL

Desde el punto de vista de FTSP-USO, la conducta, tanto del alcalde de Ferrol en Común como de su concejal de seguridad en caja en el tipo del artículo 404 del Código Penal: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».

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«La presente representación procesal legal de la parte querellante de FTPS -USO tiene que manifestar que nada más lejos de nuestra intención, es la “criminalización” por vía del Derecho Penal a determinadas personas en su condición de representantes públicos; pero si se recurre a esta jurisdicción, es para buscar una solución a un ataque a sus derechos fundamentales básicos como son el derecho al trabajo, la no discriminación laboral y el cumplimiento del Principio de legalidad Positivo por parte de la Administración Local», señalan.

De acuerdo con el concejal de Seguridad, Montes, este servicio, asumido por el Ayuntamiento una vez la compañía adjudicataria anunció su cierre, se trató de licitar hasta en tres ocasiones.

El primero de estos intentos se realizó mediante un proceso abierto, el segundo a través de un procedimiento negociado y el tercero mediante una prórroga del servicio, pero que todos ellos quedaron desiertos.

Montes afirmó que se trataba de un contrato para diez trabajadores, pero que gracias a una sentencia judicial los derechos de subrogación pasaron a 14 empleados, lo que hizo poco atractiva la oferta para las empresas.