España es un país con mucha solera en esto de vender lo que no es tuyo. Lo hacemos desde los tiempos de Felipe II, cuando los escribanos del rey despachaban mercedes reales a quien mejor pagara.
Cinco siglos después, los instrumentos han cambiado —ahora es un Xiaomi Redmi y una app de transferencias bancarias— pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo: un hombre con acceso a información que no le pertenece, otro hombre dispuesto a pagar por ella, y entre los dos, una cadena de favores que huele a España de toda la vida.
Juan Luis es Guardia Civil. Concretamente del Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de Sevilla, que suena a cosa seria y lo es, o debería serlo.
El negocio de la miseria humana
Su excuñado Francisco Javier —se habían divorciado de la misma familia en 2005, lo que ya dice algo de la complejidad del árbol genealógico— trabajaba para una agencia de detectives llamada CARPE Detectives, que en latín significa «aprovecha el momento» y ellos aprovecharon
El negocio era sencillo, como son siempre los negocios que acaban mal. Francisco Javier seguía vehículos para sus clientes —infidelidades, bajas laborales fraudulentas, los eternos géneros de la miseria humana— y necesitaba saber quién era el dueño de tal o cual matrícula.
Datos que en las bases de la Guardia Civil están ahí, ordenados, auditados, protegidos por un aviso legal que nadie lee y todo el mundo ignora. Juan Luis tenía acceso a esas bases, que contienen identidad, DNI, domicilio, seguro e ITV de vehículos.
O mejor dicho: tenía acceso a compañeros que tenían acceso a esas bases, que no es lo mismo pero produce el mismo resultado.
Cincuenta euros y un Bizum
Los hechos que se enjuiciaron tuvieron lugar entre el 27 de julio y el 25 de septiembre de 2023.
Como estaba de baja laboral y acceder personalmente a las bases habría dejado rastro informático de sus consultas, acudía a compañeros de confianza —siempre los mismos, siempre del círculo más próximo— para que buscaran los datos en su nombre.
La defensa intentó convertir este detalle en coartada, que el magistrado Francisco de Asís Molina Crespo —nombre de torero clásico, pluma de juez que ha visto demasiado— liquidó con la elegante crueldad de quien no tiene prisa: un guardia civil lo es siempre, con baja o sin ella, de madrugada o a mediodía, en Sevilla o en Tombuctú.
La placa no se cuelga en la percha al salir del cuartel.
El método tenía su arquitectura. Juan Luis llamaba a compañeros de confianza —nunca a los otros, los bocachanclas, los que podían «dar un toque»— y les pedía la consulta como si fuera cosa del servicio.
Ellos, incautos o cómplices involuntarios, tecleaban la matrícula y le pasaban los datos. Juan Luis los reenviaba por WhatsApp a Francisco Javier.
Francisco Javier investigaba. Y el dinero, en Bizum, hacía el camino inverso.
Los mensajes recuperados del teléfono de Francisco Javier —un Xiaomi Redmi Note 10 5G intervenido en el curso de otra investigación policial, con autorización judicial— documentan la mecánica con precisión quirúrgica.
Los mensajes son una pequeña joya de la literatura involuntaria. «Necesito de tus servicios», escribía el detective con la naturalidad de quien encarga una pizza. Minutos después llegaban nombre, DNI y domicilio del titular.
«Necesito de tus servicios», escribía el detective antes de enviar la foto de una matrícula. Minutos después llegaban los datos reales. En otra conversación, el guardia civil recordaba a su excuñado que le hiciera el pago por Bizum en cuanto pudiera.
En otra, el detective prometía «un regalito» para el compañero de turno que hiciera la consulta, «aparte de los 50 pavos que te debo».
Cincuenta euros. Por eso cayeron: por 50 euros y la imprudencia de quienes creen que los mensajes de WhatsApp desaparecen solos.
El magistrado-presidente subraya en la sentencia que la estrategia del agente para eludir los sistemas de auditoría no neutraliza su responsabilidad penal, sino que la agrava moralmente.
«Consciente de que su conducta era transgresora de su deber profesional, se cuidaba de pedir la información solo a guardias de su círculo de confianza», escribe el magistrado, señalando que en los mensajes el propio acusado calificaba con desprecio a los compañeros a los que no se atrevía a pedir favores.
La defensa intentó desmontar el delito de revelación de secretos con un argumento técnico:: sostener que los datos de los titulares de vehículos son públicos, accesibles a cualquier ciudadano mediante solicitud a la DGT y pago de la tasa correspondiente.
El magistrado Molina Crespo lo miró —metafóricamente, supongo— con la paciencia de quien lleva años escuchando estas cosas y respondió con precisión quirúrgica: el debate no es si la DGT facilita esos datos a quien los pide con interés legítimo y paga lo que corresponde.
El debate es si un guardia civil puede saltarse todos esos filtros, aprovecharse de su condición para obtener la información en segundos y vendérsela a un detective privado que investiga a ciudadanos que no han dado su consentimiento para ser investigados. No puede. Resultó que no puede.
El jurado, la unanimidad y la condena
El jurado popular —nueve ciudadanos a los que España encomienda, con fe republicana, la determinación de la verdad— declaró por unanimidad los hechos principales y por 8 votos contra 1 el elemento que lo convirtió en corrupción pura: el dinero.
El guardia civil fue condenado a 3 años de prisión por cohecho pasivo, más 1 años por descubrimiento y revelación de secretos, con dos multas de 2.160 euros cada una e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años, que es la parte que más duele de verdad. Porque si la sentencia se hiciera firme supondría su expulsión de la Benemérita.
El detective recibió una pena de 3 años de prisión y una multa idéntica por cohecho activo.
Ambos están en libertad. Pueden recurrir.
