La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha expresado su respaldo al médico Guillermo Sanz, jefe de este servicio en el Hospital La Fe de Valencia, facultativo encargado del tratamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, que sufre leucemia, y que se opone a que el también exministro regrese a prisión por el caso Erial, al asegurar que sufre un «riesgo vital grave» en caso de volver a Picassent.
Zaplana se encuentra hospitalizado en La Fe desde el pasado 18 de diciembre, donde tras quedó ingresado tras un chequeo rutinario para controlar su salud, al detectar el médico un empeoramiento en su estado.
Ahora, la Junta Directiva Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha emitido un comunicado, firmado por el presidente, Jorge Sierra, sobre la situación del exministro, a petición del propio médico que le atiende, y después de que Zaplana diera a finales de mes su consentimiento «expreso y por escrito» al facultativo para compartir sus datos clínicos con los especialistas considerara pertinentes.
En esta línea, la entidad señala que conoce las recomendaciones emitidas por el doctor Sanz sobre las mejores condiciones en las que debería llevarse a cabo la asistencia clínica de Zaplana y cuyos informes clínicos se enviaron recientemente a la propia sociedad yhan sido analizados por dos hematólogos «con gran experiencia y prestigio en el trasplante hematopoyético como tratamiento del proceso que padece el Sr. Zaplana».
Según la sociedad, los expertos «coinciden» en las apreciaciones del doctor Sanz, en sus indicaciones de tratamiento y en las afirmaciones sobre que el ingreso en un centro penitenciario «no es el entorno adecuado, ya que carece el equipamiento técnico necesario así como del personal especializado para atender la situación clínica» del exministro.
Asimismo, coinciden en que esta situación, dado el «riesgo vital grave», «requiere un seguimiento estricto mediante ingreso en un centro médico especializado o, cuando su estado lo permita, bajo el control de un programa de hospitalización domiciliaria que permite los controles analíticos necesarios, la administración de medicación compleja y transfusiones, que minimiza el riesgo infeccioso y permite la detección y tratamiento precoz de las complicaciones que puedan surgir».
De igual modo, la sociedad ratifica las afirmaciones de Guillermo Sanz, a quien califica de «experto reconocido a nivel mundial por su conocimiento y contribuciones en el campo de los síndromes mielodisplásicos y el trasplante hematopoyético, relativas a que el paciente se encuentra en una situación de alto riesgo de complicaciones mortales y que, por tanto, deben seguirse sus indicaciones sobre exploraciones complementarias, tratamiento y condiciones del entorno en que debe tratarse el paciente».
DISPONIBILIDAD A ACLARARLO EN EL JUZGADO
La sociedad hace constar estos extremos en un comunicado «a los efectos que se consideren oportunos, con plena disponibilidad a aclarar, ante la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola, titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, todo lo que se considere necesario y a facilitarle los informes emitidos por los expertos de la SEHH».
Zaplana se encuentra en la cárcel de Picassent desde finales del mes de mayo, cuando la magistrada Rodríguez Guerola acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La defensa de Eduardo Zaplana ya ha interpuesto varios recursos contra las decisiones de la jueza de rechazar su puesta en libertad o dejarlo en arresto domiciliario, autos que ha confirmado la Audiencia. La última vez en la que se pronunció este último órgano judicial fue el 18 de diciembre, antes del ingreso hospitalario del exministro, y en el que, al igual que apreciaron la jueza y el fiscal, entendía que persistía el riesgo de fuga para rechazar la petición.
Sin embargo, la defensa del expresidente ha alegado reiteradamente que se trata de una medida «innecesaria y desproporcionada», ya que, a su entender, no existe «ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas» ni de fuga, y, la «grave enfermedad» que padece desde hace años el exministro requiere cuidados «continuos y periódicos».
