Es la sensación que impera entre las asociaciones de jueces y fiscales. Sobre todo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha logrado cerrar la aprobación de los Presupuestos Generales para 2019, que es donde está la madre del cordero.
En el último encuentro que celebraron con Dolores Delgado los máximos representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, y Foro Judicial Independiente, por una parte, y la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, el pasado 19 de diciembre, la ministra les explicó que, ante la ausencia de Presupuesto les proponía incrementar el sueldo de los jueces de las últimas promociones y de los fiscales de quinta categoría -908 fiscales y 789 jueces; 1.697 en total-, en 777 euros brutos anuales para cada uno, abonables en una sola paga o 54,49 euros brutos divididos en 12 mensualidades.
Es una partida del 0,2 por ciento (1.318.427,18 euros) que corresponde al Presupuesto vigente, de 2018.
Una oferta que tenían que discutir las siete asociaciones y dar su visto bueno. Se supone que en esta reunión, de la que la mayor parte no espera demasiado.
«Más de lo mismo. La justicia no parece ser prioritaria para este Gobierno», manifestaron algunas de las asociaciones consultadas a Confilegal.
Sobre las retribuciones para la totalidad de ambas carreras, dijo entonces encontrarse en plenas negociaciones de los presupuestos con intención de alcanzar un incremento de la masa salarial que se pueda destinar a aspectos propios de las carreras judicial y fiscal, como son retribución variable, guardias y grupos de población.
Por ahí no ha cambiado nada, con lo que es previsible que no haya novedades.
LOPJ REFORMADA
Aquel encuentro se celebró la víspera de la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que recuperaba derechos laborales de ambas carreras, como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales.
Respecto de las vacaciones anuales, la nueva ley contempla la recuperación de los días adicionales por razón de antigüedad. También se recuperaron los días de permiso para asuntos propios.
En el caso del permiso de paternidad, se equipara al del resto de funcionarios y empleados públicos extendiéndose hasta las cuatro semanas.
También se estableció, en dicha reforma, una cláusula residual para que cualquier mejora laboral aprobada para las Administraciones públicas se trasladara de manera automática al ámbito judicial.
En el ámbito específico del Ministerio Público, la ministra se comprometió a reconocer el derecho de los fiscales que ocupan plazas de categorías superiores a la suya a obtener el complemento de destino del puesto que efectivamente desempeñan. Y anunció que daría orden a la Abogacía del Estado para que desistiera de los recursos presentados por el Gobierno contra las sentencias que dieron luz verde a esas retribuciones en casos concretos, lo que previsiblemente tendrá efectos extensivos a otras muchas situaciones de este tipo.
Sobre la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos mínimos y máximos par ala instrucción, Delgado explicó que “había escollos parlamentarios que lo impedían”. Escollos, que a la vista de su permanencia, siguen existiendo.
