La morosidad genera problemas de flujo de caja y pérdida de ingresos que, a corto y medio plazo, tienen consecuencias graves para la economía impidiendo que las empresas inviertan y crezcan.
Un informe de la Comisión Europea (CE) alerta de que los retrasos en las transacciones ralentizan el crecimiento de las empresas y las incapacita para contratar nuevos empleados. Esto incide directamente sobre el Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo nacional.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) señala que en Europa podrían haberse creado unos 6,5 millones de puestos de trabajo si hubiera habido menos retrasos en el pago de facturas a proveedores.
LA MOROSIDAD CAUSA LA QUIEBRA A UNA DE CADA CINCO EMPRESAS EN EL SUR DE EUROPA
El problema, según esta Plataforma que representa a cerca de 1 millón de empresas y da empleo a más 4,5 millones de trabajadores, radica en que, cuando los problemas de flujo de caja se alargan en el tiempo, dificultan la liquidez de las empresas. Y si no consiguen cumplir con sus obligaciones contractuales con proveedores y empleados, puede derivar en despidos.
Una de cada cinco empresas del sur de Europa (España, Grecia, Croacia y Rumanía) constatan que cuando el flujo de caja se convierte en insostenible la empresa está abocada a la quiebra.
La Comisión Europea señala que la eliminación de la morosidad crónica en Italia, Portugal y España reduciría entre 124.000 y 248.000 los cierres de empresas cada año.
ES NECESARIA LA CORRECTA GESTIÓN DE LAS FACTURAS Y DEL CRÉDITO
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, insiste en poner en marcha las recomendaciones de la Comisión Europea para obtener un flujo de caja más saludable.
En primer lugar, una correcta gestión de las facturas y del crédito que proporcionaría un mayor nivel de estabilidad a las empresas. Se aconseja a las pymes que se formen en gestión de créditos para conocer técnicas de control eficaces con las que acortar el período medio de cobro y mantener un flujo de caja óptimo.
URGE LA APROBACIÓN DE UN RÉGIMEN SANCIONADOR EN ESPAÑA
En segundo lugar, instaurar un régimen sancionador que en España se pondrá en marcha este año y prevé multas de hasta más de 800.000 euros. La Ley de Morosidad que se aprobó en 2010 era insuficiente y uno de cada cuatro negocios tuvo que cerrar por esta cuestión.
Para el presidente de la PMcM, el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad; con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país», explica Cañete, «acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
CON SU APROBACIÓN SE PREVÉN MULTAS DE MÁS DE 800.000 EUROS
En el nuevo régimen sancionador que se lleva esperando 9 años, se habla incluso de elevar a un millón de euros las cuantía de las sanciones a asumir por aquellos que incumplan con los plazos de máximos de pago que son de 60 días.
Y se especifican tres tipos de sanciones con diferentes grados:
–Leves, con multas de cuantías entre 60 y 3.000 euros
-Graves, con sanciones de entre 3.001 y 100.000 euros;
-Muy graves, que penaliza con entre 100.001 y un millón de euros a los morosos.
Estas cantidades se incrementarán con los intereses de demora y la indemnización por coste del cobro correspondiente.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EJECUTARÁN LAS SANCIONES
¿Quién va a sancionar? En principio las comunidades autónomas (salvo las que renuncien a ello, en cuyo caso será el Gobierno central quien las asuma) serán el brazo ejecutor de las sanciones.
Ahora bien, en este punto todavía quedan temas por resolver, como por ejemplo, qué ocurrirá cuando el retraso en el pago se produzca entre empresas de distintas regiones.
La lucha contra la morosidad ha sido una de las prioridades de la Unión Europea desde principios del milenio. En febrero del pasado año la Comisión Europea apercibió a España por no aplicar correctamente la Directiva de 2011 que reforzaba las medidas para luchar contra esta práctica ilegal.
De momento los empresarios y autónomos esperan que se apruebe ese régimen sancionador que proteja sus intereses.
