La Fiscalía de Almería ha solicitado la prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada Cruz, autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, por el delito de asesinato con alevosía.
El próximo 27 de febrero se conmemorará un año del crimen, cometido en la pedanía nijareña de Rodalquilar (Almería). Gabriel Cruz tenía 8 años.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, decretó el 15 de marzo de 2018 prisión provisional para Ana Julia Quezada, la mujer de origen dominicano y de 43 años acusada de acabar con la vida de Gabriel Cruz, por asesinato, retención ilegal y contra la integridad moral.
El Ministerio Público ha remitido al Juzgado su escrito provisional, previo a la apertura del juicio oral que se celebrará en la Audiencia Provincial ante un tribunal con jurado.
También formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, así como la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años.
Como responsabilidad civil, solicita que Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y 160.000 euros a la abuela paterna por el mismo delito.
También incluye el pago a los progenitores Patricia Ramírez y Ángel Cruz en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.
Solicita, asimismo, el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días, según consta en el escrito.
EL ASESINATO SE PRODUJO EL MISMO DÍA DE LA DESAPARICIÓN POR ASFIXIA
El escrito de calificación fiscal indica que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición por asfixia mecánica por sofocación, al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una «fuerza desproporcionada» con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima.
Señala que «con la finalidad de encubrir su actuación criminal, la acusada ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras» y «trasladó, posteriormente, las prendas de vestir de la víctima hasta un contenedor de vidrio de la barriada de Retamar», que fueron localizadas por la Guardia Civil en su investigación.
La calificación del Ministerio Fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de «aflicción, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo», todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor».
‘PRETENDIÓ DIRIGIR SOSPECHAS HACIA EL PADRE DEL NIÑO’
La Fiscalía expresa que durante la búsqueda, la procesada llegó a propiciar el hallazgo de una de las prendas de la víctima en un cañaveral apartado y de difícil acceso, que ella había frecuentado únicamente con una anterior pareja sentimental, persona que vivía en las inmediaciones del lugar ello «con la evidente finalidad de despistar en la búsqueda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e incluso con el propósito de dirigir sospechas contra la referida expareja, y ante la presión que le suscitaba la presencia cada vez mayor de efectivos de las Fuerzas de Seguridad, voluntarios y de medios de comunicación».
El Ministerio Fiscal expone finalmente que, «como consecuencia del trágico desenlace y del conocimiento que con posterioridad han tenido los padres de la implicación directa de la acusada y del proceder de la misma», los padres del pequeño «están padeciendo una afectación psíquica importante en su estado de salud».
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