Julian Assange en una foto tomada en la embajada de Ecuador, en Londres, hace tres años.
Los abogados de Assange piden a la Administración Trump que especifique los cargos contra él, hoy por hoy secretos
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24/1/2019 06:15
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Actualizado: 24/1/2019 01:27
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El equipo de abogados que defiende a Julian Assange, fundador de Wikileaks y asilado desde junio de 2012 en la embajada que Ecuador tiene en Londres, ha requerido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga ante la Administración Trump a fin de que se especifiquen las acusaciones contra su cliente.
Acusaciones que hoy por hoy son secretas.
También piden a la CIDH que obligue al gobierno de Quito a cesar las actividades de espionaje contra Assange, a poner fin al aislamiento al que lo mantiene sometido; y a protegerlo de la extradición solicitada por Estados Unidos por estar sustentada en una persecución política que fue la causa del asilo político otorgado a Assange en agosto de 2012.
EVIDENCIAS DE QUE EE.UU. PRESIONA A ECUADOR PARA DETENER A ASSANGE
Los abogados del australiano dicen poseer evidencias que acreditan que la Administración Trump intenta presionar a Ecuador para que le entregue a Assange, y destacan que importantes figuras políticas estadounidenses habrían remitido graves amenazas contra Ecuador, a diferencia de las amenazas veladas que habían hecho con anterioridad.
Estas se han incrementado significativamente desde que Wikileaks publicó los documentos “Vault 7” de la CIA –la filtración más grande sobre información clasificada de la CIA, los cuales según el gobierno estadounidense fueron facilitados por el oficial de la CIA, Joshua Schulte-.
La petición también muestra las operaciones de espionaje contra Assange en la embajada de Londres, donde el Gobierno de Ecuador contrató unos servicios de seguridad especializados, que, lejos de trabajar en defensa del asilado, habrían derivado hacia el espionaje del mismo y el de aquellos que le visitaban.
Estos servicios de información han estado actuado como informantes de las autoridades estadounidenses, específicamente para el FBI, según informan algunos medios de comunicación.
Entre las graves acciones denunciadas por la petición está la orden de Ecuador de aislar a Assange, dificultando e impidiendo en ocasiones que este tenga acceso a la visita de sus abogados, afectando a su derecho a la defensa.
“Ecuador está obligado a poner fin al régimen de aislamiento impuesto al Señor Assange, y suspender la aplicación del llamado Protocolo Especial y garantizar que sus derechos como asilado son respetados”, indica la petición.
LA SALIDA DE CORREA DE LA PRESIDENCIA EMPEORÓ LA SITUACIÓN DE ASSANGE EN LONDRES
La situación del australiano en esa embajada empeoró con la asunción de la Presidencia de Ecuador de Lenín Moreno, en 2017, que sucedió a Rafael Correa, quien ostentó ese puesto entre 2007 y 2017.
Correa ha tachado públicamente de ‘tortura’ que se haya prohibido al fundador de Wikileaks, Julian Assange, recibir visitas en la embajada ecuatoriana de Londres (capital del Reino Unido), donde está encerrado desde hace siete años.
La privación de visitas a Assange por parte del Gobierno ecuatoriano es “básicamente tortura” y “una clara violación de sus derechos. Una vez que le damos asilo a alguien, somos responsables de su seguridad y de garantizar condiciones de vida humanas”, declaró Correa en una entrevista con el portal estadounidense The Intercept el año pasado.
En el mes de diciembre, el New York Times publicó que Lenin Moreno, presidente de Ecuador, intentó negociar la entrega de Assange a cambio de una “disminución de la deuda”.
Baltasar Garzón, como coordinador del equipo legal de Assange, ante la situación descrita que afecta gravemente a la seguridad jurídica del mismo, como persona protegida de la persecución política de la que está siendo objeto por parte de la Administración Trump, pide, además del pronunciamiento favorable y urgente de la CIDH, “la solidaridad internacional con esta causa en la que la libertad de acceso a la información y de difusión de ésta libremente, está es grave riesgo».
ACUSADO EN SECRETO
La Administración Trump se niega a revelar detalle alguno sobre los cargos contra Assange, a pesar de que fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a Associated Press y al New York Times que ha sido acusado en secreto.
“La revelación de que Estados Unidos ha abierto una investigación contra el Sr. Assange ha conmocionado a la comunidad internacional”, alega el escrito presentado, que consta de 1.172 páginas. El Gobierno estadounidense “es requerido para que proporcione toda la información sobre los cargos imputados al Sr. Assange”, añade.
La petición revela que, en los últimos meses, los fiscales federales estadounidenses han contactado a personas en Estados Unidos, Alemania e Islandia para presionarles con el objetivo de que testifiquen en contra Assange a cambio de inmunidad en el proceso.
Esos acercamientos están relacionados con las publicaciones de Wikileaks sobre la diplomacia estadounidense, Guantánamo, las guerras de Irak y Afganistán.
El esfuerzo de publicación conjunta entre Wikileaks, el New York Times, McClatchy, The Guardian, The Telegraph, el británico Channel 4, Al Jazeera, The Bureau of Investigative Journalism, Der Spiegel, Le Monde, El País, The Hindu, y Reuters entre otros, ganó numerosos premios periodísticos y supuso la creación de un modelo colaborativo usado en filtraciones posteriores como las de los Panama Papers.
Todo esto es una muestra de la intensificación de los esfuerzos de la Administración Trump en contra de Assange en el Gran Jurado que contra Wilileaks se abrió en 2010 en el Distrito Este de Virginia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervendrá si considera que las acciones de Estados Unidos y Ecuador dan lugar a una situación grave y urgente que causaría un daño irreparable a Assange.
La petición identifica una serie de obligaciones legales que Estados Unidos y Ecuador están incumpliendo en cuanto al tratamiento del Sr. Assange.
El mes pasado, otro organismo internacional, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos pidieron a todos los estados que implementaran las conclusiones del Grupo de Trabajo de comienzos de 2016 para conseguir la liberación de Assange, añadiendo que: “Es hora de que el Sr. Assange, quien ya ha pagado un alto precio por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, y la promoción del de derecho a la verdad en favor del interés público, recobre su libertad”.
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