Lo que debía ser su santuario diplomático en Londres, bajo la custodia de una empresa española, terminó convertido en el escenario de uno de los episodios de espionaje más turbios de la última década.
Santiago Pedraz, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, acaba de confirmar lo que durante años fue un rumor inquietante: el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, no solo estaba vigilado por sus enemigos, sino también por quienes se suponía que debían protegerle.
La decisión del magistrado de dar por terminada la instrucción y dar paso al procedimiento abreviado, abre la puerta a un juicio por espionaje internacional con epicentro en Cádiz y ramificaciones que tocan Quito y Washington.
LOS HECHOS
Entre 2015 y 2018, el Gobierno de Ecuador contrató a la empresa española UC Global para blindar la seguridad de su embajada en Londres, donde Assange vivía asilado. Pero, según la investigación de la Audiencia Nacional, aquel escudo se convirtió en una red de espionaje.
El magistrado señala que en 2017, por orden del administrador de la empresa, David Morales, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban en secreto el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa; de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Dilma Rousseff; y de Uruguay, José Mugica.
Durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos, apunta Pedraz, que habilitaran un sistema de acceso externo (streaming) para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.
Según el instructor, Morales “pretendía abrir dos canales de «streaming» para el acceso «online», uno oficial para el Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN) en Ecuador y otro para «los amigos de Estados Unidos». Material que controlaba desde su sede de Jerez de la Frontera con una pequeña unidad de trabajadores.
“Las cámaras, además de grabar, estaban operadas por sistemas de ‘streaming’ que permitían acceder en tiempo real a lo que ocurría dentro de la legación diplomática», dice el auto.
La investigación ha acreditado que Morales efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.
El auto dictado hoy por el magistrado Pedraz ordena continuar la causa contra Morales y su mano derecha, Michel Wallemacq. La decisión se apoya en indicios sólidos: escuchas telefónicas, análisis forenses de dispositivos electrónicos, testimonios protegidos y pruebas incautadas en registros.
Ambos se enfrentan a cargos por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. En términos prácticos, significa que el caso entra en la fase previa a un juicio que podría exponer la trama con todo detalle. Acusaciones que cuentan con el testimonio de un testigo protegido.
EL CASO JULIAN ASSANGE
Julian Assange protagonizó uno de los casos más polémicos de la última década en torno a la libertad de prensa, el espionaje y el derecho al asilo. En 2010, Suecia solicitó su extradición desde el Reino Unido por acusaciones de delitos sexuales, proceso que Assange siempre consideró una excusa para facilitar su entrega a Estados Unidos, país que lo perseguía por la publicación de cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos.
En junio de 2012, tras violar las condiciones de su fianza, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció asilado durante casi siete años.
En abril de 2019, el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo y permitió que la policía británica lo arrestara. Desde entonces, Assange enfrentó una dura batalla legal contra la extradición a Estados Unidos, que lo acusaba de conspiración informática y de violar la Ley de Espionaje.
Mientras tanto, cumplió condena en una prisión británica por incumplir las condiciones de su fianza.
Tras años de recursos y debates sobre las implicaciones del caso para el periodismo y la transparencia gubernamental, en junio de 2024 se alcanzó un acuerdo judicial: Assange aceptó declararse culpable de un único cargo menor, lo que, sumado al tiempo que ya había pasado detenido en el Reino Unido, le permitió recuperar la libertad.
Poco después, regresó a su país natal, Australia, cerrando así un capítulo que marcó la relación entre seguridad nacional, filtraciones y libertad de expresión en el siglo XXI.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La trascendencia del caso va mucho más allá de Assange. Está en juego la confianza en la confidencialidad entre abogado y cliente, un pilar de cualquier sistema democrático. Si se confirma que se espiaron esas conversaciones, el impacto en el derecho de defensa es mayúsculo.
Además, el caso plantea incómodas preguntas diplomáticas: ¿hasta qué punto Estados Unidos se benefició de esas grabaciones? ¿Qué responsabilidad tuvo el Gobierno ecuatoriano de entonces? Y, sobre todo, ¿qué límites existen cuando la seguridad se privatiza y se confunde con inteligencia encubierta?
La Audiencia Nacional, al mantener vivas las acusaciones, envía un mensaje claro: el asilo político no puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales bajo la sombra de intereses geopolíticos.
