La Audiencia Nacional ha confirmado el auto de apertura de juicio oral contra David Morales, exmilitar y fundador de la empresa UC Global, por el presunto espionaje al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, durante su permanencia en la Embajada de Ecuador en Londres.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en funciones de apelación, ha rechazado rechaza el recurso presentado por la defensa de Morales y respalda íntegramente la decisión del juez instructor, Santiago Pedraz.
La Sala aprecia indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.
Morales, que asumió en 2015 la seguridad de la legación ecuatoriana, habría aprovechado ese puesto para ejecutar una operación sistemática de vigilancia sobre Assange y su entorno más cercano.
La Fiscalía solicita 13 años y medio de prisión para Morales. La acusación particular, en nombre de Assange, eleva su petición a 20 años y medio, al añadir falsedad documental.
También se acusa al jefe de operaciones de UC Global, Michel Gaston Wallemacq, para quien el Ministerio Público reclama tres años y medio de prisión, mientras que la compañía se expone a diez años de inhabilitación para actividades de seguridad.
En su recurso, los acusados alegaron «contradicciones» de los testigos protegidos y falta de «indicios de delito», algo que la AN rechaza de plano al considerar que hay suficientes de que se habrían cometido delitos de cohecho y tenencia de armas.
Sobre el primero, el auto recoge «el relato fáctico», que «con el fin de asegurar la permanencia del contrato» de servicios de seguridad diplomática en la Embajada Ecuador y «obtener información reservada procedente de la legación diplomática», Morales «efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a diversos funcionarios ecuatorianos».
Acerca de la posesión de armas, el tribunal detalla que las autoridades hallaron «armas de fuego manipuladas, con la numeración borrada y munición apta para el disparo sin la correspondiente licencia» en el registro de su domicilio.
Micrófonos ocultos y acceso a datos privados
El procedimiento se inició en 2019 tras las revelaciones de EL PAÍS, que difundió grabaciones internas. El auto destaca que Morales ordenó sustituir las cámaras sin sonido por dispositivos con capacidad de audio y transmisión remota y que, además, se colocaron micrófonos ocultos, incluido uno en la base de un extintor en la sala reservada a reuniones confidenciales con abogados.
Los investigadores señalan la existencia de un “canal paralelo” de visionado destinado a “los amigos de Estados Unidos”, según testimonios protegidos que apuntan a la CIA.
La justicia estadounidense no ha atendido las comisiones rogatorias enviadas desde España; un juez de Nueva York alegó razones de seguridad nacional para no colaborar.
Según el Ministerio Fiscal, empleados de UC Global recogían información de los teléfonos de visitantes —copiando IMEI y mensajes— y viajaban periódicamente desde Jerez de la Frontera a Londres para entregar el material.
De acuerdo con el magistrado instructor Pedraz, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).
Pagos irregulares y armas ilegales
Además del espionaje, la Audiencia considera “verosímil” que Morales efectuara pagos periódicos a funcionarios ecuatorianos para mantener el contrato de seguridad y obtener información privilegiada. En el registro de su domicilio, la policía encontró armas manipuladas con la numeración borrada y munición sin licencia.
Morales fue detenido en 2019 y permanece en libertad provisional. La Sala sostiene que los testimonios protegidos y la prueba acumulada son suficientes para enjuiciar los hechos, rechazando los argumentos de la defensa sobre falta de indicios y supuestas contradicciones.
Con esta resolución, el caso entra en su fase final. Morales, Wallemacq y UC Global se sentarán ante el tribunal para responder por un episodio que combina seguridad nacional, espionaje internacional y límites a la libertad de información, y que ha puesto bajo foco el papel de empresas privadas en operaciones de inteligencia.
