La Fiscalía consideró «no invasiva» y «proporcionada» la medida de acceder a los teléfonos de los periodistas de Palma
José Francisco "Kiko" Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, a los que el magistrado Florit ordenó incautar sus útiles de trabajo para saber quién está filtrando información sobre el caso Cursach. EP.

La Fiscalía consideró «no invasiva» y «proporcionada» la medida de acceder a los teléfonos de los periodistas de Palma

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26/1/2019 06:15
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Actualizado: 25/1/2019 20:02
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La Fiscalía Anticorrupción de Baleares consideró que la medida de incautar los teléfonos de los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press que cubrían el caso «Cursach» era «no invasiva» y «proporcionada».

En un comunicado emitido el 19 de diciembre que la incautación afirmó que «no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información», que «ya eran conocidas por otras vías de investigación», sino que perseguía el «aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito».

Al día siguiente, el magistrado Miguel Florit, acordó el rastreo de los teléfonos de periodistas sin tener identificados posibles autores de la presunta revelación de secretos, en una pieza abierta para investigar el origen de las noticias periodísticas que se publicaban sobre la macrocausa.

Así lo indicaba en un auto en el que acordó requerir a varias compañías telefónicas los listados de llamadas, geolocalizaciones y otros datos asociados a los teléfonos de tres periodistas y dos redacciones de medios de comunicación.

La incautación de dichos teléfonos y de ordenadores de dos periodistas, uno del Diario de Mallorca y otra de Europa Press, provocó la interposición por parte de ambas empresas de comunicación de una querella por prevaricación contra el juez Florit.

Querella a la que se unió después la Asociación de Medios de Información (AMI) -la patronal de las empresas de comunicación de España, y que instruye una magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

Recientemente, la Fiscalía de Baleares, con el visto bueno de su fiscal jefe, Bartomeu Barceló, solicitó al TSJIB el archivo de la querella contra el magistrado, por considerar que los hechos no entrañan delito alguno.

«ES NECESARIO ACCEDER A LOS DATOS SOLICITADOS POR LA POLICÍA»

Según consta en el sumario de la pieza separada, la primera solicitud por parte de la Policía para acceder a los datos telefónicos de los redactores de ‘Diario de Mallorca’ y Europa Press, así como del teléfono de la agencia, tuvo lugar el 12 de septiembre de 2018.

El auto en el que el juez dio luz verde a la diligencia incluye dos puntos en el apartado de razonamientos jurídicos, en los que Florit alude a la ley de protección de datos y concluye que «es necesario acceder a los datos solicitados por la Policía».

TAMBIÉN SE CONTEMPLÓ LA INCAUTACIÓN DE UN TELÉFONO DE UNA PERIODISTA DE EFE

Sin embargo, el 17 de octubre de 2018 el juez dictó otro auto para realizar nuevos requerimientos a las teleoperadoras, esta vez sumando a una redactora de la Agencia EFE y el teléfono de su sede, a instancias de dos oficios policiales, uno de ellos con fecha del mismo día.

Este nuevo auto es idéntico al anterior con la novedad de que Florit incluyó un párrafo adicional en la fundamentación jurídica, donde señala que en este caso «todavía no está identificado el autor o autores de la filtración efectuada y precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad».

Fue más tarde, el 26 de octubre, cuando la Policía solicitó la lista de llamadas de uno de los agentes que más tarde fue detenido; y el 27 de noviembre pidió más llamadas de los periodistas y la intervención y escucha de los teléfonos de los investigados y una persona próxima a uno de ellos.

OTRAS DILIGENCIAS

Antes de estas pruebas, constan en autos como diligencias de investigación la toma de declaración a los miembros del Grupo de Blanqueo.

En el sumario también se incluyen varios informes policiales, de diferentes fechas de octubre y diciembre, a partir de las denuncias efectuadas por el empresario Bartolomé Cursach y el exdirector del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.

En dichos informes se estudian publicaciones de ‘Diario de Mallorca’ y Europa Press sobre el caso, así como una noticia concreta de EFE y de los medios de comunicación que recogieron los teletipos de las agencias de noticias.

Posteriormente, también se tomó declaración a un abogado del caso Cursach, al que se preguntó por un informe relacionado con un cliente suyo. Durante el interrogatorio la Policía le hizo constar expresamente que tenían conocimiento de llamadas a su número desde el teléfono de un medio de comunicación.

LA FISCALÍA NEGÓ QUE LA INCAUTACIÓN PERSIGUIERA DESCUBRIR LAS FUENTES

Cabe recordar que el pasado 11 de diciembre, tres policías y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial y se incautaron del móvil de la periodista Blanca Pou.

Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de ‘Diario de Mallorca’ José Francisco Mestre, en este caso en los Juzgados.

Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella por prevaricación contra el juez instructor, Miguel Florit, que fue admitida a trámite.

 

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