Bartolomé Cursach estuvo en prisión preventiva 13 meses, hasta abril de 2018, cuando abandonó la cárcel tras abonar una fianza de 1 millón de euros; el Ministerio Público lo acusa de pertenencia a grupo criminal, prevaricación, cohecho y coacciones y pide 8 años y medio de prisión. Foto: EP
El juez vuelve a retirar el pasaporte a Cursach y le impone una fianza de 150.000 euros
La Fiscalía había solicitado que se le impusieran medidas cautelares antes de la celebración del juicio de una de las piezas de la macrocausa
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02/7/2020 09:55
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Actualizado: 28/2/2022 13:09
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El Juzgado ha vuelto a retirar el pasaporte al empresario mallorquín Bartolomé Cursach, procesado por un presunto caso de corrupción, y le ha impuesto una fianza de 150.000 euros como medidas cautelares antes de la celebración del juicio de una de las piezas de la macrocausa.
La Fiscalía había solicitado que se le impusieran medidas cautelares y el pasado martes se celebró la vista para decidir sobre ellas.
Cursach fue excarcelado en abril de 2018 después de pasar más de un año en prisión preventiva.
El pasado junio se le había devuelto el pasaporte y la fianza de un millón de euros que le había impuesto la Audiencia Provincial para salir de prisión.
El abogado Fernando Mateas y Bartolomé Cursach, la anterior vez que el empresario fue a entregar su pasaporte al Juzgado. Foto: EP
Las medidas acordadas por la Audiencia, ya levantadas, suponían que Cursach no podía abandonar la isla de Mallorca. Ahora sí podrá hacerlo, pero no podrá salir del territorio nacional.
El pasado febrero, el juez instructor del ‘caso Cursach’, Enrique Morell, solicitó la apertura de juicio oral contra el empresario y otras 23 personas más, entre ellas los directivos de la empresa, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó, y la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell.
En este procedimiento, que recoge parte del grueso de la macroinvestigación, la Fiscalía acusa a Cursach de los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación, cohecho y coacciones.
La lista de investigados la completan los policías Juan Miguel Mut (exjefe de la Policía Local de Palma), Bartolomé Capó, Gabriel Torres, Feliciano Franco, Gabriel Mayol, José Mayans, Miguel Estarellas, Rafel Amengual, Carlos Vallecillo, Carlos Tomás, Nicanor Góngora, Felipe Florit, Rafael Estarellas (excomisario de la Policía Local de Palma), Tomás Más y Daniel Montesinos. Asimismo, hay dos empleados más del grupo, y tres trabajadores públicos investigados.
No se ha acordado la apertura del juicio respecto a los supuestos delitos de extorsión, amenazas graves y prevaricación urbanística atribuidos a Cursach y a Sbert Nicolau, tal como había solicitado la acusación particular. No se considera que esos hechos sean objeto de las presentes actuaciones.
Primero dirigió la investigación de esta macrocausa la magistrada Carmen González, después el magistrado Manuel Penalva, hasta que en marzo de 2018 fue recusado por las defensas y opartado por “pérdida de apariencia de imparcialidad”.
Penalva fue sustituido por el magistrado Miguel Florit, quien tuvo que dejar la causa, y el juez Morell fue designado como sustituto.
En el ‘caso Cursach’ se investiga una presunta trama corrupta liderada por este empresario de ocio nocturno en la que estarían involucrados empleados de sus discotecas, policías locales de Palma, funcionarios del Ayuntamiento de la capital y de Calvià, y la exdirectora general de Turismo del gobierno balear Pilar Carbonell.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de cárcel para Cursach, a quien atribuye los presuntos delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. También reclama 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.
Para la exdirectora general de Turismo del ‘govern’, Pilar Carbonell, reclama la inhabilitación especial por 10 años para todo cargo o función pública por participar en un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada.
Anticorrupción acusa también a otras 23 personas, entre ellas 15 policías de Palma.
Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau relatan en su escrito de acusación, de 70 páginas, que Cursach, de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2000 hasta el 2016, dio instrucciones y órdenes para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de los negocios del Grupo Cursach.
Afirman que así se fraguó y persistió en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados públicos de la comunidad, de los Ayuntamientos de Palma y de Calviá y de la Policía Local de Palma, por sí mismos o dando órdenes e instrucciones ilegales, beneficiaban los intereses de los locales y negocios del Grupo apartándose de sus obligaciones administrativas.
Los fiscales describen cómo el Grupo Cursach agasajó al menos hasta finales del año 2009, con prebendas de diversa índole -fiestas privadas en sus establecimientos y apartamentos donde se les ofrecía servicios sexuales, consumiciones y sustancias estupefacientes- a jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local de Palma con competencias en el control de la normativa de los locales de ocio.
EL JUEZ INSTRUCTOR DE TÁNDEM INVESTIGA SI VILLAREJO REALIZÓ TRABAJOS PARA CURSACH
Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, por el que el comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, investiga si Villarejo realizó algún tipo de trabajo para Cursach.
Esta decisión, conocida el pasado febrero, llegó después de que en el análisis de la Unidad de Asuntos Internos del material informático intervenido a Villarejo en 2017 se hallara el proyecto ‘Swimming pool’, relacionado con Cursach.
En un auto, García-Castellón explica que entre el material analizado hay una carpeta denominada ‘Antojo‘ dentro de la cual aparece otra titulada ‘SP’ (Swimming Pool) y que contiene a su vez documentos con información sobre un proyecto desarrollado en 2005. De hecho, se ha encontrado un estudio económico del proyecto SP de fecha 18 de marzo de 2005 por un importe total de 510.000 euros.
Además, se hallaron varios informes, como un «proyecto de análisis e inteligencia» en el que Villarejo daría cuenta del transcurrir de sus pesquisas y los avances en el trabajo. Otro documento, que lleva el título de ‘Biografía’ contiene extractos de un informe confidencial realizado en su momento sobre actividades supuestamente ilegales del cliente del Proyecto SP, Bartolome Cursach Mas.
De esta forma, la macrocausa Tandem, en la que se investiga en más de 20 piezas separadas todos los trabajos supuestamente ilícitos del entramado empresarial de Villarejo, añade un nuevo nombre relevante a la extensa lista de personas y empresas que habrían contratado los servicios del excomisario.
La pieza separada número 22 del ‘caso Tándem’, en la que se investiga esa conexión Villarejo-Cursach se abrió en diciembre de 2019 y se mantuvo secreta hasta febrero, cuando finalizó el estudio del material de la carpeta ‘Antojo’.
LA AP DE BALEARES HA CONFIRMADO SU CONDENA POR INSULTAR AL JUEZ PENALVA Y EL EMPRESARIO LA HA RECURRIDO ANTE EL TS
Hace un año, Bartolomé Cursach fue condenado a una multa de 9.000 euros por insultar al magistrado Manuel Penalva, e indemnizarlo con 3.000 euros, impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Palma; una condena que la Audiencia Provincial de Baleares confirmó el pasado febrero, y que el empresario anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo.
Bartolomé Cursach, en el juicio, celebrado en julio de 2019. Foto: EP
Penalva, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, fue el juez que envió a Cursach a prisión provisional.
Cursach ingresó en marzo de 2017 y, cuando salió, en abril de 2018, tras pagar una fianza de un millón de euros, fue cuando tuvo lugar este episodio, cuando acudió a dependencias judiciales a entregar su pasaporte.
El empresario comentaba con su abogado una entrevista de radio en la que el magistrado había expresado su preocupación por la indefensión de los testigos protegidos.
La juez Francesca Ramis declaró probado que durante esa conversación Cursach llamó tres veces ‘subnormal’ al juez Penalva, antiguo instructor del ‘caso Cursach’.
Penalva, que declaró como testigo en el juicio, calificó como una humillación que le insultaran ante el personal de su Juzgado.
El magistrado Manuel Penalva Oliver, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.
CONDENADO A OCHO MESES DE PRISIÓN POR LA CARABINA ENCONTRADA EN SU CASA
Esta es la segunda condena al empresario mallorquín. La primera fue en junio de 2018 por la tenencia ilícita de una carabina Winchester 290 del calibre 22, encontrada en su casa durante un registro realizado durante la investigación relativa a su presunta pertenencia a una organización criminal. El arma estaba cargada y se encontraba en correcto estado de funcionamiento.
La Audiencia Provincial de Baleares confirmó la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma, sentencia que también ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.
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