Javier Biosca, el principal investigado por la supuesta «criptoestafa» con criptomonedas cometida a través del grupo empresarial Algoritmhmics, depositó ayer martes la fianza de un millón de euros que le había exigido el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, para salir de prisión provisional, si bien el instructor ha solicitado comprobar la suficiencia y el origen de los fondos antes de dejarlo libre.
En una providencia de fechada ayer martes, Abascal dio cuenta de que Strong Project, una sociedad de responsabilidad limitada creada en Sevilla en 2011, había depositado el millón de euros para garantizar la libertad provisional de Biosca.
Según la documentación adjunta, el administrador único de Strong Project compareció ayer ante el letrado de la Administración de Justicia como «fiador» de Biosca. El letrado judicial le advirtió de las «obligaciones» que ello implicaba.
Específicamente que debía «presentar al señor Biosca cuantas veces sea llamado, si no compareciere voluntariamente».
En las escrituras de constitución consta que Strong Project posee un amplio objeto social que incluye «la realización de actividades de Internet» y otras muchas actividades que van desde el negocio inmobiliario, la explotación de guarderías infantiles o servicios de enseñanza de «todo tipo» a exportación e importación de un variado catálogo de productos.
Antes de acordar la puesta en libertad provisional de Biosca, Abascal solicitó al Ministerio Público un «informe urgente» sobre la «suficiencia del ingreso y el origen de los fondos».
LA «TRAZABILIDAD» DEL DINERO
Tanto las acusaciones particulares como la Fiscalía habían pedido a Abascal que, una vez depositada la fianza, analizara en detalle la procedencia de este millón de euros, a lo que el magistrado reaccionó acordando investigar y documentar «la trazabalidad del dinero» antes de dejar libre a Biosca.
En concreto, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, que aglutina a más de 700 afectados y está representada por el despacho de Emilia Zaballos, planteó que si personas o empresas ajenas al bróker y a su círculo familiar depositaban la fianza debía averiguarse «qué relación o vinculación tienen con los investigados» y si se da como préstamo o altruistamente.
La acusación particular precisó que, en el caso de que el dinero lo pusiera una empresa, debería investigarse a qué se dedica y si está al corriente de sus pagos en la Seguridad Social y sus obligaciones tributarias.
Biosca prestó inicialmente como aval hipotecario un inmueble propiedad de un particular que se encuentra ubicado en el municipio asturiano de Llanes. Un informe de parte sostenía que estaba valorado en más de 2 millones de euros, pero dicha asociación advirtió de que valdría unos 400.000 euros. Finalmente, Abascal rechazó esta modalidad de fianza y ordenó a Biosca que depositara el millón de euros exigido inicialmente.
Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas. El perjuicio rondaría los 500 millones de euros y habría más de 750 perjudicados.
